El origen de la investigación por presunta corrupción en Acuamed está en la planta de Palomares

Está en la denuncia de un técnico sobre posibles acuerdos entre Acuamed y FCC para 'compensar' con sobrecostes pactados en otras obras la reparación tras la riada de la desaladora del Bajo Almanzora que legalmente tenía que acometer la constructora

Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed, antes y después de la intervención de implante capilar que, presuntamente, le pagó FCC en una clínica de Turquía, un poco más allá del Peloponeso

Miguel Ángel Sánchez / 05·02·2016

El testimonio de un técnico denunciando que la sociedad estatal y la constructora de la desaladora del Bajo Almanzora intentaron llegar a un “acuerdo ilegal” para reparar los desperfectos ocasionados por las riadas en 2012, desencadenó que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investigaran si directivos de Acuamed y altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente dieron un trato de favor a empresas. 

La Guardia Civil encontró en el domicilio del director general de la mercantil pública, Arcadio Mateo, 120.000 euros en billetes de 500 metidos en sobres ocultos entre libros. A Mateo también se le ‘regaló’ “un implante de pelos” que se hizo durante un viaje a Turquía pagado por una de las mercantiles beneficiadas. 

La Operación Frontino se salda por el momento con 13 detenidos de los que cinco fueron enviados a prisión provisional y sin fianza. 

Las investigaciones que han desembocado en la llamada Operación Frontino se iniciaron en septiembre de 2014 y tienen su origen en las artimañas que al parecer se pretendieron urdir para reparar los desperfectos ocasionados por las riadas de septiembre de 2012 en la desaladora de Palomares. 

Los presuntos hechos fueron denunciados en la Fiscalía Anticorrupción por el exdirector de Ingeniería y Obras de Acuamed, Francisco Valiente, que a la postre fue despedido, junto a otros empleados públicos, por negarse a participar en las supuestas corruptelas que se orquestaban desde la dirección de la sociedad estatal, encargada de realizar las obras hidráulicas públicas en la Cuenca del Mediterráneo. 

Tras los 18 registros realizados por la Guardia Civil el pasado 18 de enero en varias sedes de Acuamed y en las de empresas adjudicatarias -también en domicilios de directivos-, el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, admitió el 19 de enero que Francisco Valiente, antes de acudir a la Fiscalía, informó a altos cargos del Ministerio de Agricultura de las irregularidades, sin embargo los servicios jurídicos no apreciaron anomalía alguna. Interesante conclusión a la vista de los acontecimientos posteriores que están teniendo un amplísimo eco en los medios de información nacionales e internacionales. 

El presunto fraude, que se cifra entre 20 y 25 millones de euros, se habría cometido al amañar los contratos y luego manipular las certificaciones de obras para elevar el valor de los trabajos. Una práctica que contó con la connivencia, supuestamente, de altos cargos del Ministerio de Agricultura, varios de los directivos de Acuamed y responsables de las empresas adjudicatarias. 

Operación Frontino 

El día 18 de enero, jornada en la que saltó el escándalo, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaban a cabo los registros y efectuaban 13 detenciones –hay 35 personas investigadas- por orden del magistrado Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. 

De los 13 detenidos, 8 fueron puestos en libertad previo pago de fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros, y los 5 restantes enviados a prisión provisional y sin fianza. Los encarcelados son el ya citado director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; y su delegado en Valencia, Pablo Martín. El quinto es Nicolás Steegmann, presidente de la empresa Altec. Inicialmente llegaron a entrar en los calabozos el presidente de Fomento de Construcciones y Contratas, Miguel Jurado Fernández; y el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, ambos han tenido que depositar en la Audiencia Nacional fianzas de 50.000 euros para quedar en libertad. 

El mismo día de las detenciones, el Ministerio cesaba de sus cargos a todos los altos responsables de Acuamed investigados, argumentando la "pérdida de confianza y la alarma social" que había causado el suceso. 

Pero el escándalo se iba a cobrar más cabezas. El 22 de enero dimitía el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Federico Ramos de Armas, persona de confianza de la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Según la versión oficial, a petición propia para "defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad". 

En su auto, el juez Velasco explica que al menos desde mediados de 2014, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, "urdió" junto con otras personas “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, y conscientes -se habla de presiones-" para "imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos”. 

Todo ello, dice el juez, con “el beneficio injusto y retribuido" en dinero, pero también con "regalos en especie" o sobornos. En concreto, a Arcadio Mateo una de las constructoras le pagó un "implante de pelos". La operación se la hizo durante "un viaje a Turquía" que también habría sido abonado por la misma mercantil. Estas retribuciones se producían "a cambio de actuar a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación en algunos casos, y del desarrollo de la ejecución en otros, de diversos contratos públicos". Al supuesto cabecilla, Arcadio Mateo, la Guardia Civil le encontró en su domicilio 120.000 euros en billetes de 500 ocultos en sobres entre libros. 

Todo giraba alrededor de contratos para la ejecución de infraestructuras hidráulicas en diversos puntos de la cuenca mediterránea, entre ellas la desaladora de Palomares, en los que los contratistas, "conniventes" con Arcadio Mateo, "ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”. En este sentido, la investigación ha detectado la elaboración de informes técnicos para justificar la anulación y posterior repetición de adjudicaciones, con el propósito de que la ganadora del concurso fuese una empresa concreta. 

En su conjunto, las irregularidades se vislumbran, sostiene el juez Velasco, en al menos seis contratos públicos: la desaladora de Bajo Almanzora; la descontaminación física del pantano de Flix; la presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; el proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; el cerro colorado de Murcia; y la presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia. 

En lo que al Levante almeriense se refiere, se ha detectado que en la planta de Palomares se instalaron tuberías de fundición cuando estaban previstas otras de acero inoxidable. Todo ello sin justificación y con un coste muy superior al previsto en el proyecto inicial. Sólo la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora registró sobrecostes superiores al 50%, unos 27 millones de euros. 

Antecedentes 

En marzo de 2006 fue emitido un informe por técnicos Acuamed respaldando la viabilidad de la futura desaladora de Palomares. El documento constaba de 37 páginas. El precio estimado de construcción quedaba establecido en 48.992.110 euros (IVA incluido), más otro 1,4 millones de euros para expropiaciones y la elaboración de un plan de control y otro de conservación del patrimonio, incluyendo una partida para “costes internos de Acuamed”. 

Cinco meses después, en agosto de ese mismo año, Acuamed adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) –Fomento de Construcciones y Contratas, Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, Servicios y Procesos Ambientales (SPA) y Aqualia Gestión Integral del Agua- la obra por un importe de 73 millones de euros de euros (IVA incluido), incrementando un 50% el precio establecido por los técnicos. A la postre, la desaladora costó algunos millones más. Su suma final fue de 75,9 millones. 

A pesar de la desviación, que de acuerdo a la Ley que regula los contratos de Estado debería de haber vuelto a ser licitada al superar el 20% su presupuesto de salida, las tuberías que se utilizaron eran de fundición cuando estaban previstas de acero inoxidable. No sólo eso. Por razones que no han sido explicadas la obra concluida carecía de una subestación que abasteciera de energía a la planta, lo que limitaba a sólo un 5% su capacidad de rendimiento, fijado en 20 Hm3 anuales. Un proyecto posterior que no ha llegado a realizarse presupuestaba otros 18 millones para la subestación. Pero hay más, las empresas que la construyeron incumplieron su obligación de asegurar la desaladora. 

Este detalle habría pasado desapercibido de no ser por las fatídicas inundaciones del 28 de septiembre de 2012. El desbordamiento de la rambla de Canalejas, afluente del río Almanzora, inundó la práctica totalidad de la instalación, que había sido inaugurada sólo un año antes, el 19 de septiembre de 2011, por la entonces ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar. 

La ubicación de la desaladora en zona inundable fue una decisión de Acuamed tras modificar un emplazamiento anterior, precisamente para evitar otra área que habitualmente quedaba anegada por las periódicas avenidas de la rambla. No obstante, tras conocerse en Cuevas del Almanzora el nuevo emplazamiento, agricultores de Palomares y el propio Ayuntamiento manifestaron los riesgos que se corrían. Fue en vano. “Es increíble que una sociedad estatal que se dedica a construir grandes infraestructuras hidráulicas fuera capaz de colocar una desaladora al borde de una rambla, en zona inundable”, declara José Antonio Fernández, presidente de la Federación de Regantes de Almería (Feral). 

Las decisiones que se tomaron a raíz de los daños que sufrió la desaladora son investigados en el marco de la Operación Frontino. Y es que al no contar con un seguro que cubriese contingencias y que obligatoriamente debía haber contratado Acuamed, aunque pagado por la UTE constructora, se adoptaron, supuestamente, medidas en contra de los intereses públicos. 

Efectivamente, según el auto emitido por el juez Eloy Velasco, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo -y parte de su cúpula- acordó con la constructora la reparación de los desperfectos ocasionados por la riada. El 40% de los gastos serían aportados por Acuamed y la contratista el 60% restante. 

Sin embargo tal acuerdo ocultaba un supuesto fraude. Ambas partes, señala el juez, convinieron que el 60% correspondiente a la UTE se repusiera por parte de Acuamed con “modificados ficticios irreales” en otras obras, “al parecer pactados a muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]”. La finalidad sería, como reza el auto, que la UTE fuera compensada con un total de 40 millones de euros”, dineros que saldrían engordando los costes de otras obras, entre ellas las tareas de descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), valoradas en 180 millones de euros y adjudicadas a la misma Unión Temporal de Empresas que levantó la planta de Palomares. Los fondos presuntamente destinados a cubrir la compensación se incluyeron, según los investigadores, en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016, aunque no llegaron a ser abonados. 

Email de Ramos 

De acuerdo a informaciones publicadas por El Confidencial, Federico Ramos, que tiempo atrás había sido máximo responsable de Acuamed, en 2013 secretario de Estado de Medio Ambiente y hasta el pasado 22 de enero, que dimitió, subsecretario de Presidencia y número dos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, envió un correo electrónico el 20 de junio de 2013, casi un año después de las riadas, al director general de Acuamed, Arcadio Mateo. En él, Ramos decía: "Arcadio, ¿podemos llevar, como pide la contratista, la liquidación pendiente de la obra [de la desaladora de Palomares] al consejo de administración [de Acuamed] del mes de julio por valor de 9,5 millones de euros? Así vamos avanzando con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras". El mensaje incluía copia para la entonces vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles López, que en el momento de su detención el pasado 18 de enero, era directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y que, como parece desprenderse del contenido de esa comunicación, estaba al corriente de los hechos. 

Diez meses después del envío del correo, el 10 de abril de 2014, con la desaladora de Palomares aún empantanada, Acuamed preguntó a la Abogacía del Estado qué tenía que hacer respecto a los desperfectos en esa instalación. El abogado del Estado Pablo Fernández Ruiz concluyó que la UTE adjudicataria tenía que correr con los gastos. En su informe, Fernández Ruiz sostenía que la constructora incumplió el contrato al no asegurar la desaladora y que Acuamed tampoco se lo exigió ni lo suscribió por cuenta propia. 

Hay más, la UTE había cancelado su seguro de obras antes de tiempo y sin avisar a Acuamed. Así pues, según el abogado del Estado, existía responsabilidad en las dos partes. 

Pocos meses después Acuamed volvió a preguntar a la Abogacía del Estado, pero esta vez para saber si el pacto que quería negociar con la UTE para reparar los desperfectos en la desaladora de Palomares al 40% y el 60%, respetivamente, era legal. El abogado del Estado Fernández Ruiz optó esta vez por no elaborar ningún informe, pero advirtió por correo electrónico de que, en caso de que tuviera que redactarlo, sería desfavorable. La razón era que la ley impide ese tipo de tratos cuando está en juego dinero público. 

La solución correcta hubiera sido someter el conflicto a arbitraje o a los juzgados de lo contencioso. Mientras estos organismos lo resolvieran, Acuamed debería haber iniciado un nuevo expediente administrativo para contratar, por el procedimiento de urgencia, a otra empresa que reparara los desperfectos ocasionados por la inundación. Una vez terminados los trabajos, la sociedad pública pasaría la factura a la UTE en el porcentaje que le correspondiera pagar, según el laudo arbitral o la resolución judicial correspondiente. 

Sin embargo, las advertencias de los servicios jurídicos del Estado no parecían influir en las pretensiones de la dirección de Acuamed, que insistía en cerrar el trato con la UTE constructora encabezada por Fomento de Construcciones (FCC). Pero para ello necesitaba el visto bueno de sus técnicos, extremo al que éstos se negaban. 

Es aquí donde entra en escena el denunciante que puso en marcha la Operación Frontino. El trabajador narra en su escrito el principio de acuerdo alcanzado el 31 de marzo de 2014 para reparar la desaladora de Palomares al 40%-60%, que tanto entonces la Abogacía del Estado como ahora el juez Eloy Velasco consideran ilegal. Sostiene Valiente que su director general, el ahora encarcelado Arcadio Mateo, le había contado que, como condición adicional para dar por concluidos los pagos por la construcción de la planta de Palomares, la contratista reclamaba una liquidación de obra de 9,5 millones de euros -la cantidad que el exsecretario de Estado y expresidente de Acuamed, Federico Ramos, solicitaba para ésta en su email-. La cifra estaba muy alejada de los 1,7 millones que proponía el director de la obra; persona a las órdenes de la administración. 

El resultado de la pugna entre la dirección de Acuamed y los técnicos lo recoge el juez Eloy Velasco en su auto. "Como consecuencia de la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades, la desaladora [de Palomares] sigue sin arreglar y la UTE sin permitir la liquidación de ese contrato". 

Tres años largos después de las inundaciones que la inutilizaron, la planta del Bajo Almanzora, la que dio pie a la investigación del caso Acuamed, se encuentra en el más absoluto de los abandonos y sin acuerdo entre las partes sobre el coste final de la obra. 

Otra de las actuaciones investigadas es la conexión entre la desaladora de Carboneras y el Bajo Almanzora. Los testimonios recogidos a trabajadores por la Guardia Civil señalan que las tuberías de acero inoxidable fueron cambiadas “injustificadamente” por otras de fundición -de peor calidad-. Tampoco se realizó un costoso muro de escollera. Ni una cosa ni otra repercutieron en una rebaja del precio final. Muy al contrario, los pagos hechos por Acuamed superaron los 87 millones previstos. 

El PP critica al gobierno Zapatero y el PSOE al de Rajoy 

Tanto los representantes del PP como del PSOE han centrado sus intervenciones valorando el caso Acuamed en realidades incuestionables pero claramente interesadas, eludiendo entrar en la parte que salpica a sus respectivos partidos. Mientras los populares se preguntan por las adjudicaciones y los retrasos de las obras –hechos que se producen durante el gobierno de Rodríguez Zapatero-, los socialistas acumulan la artillería en acontecimientos del periodo de gobierno de Mariano Rajoy, concretamente en los retrasos y sospechas que planean sobre la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora. 

Rafael Hernando, diputado del PP en el Congreso por Almería, ha subrayado que las desviaciones presupuestarias de Acuamed en la provincia, es decir, la diferencia entre lo previsto gastar en el conjunto de las obras y lo que realmente costaron, sumaría 110 millones de euros, lo que interpreta como algo "turbio" acontecido durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El diputado calificó de "escándalo" tanto las desviaciones como los retrasos. La desaladora del Campo de Dalías se adjudicó en 104,4 millones de euros y acabó costando 166. La del Bajo Almanzora 48.992.110 euros y finalmente se abonaron 75,9. Y la conexión de la desaladora de Carboneras con el Bajo Almanzora 53 millones, aunque el coste último fue de 99,6. 

Por su parte la diputada nacional del PSOE por Almería Sonia Ferrer calificó de “vergonzoso” que el PP se detenga en “vaguedades sin entrar en ningún momento en la cuestión que está siendo investigada, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora a través de compensaciones presuntamente indebidas a cargo de las arcas públicas”. 

Ferrer se ha preguntado si “la cúpula provincial de PP ha estado realmente ajena a las presuntas irregularidades detectadas. 

Valiente señala al ministro Arias Cañete 

El dedo del juez Eloy Velasco, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Acuamed, señalaba en su auto a “muy altos” responsables del Ministerio de Agricultura. La acusación viene respaldada por el testimonio prestado por el técnico de la sociedad estatal que denunció la trama, Francisco Valiente. 

Según el trabajador, el director general de Acuamed Arcadio Mateo quiso en una reunión celebrada el 24 de marzo de 2014 que el técnico diese su visto bueno al irregular acuerdo con la UTE que construyó la desaladora de Palomares para reparar los desperfectos ocasionados por las inundaciones: “Yo dije que no firmaba eso y Arcadio me dijo que si no me daba cuenta de que aquello no eran instrucciones suyas, sino órdenes directas del ministro”. 

“¿Qué ministro era ése?”, preguntó el juez Velasco. “Miguel Arias Cañete”, respondió Valiente. 

El propio juez da por hecho que Cañete se reunió con Fomento de Construcciones y Contratas para tratar los supuestos pagos pendientes . La entrevista es reconocida por el Ministerio. Se celebró, dicen, el 24 de febrero –un mes antes de que el director general Arcadio Mateo intentase a obligar a sus subordinados a firmar por “órdenes directas del ministro”-, aunque se aclara que en el encuentro no se acordó indemnización alguna sino que fuera la Abogacía del Estado la que se pronunciase respecto. 

Frontino y el agua de Roma

Según Europa Press, citando fuentes de la investigación, la denominación de 'Operación Frontino' se inspira en un aristócrata del Siglo I conocido por la evaluación que realizó de las aguas y los acueductos de la antigua Roma. 

Por medio del informe 'De aquaeductu', Sexto Julio Frontino informó al entonces emperador Marco Coceyo Nerva del estado del abastecimiento de aguas en la capital del Imperio Romano.