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JOSÉ BARRIONUEVO
18·06·2014
La verdad es que los aforamientos existentes en el ordenamiento español no tienen lógica. No son de sentido común, en expresión que gusta utilizar el Presidente Rajoy. Son excesivos en número y exagerados en su contenido.
En cuanto al número. Se utiliza la cifra de 10.000. Normalmente para arrojarla sobre la “clase” o la “casta” política. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, no se aclara que más de 7.500 de los aforados son los jueces y fiscales. A los que, por otra parte, habría algunas razones para calificar también de clase o casta. La endogamia y el parentesco están muy generalizados en estas profesiones.
La expansión democrática que se patrocina en otros campos no suele incluir al funcionamiento de la justicia, y este es uno de los mayores canceres de la democracia española. Deberían desaparecer estos aforamientos. Pero no solo eso. Convendría suprimir la regla de que la responsabilidad de los jueces la decidan otros jueces. Debería corresponder a un jurado. Eso sí que sería avanzar en la democratización de la justicia. Si se quiere, que sea un jurado de expertos en derecho, no jueces. Se reduciría mucho la impunidad existente y también el exceso de ocurrencias.
Tampoco estaría mal, para reducir las ocurrencias, muy ligadas a su repercusión mediática, que dejáramos de ser un islote anómalo en la instrucción o investigación penal. Somos la única democracia en que los instructores son jueces. Cosa que nuestra Constitución no ampara, al no citarla entre sus cometidos. Deben ser los fiscales. Y los jueces vigilar y decidir sobre el respeto al Ordenamiento y a las garantías legales. En Inglaterra, en la que, sin duda, hay mayor experiencia democrática que en España, incluso no hay fiscales, y la investigación y acusación ante los jueces la lleva la misma policía.
Los apresuramientos de los últimos días parece que tienen que ver con la loable intención de evitar ocurrencias judiciales y sus aprovechamientos mediáticos. De seguirse las propuestas anteriores, de sentido común y ampliación democrática, el riesgo se reduciría mucho. Los jueces tienen sobradamente demostrada su independencia con respecto a los otros poderes del Estado. La que está por demostrar es la independencia con respecto a los poderes mediáticos. Si la exigencia de responsabilidad por denuncias o querellas, falsas o sin fundamento, fuera efectiva, el avance hacia las garantías propias de un verdadero Estado de Derecho sería importante.
La desaparición de los juzgados, tribunales y fiscalias especiales, de carácter permanente, supondría otro avance notable en la democratización de la justicia y en la igualdad de todos los ciudadanos ante ella. A lo que debería sumarse la equiparación en respeto, consideración y armas entre las acusaciones y las defensas. Su no existencia hasta el día de hoy nos aleja de la justicia democrática que quisimos y a la que seguimos aspirando
El contenido del aforamiento subsistente debe limitarse para jueces, fiscales, altos cargos y parlamentarios a la exigencia de responsabilidad por actos relacionados con las funciones que tienen atribuidas por la Constitución. Exclusivamente. Cualquier otra debe regirse por las reglas comunes y generales. El respeto a las funciones constitucionales es de interés general y para beneficio del conjunto de los ciudadanos. Cualesquiera otras no tienen razón de ser y, por tanto, las especialidades pueden y deben desaparecer.
En cuanto al número. Se utiliza la cifra de 10.000. Normalmente para arrojarla sobre la “clase” o la “casta” política. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, no se aclara que más de 7.500 de los aforados son los jueces y fiscales. A los que, por otra parte, habría algunas razones para calificar también de clase o casta. La endogamia y el parentesco están muy generalizados en estas profesiones.
La expansión democrática que se patrocina en otros campos no suele incluir al funcionamiento de la justicia, y este es uno de los mayores canceres de la democracia española. Deberían desaparecer estos aforamientos. Pero no solo eso. Convendría suprimir la regla de que la responsabilidad de los jueces la decidan otros jueces. Debería corresponder a un jurado. Eso sí que sería avanzar en la democratización de la justicia. Si se quiere, que sea un jurado de expertos en derecho, no jueces. Se reduciría mucho la impunidad existente y también el exceso de ocurrencias.
Tampoco estaría mal, para reducir las ocurrencias, muy ligadas a su repercusión mediática, que dejáramos de ser un islote anómalo en la instrucción o investigación penal. Somos la única democracia en que los instructores son jueces. Cosa que nuestra Constitución no ampara, al no citarla entre sus cometidos. Deben ser los fiscales. Y los jueces vigilar y decidir sobre el respeto al Ordenamiento y a las garantías legales. En Inglaterra, en la que, sin duda, hay mayor experiencia democrática que en España, incluso no hay fiscales, y la investigación y acusación ante los jueces la lleva la misma policía.
Los apresuramientos de los últimos días parece que tienen que ver con la loable intención de evitar ocurrencias judiciales y sus aprovechamientos mediáticos. De seguirse las propuestas anteriores, de sentido común y ampliación democrática, el riesgo se reduciría mucho. Los jueces tienen sobradamente demostrada su independencia con respecto a los otros poderes del Estado. La que está por demostrar es la independencia con respecto a los poderes mediáticos. Si la exigencia de responsabilidad por denuncias o querellas, falsas o sin fundamento, fuera efectiva, el avance hacia las garantías propias de un verdadero Estado de Derecho sería importante.
La desaparición de los juzgados, tribunales y fiscalias especiales, de carácter permanente, supondría otro avance notable en la democratización de la justicia y en la igualdad de todos los ciudadanos ante ella. A lo que debería sumarse la equiparación en respeto, consideración y armas entre las acusaciones y las defensas. Su no existencia hasta el día de hoy nos aleja de la justicia democrática que quisimos y a la que seguimos aspirando
El contenido del aforamiento subsistente debe limitarse para jueces, fiscales, altos cargos y parlamentarios a la exigencia de responsabilidad por actos relacionados con las funciones que tienen atribuidas por la Constitución. Exclusivamente. Cualquier otra debe regirse por las reglas comunes y generales. El respeto a las funciones constitucionales es de interés general y para beneficio del conjunto de los ciudadanos. Cualesquiera otras no tienen razón de ser y, por tanto, las especialidades pueden y deben desaparecer.
José Barrionuevo Peña es exministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, así como exministro del Interior.
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