Archivan la imputación de los cuatro exediles de Mojácar

El juzgado, que investiga un supuesto delito de quebranto de la hacienda pública en la venta de una parcela municipal, reconoce que fue un error y prepara las nuevas imputaciones

ACTUALIDAD ALMANZORA / 20·03·2014

Fue un error. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera ha archivado la imputación de los exediles de Mojácar Carlos Cervantes, Diego González, Pedro Montoya y Ángel Medina, citados a declarar en el marco de una investigación por un supuesto delito de quebranto de la hacienda pública en la venta de una parcela municipal, operación en la que el Ayuntamiento perdió más de 600.000 euros. 

La imputación de los cuatro concejales de la oposición durante los años 2006 y 2007 no correspondía con la solicitada por el Ministerio Fiscal, que instaba a procesar a los ediles que habiendo votado a favor del pliego de enajenación de la parcela en un pleno celebrado el 29 de junio de 2006, luego no votaron a favor de su adjudicación en el pleno del 30 de agosto o bien no asistieron a esa sesión plenaria; lo que provocó un retraso en la venta y el perjuicio a las arcas municipales. El juzgado debería preparar, por tanto, nuevas imputaciones. 

Fue la Cámara de Cuentas de Andalucía, en un informe realizado en 2010, la que detectó en el proceso de enajenación de la parcela, ubicada en Macenas, una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito, por lo que remitió la documentación a la Fiscalía, que en 2013 solicitaba al juez la apertura de diligencias previas. A grandes rasgos, el documento de fiscalización señala que el pueblo perdió más de 600.000 euros en la operación de venta. 

En primer lugar, según detalla el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento -entonces dirigido por Gabriel Flores tras una moción de censura firmada en 2005 contra Carlos Cervantes- dividió el terreno original en dos nuevas parcelas para eludir así la previa autorización de la Junta al expediente de enajenación. De las siete empresas que concurrieron a la subasta, cuatro mantenían una “relación societaria”, según se denuncia en el documento de fiscalización de la Cámara. 

La propuesta de adjudicación recayó en la mercantil Vallespejo, cuya oferta ascendió a 8,1 millones de euros; sin embargo, no se aprobó en el pleno de agosto de 2006 porque se negó un concejal del equipo de Gobierno, en concreto José Luis Artero, quien alegó que, como responsable de Hacienda, no había sido informado de la operación.

El pleno que finalmente ratificó la venta se celebró el 26 de enero de 2007. Pero, para sorpresa de todos, sólo unas horas antes, se recibía un escrito en la Casa Consistorial en el que la empresa ganadora de la subasta ponía de manifiesto que, ante la tardanza en la adjudicación, retiraba su proposición. Con minutos de diferencia, la empresa Built & Management, vinculada con Vallespejo y que quedó en segundo lugar, comunicaba a la Administración que mantenía su oferta -7,5 millones de euros-.