Salvemos Mojácar afirma que en la elaboración de la sentencia participa un magistrado que no debería formar parte del tribunal
El hotel de la discordia, años después de la paralización de las obras. |
ACTUALIDAD ALMANZORA / 20·03·2014
Nueva vuelta de tuerca en la maraña judicial de El Algarrobico. La asociación ecologista Salvemos Mojácar ha solicitado la nulidad de la vista celebrada el 14 de enero para dirimir la conformidad a derecho de la licencia de obras del hotel, al estimar que se han producido diversas “irregularidades” en el proceso seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El escrito, formalizado el pasado 14 de marzo, señala que la designación del magistrado ponente de la sentencia, Rafael Toledano Cantero, incumple las normas de reparto por las que se rige el Alto Tribunal andaluz.
Toledano fue designado como presidente y nuevo ponente el 6 de noviembre de 2013, debido a la baja por enfermedad de la hasta entonces ponente, la magistrada María del Mar Jiménez Morera; acordándose entonces celebrar juicio, “curiosamente –dice el presidente del colectivo, Jaime del Val- sin que ninguna de las partes lo hubiese solicitado”.
Indica Salvemos Mojácar que “hace tres días” tuvo conocimiento de que la citada ponente se incorporó a su destino antes de la celebración del juicio, por lo que, según destaca, debió de ser la juez María del Mar Jiménez Morera quien decidiera si se celebraba o no el juicio, y quien participase en él, en caso de celebrarse.
“En todo caso la citada magistrada debió y debe de reincorporarse ahora a su puesto como ponente ya que la no reincorporación a su destino incumple las Normas de Sustitución de Magistrados y Reparto por las que re rige el TSJA”, asegura Del Val.
La asociación conservacionista subraya, además, que el juez ordinario en esa causa es la citada ponente por lo que, a su juicio, se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución “por haber privado a la asociación del derecho fundamental al juez ordinario”.
Por esos motivos, según Salvemos Mojácar, procede decretar la nulidad de actuaciones retrotrayendo la causa a la fecha en que se reincorporó a su destino la magistrada María del Mar Jiménez Morera después de su baja por enfermedad.
“Cosas extrañas”
“Hay muchas cosas extrañas. Lo de la magistrada es una irregularidad evidente, como también que se decidiera celebrar vista oral sin que lo pidiera ninguna de las partes. Además, está el asunto de los retrasos a la hora de dictar sentencia, que son muy sospechosos”, apunta Jaime del Val.
Hay muchas cosas extrañas. Los retrasos a la hora de dictar sentencia son también muy sospechosos
Cabe recordar que pese a que la vista en audiencia pública se celebró el 14 de enero y que se anunció mediante una providencia notificada a las partes que se dictaría sentencia el 25 de febrero, el tribunal comunicó ese mismo día 25 que “continuaba deliberando” y que la resolución “se redactaría, notificaría a las partes y se haría pública en aproximadamente diez días”.
El pasado 10 de febrero, la sala ya resolvió por primera vez ampliar el plazo para dictar sentencia, alegando para ello “la complejidad y la extensión de las actuaciones” que alcanzan los cuatro tomos y los 1.633 folios, así como del propio expediente administrativo “compuesto por diez cajas y cientos de planos y documentos”.
Las demoras en dictar sentencia son entendidas por algunos como una evidencia de la falta de acuerdo entre los jueces que conforman la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal andaluz. El escrito presentado por Salvemos Mojácar podría demorar aún más la que se considera la decisión definitiva sobre el futuro de El Algarrobico.
Off the record...
Fuentes cercanas al caso nos explican que la extemporánea recusación podría obedecer a una estrategia dilatoria por parte de la organización ecologista, a fin de evitar la publicación de un hipotético fallo, ya redactado, que valida la licencia.
Fuentes cercanas al caso nos explican que la extemporánea recusación podría obedecer a una estrategia dilatoria por parte de la organización ecologista, a fin de evitar la publicación de un hipotético fallo, ya redactado, que valida la licencia.
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