Anuario 2015. Febrero

Fernández quebró a Cacoub exigiéndole el IBI de 146 fincas cuando sólo poseía 22 

Martin Lambert, a la derecha, es el responsable de prensa de Kawasaki Europa. La firma japonesa de motos eligió nuestra comarca, concretamente las instalaciones de Valle del Este, para presentar su nuevo modelo, la ‘Vulcan S’. Más de cien periodistas nacionales y extranjeros conocieron de primera mano el Levante almeriense; sus impresiones fueron más tarde recogidas en sus respectivas revistas.

Lambert se permitió lanzar un consejo: “Si hubiera un contacto central de reservas esta comarca ganaría muchos puntos”.

ACTUALIDAD ALMANZORA / 13·01·2016

Si en enero conocíamos que el empresario de origen francés afincado en Carboneras Alain Cacoub, de profesión arquitecto y promotor, exigía por escrito al Ayuntamiento casi 11,5 millones de euros como indemnización por supuestos daños ocasionados por los distintos gobiernos del socialista Cristóbal Fernández desde los años 90, en febrero ACTUALIDAD ALMANZORA desmenuzaba un conjunto de informaciones a todas luces sorprendentes.

El Ayuntamiento instó el 25 de marzo de 2002 al Juzgado Número 1 de Vera la quiebra necesaria de una de las mercantiles del francés, Carboneras Playa SA, ante el impago del IBI. La deuda con el Consistorio ascendía a 50.286,22 euros, más 32.000 euros de otra sociedad de Cacoub, Colina Mar SA. En total más de 82.000 euros correspondientes a 146 fincas.

Con independencia de que en España no se conocen ejemplos de una administración pública solicitando al juzgado declarar en quiebra una empresa –el procedimiento normal pasa por el embargo-, lo importante del asunto es que la mayor parte de la deuda no era cierta.

De los 146 recibos exigidos al empresario, “67 liquidaciones correspondían a inmuebles sitos en otras provincias (Madrid, Barcelona, Asturias, Canarias, Cuenca, Toledo, Las Palmas, Huesca, Granada, Zamora, Lugo, Cádiz, Lérida, Albacete, Castellón, Teruel, Cáceres, Ciudad Real, etc.); 5 liquidaciones no correspondían a ninguna finca existente en España; y 43 liquidaciones correspondían a otros propietarios”, según el informe elaborado el 20 de mayo de 2013 por el ingeniero agrónomo Alejandro Caballero Real.

No sólo eso. “En relación con Carboneras Playa SA, 9 liquidaciones se refieren a inmuebles de terceros no situados en el municipio de Carboneras, ni siquiera pertenecientes a la provincia de Almería; 1 no corresponde a ninguna finca existente; 33 no corresponden a inmuebles titularidad de la mercantil; y, en definitiva, sólo 13 de las 56 liquidaciones que se le reclamaban correspondían a bienes de la sociedad”, aclarando además que “incluso algunas de éstas [13] se encontraban cedidas, no siendo ya Carboneras Playa SA titular de las mismas”.

En definitiva, Cacoub no debía más que el IBI de 22 fincas “como máximo”. El origen de estas discrepancias hay que buscarlas en las diferencias personales entre el francés y el alcalde.

Según el ingeniero agrónomo Alejandro Caballero Real, el Coeficiente de Garantía de las sociedades de Alain Cacoub (la garantía que tienen los acreedores de cobrar sus créditos) era de 4 euros por cada uno que debía, “de lo que se desprende que no había causa justificada para declarar quiebra”.

El Cuqui candidato

El 9 de febrero, la dirección de PP provincial trataba de zanjar la crisis abierta en la agrupación local de Garrucha designando como candidato a la Alcaldía al por aquellos días regidor, Juan Francisco Fernández, en contra de la opinión de la presidenta del partido, la también concejal Mari Paz Bonet, y la mayoría del equipo de Gobierno (4 de los 7 componentes), que optaban por aupar al primer puesto de la lista al edil de Urbanismo, Bernardo Simón.

La decisión de ‘Almería’, adoptada tras realizar un sondeo entre el electorado, no zanjaba la fractura del partido y del propio Gobierno a sólo tres meses de las elecciones. Bonet, contraria a la candidatura de Fernández, anunciaba que dimitiría como presidenta.

Semanas antes, el 15 de enero, Bonet, había comunicado al alcalde que no repetiría como candidato porque con él el partido estaba condenado a perder los comicios. La respuesta de Fernández fue que no sólo volvería a encabezar la lista, sino que prescindiría de ella y de los concejales Alonso Soler y Lita Paredes. 

En los tensos encuentros, los de Fernández usaron expresiones como “golpe de estado”, “puñalada por la espalda” o “traición”.

Impuestos voluntarios

En Cuevas, el gobierno de Jesús Caicedo y la oposición dirigida por el socialista Antonio Fernández discutían sobre la política recaudatoria.

Félix Rico, portavoz de asuntos económicos del PSOE, declaró que el porcentaje de recaudación no superaba el 50% y que en los últimos años se habían condonado a los ciudadanos recibos de impuestos y tasas por valor de 8 millones de euros. Para Rico, “en Cuevas el pago del IBI es voluntario”. 

La respuesta al denunciado caos económico llegaba a través del concejal de Hacienda, Juan José Pérez Celdrán, que además de negar los datos del socialista –“recaudamos entorno al 85% de los impuestos”-, acusó a su opositor de “incitar a los vecinos a la desobediencia civil tributaria”

Conexión del ‘Puerto Seco’

Y una buena noticia. La sociedad promotora del ‘Puerto Seco’ de Pulpí, Port Rail SA, entregó a Adif el 4 de febrero su proyecto de enlace con la línea de AVE Murcia-Almería.

El presidente de la plataforma, Javier Serrano, aseguró que "el Corredor Mediterráneo es fundamental para que lleguen los productos almerienses a Europa con calidad y a mejores precios, además de que permitirá estar en mercados más lejanos". 

A la primera fase del puerto seco de Pulpí, que contempla la estación y cargadero, Port Rail destinará de 12 millones de euros. Más de 40 a la segunda que incluye tanto la urbanización como la puesta en marcha de los servicios y logística. Y una tercera, a muy largo plazo, que costaría más de 300 millones consistirá en la creación de un gran centro logístico de primer nivel. 

Javier Serrano reclamaba por esos días coherencia a las administraciones a la hora de adjudicar tramos del AVE: “no nos sirve de nada tener aquí vías excepcionales si entre Pulpí y Lorca no las hay”.

Obra ‘a pulmón’

El 25 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente anunciaba la adjudicación de las obras para la construcción de 800 metros lineales de la 2ª fase del Paseo Marítimo de Mojácar por importe de 993.240,38 euros IVA incluido, es decir, 668.530,37 menos del presupuesto de salida, fijado en casi 1,7 millones de euros. Como el acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno de la localidad era de pagar al 50% con el Ministerio, pero cediendo a éste tanto el control de las obras como el beneficio de un previsible ahorro resultante de la puja, el Ayuntamiento de Mojácar quedaba comprometido en la aportación de 830.885,38 euros mientras que el Gobierno Central sólo tendría que poner 162.355. 

“Dijimos que la alcaldesa no había negociado con el Ministerio al 50% como quería hacernos creer”, criticó el socialista Manuel Zamora. “La alcaldesa y el Ministerio han engañado a los vecinos. Los socios deben ir al 50%, no uno al 80 y el listo al 20”, espetaba el portavoz de Unión Mojaquera, Diego García.

Para la representante de Mojácar Positiva se Mueve, Jessica Simpson, no sólo “se deja a la zona con 58 plazas de aparcamiento” y se provoca incertidumbre respecto a si las obras afectarán a los negocios durante la época estival, sino que los mojaqueros “tendremos que correr con casi el 90% del coste” del nuevo paseo.

Insignia para Los Puntos

El grupo Los Puntos recogía el mismo día de la adjudicación de las obras en Mojácar la Insignia de Andalucía por toda una vida dedicada a la música. Fue en 1960 cuando Pepe González Grano de Oro y el añorado 'Tato' Flores decidieron formar una de las más aclamadas bandas del panorama nacional. “Nos iremos todos, pero otras generaciones contarán que hubo un grupo que dejó algo en sus vidas”, declaró Grano de Oro a este medio.

Absuelto y detenido

En el capítulo de sucesos destacaba el nombre del empresario José Antonio G.G. Absuelto en 2013 tras haber disparado contra dos miembros de clan de los Pertolos causándoles la muerte, era arrestado en febrero en Olula del Río junto a otro vecino, por su presunta relación con un alijo de 500 kilos de cocaína