El Supremo “condena” El Algarrobico y abre la puerta para ir patrimonialmente contra Cristóbal Fernández

El fallo considera no urbanizables los terrenos sobre los que se asienta el edificio y valida el derecho de adquisición que ejerció la Junta de Andalucía. Según el abogado de Greenpeace, la sombra de la responsabilidad patrimonial se cierne sobre quienes concedieron la licencia

Jaime Del Val, de Salvemos Mojácar, en un fotomontaje. Esa asociación fue quien emprendió las acciones legales que logró la primera sentencia que declaraba ilegal el hotel en 2006 

Javier Irigaray / 22·02·2016

Un largo y tortuoso camino por los pasillos de la justicia ha terminado con el veredicto del Tribunal Supremo que da la razón a los recursos presentados por Greenpeace y la Junta de Andalucía. El fallo considera no urbanizables los terrenos sobre los que se asienta el edificio y valida el derecho de adquisición que ejerció la administración autonómica sobre la parcela. Pero no todo ha acabado. Según el abogado de Greenpeace, tras la previsible declaración de nulidad de la licencia de obras por parte del Tribunal de Estrasburgo, la sombra de la responsabilidad patrimonial se cierne sobre quienes la concedieron, Cristóbal Fernández y los ediles que votaron a su favor. 

El Tribunal Supremo (TS) divulgó el pasado jueves, 18 de febrero, sus fallos en favor de los recursos presentados por Greenpeace y la Junta andaluza contra una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en marzo de 2014 que declaraba urbanizables los terrenos sobre los que se asienta el polémico e inacabado hotel. 

Al mismo tiempo, la alta instancia ha fijado que la parcela en la que se alza el edificio es propiedad de la administración regional, al darle la razón en su decisión de ejercer el derecho de retracto, es decir, el retorno de la parcela a la propiedad pública. 

Ambas sentencias, la de la calificación del suelo y la de respaldar a la administración en la recuperación del terreno, podrían ser antesala del fallo del Tribunal Europeo contra la validez de la licencia otorgada por la Corporación de Carboneras que presidía, en 2003, Cristóbal Fernández y, por tanto, a su “responsabilidad patrimonial”, tanto del entonces alcalde como de todos los ediles que votaron a favor, valora el abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez. 

Para el letrado, el fallo del Supremo ha sido “una goleada total, pues no sólo establece que los terrenos son protegidos, sino que, además, pertenecen a la Junta, lo que significa que puede derribarlo en cuestión de días. El Algarrobico está condenado”. 

Preguntado sobre el escenario que ahora abre esta nueva sentencia, Domínguez indicó que la Junta “puede proceder a derribarlo de manera inmediata o puede exigir la demolición a Azata, lo que significaría comenzar un pleito nuevo”. 

“Otra opción de la Junta –añadía- es obligar a la promotora a que le entregue los terrenos, y ésta alegará que en la parcela hay un edificio que ellos han construido de buena fe y que, por tanto, tendrá que comprárselo. Esa cantidad está en la base de los 70 millones de indemnización que solicitaba Azata. No sé cuánto pedirán ahora, pero yo tengo copia del presupuesto firmado en 2001 por el jefe de las obras Ubaldo Gómiz, y todos los demás arquitectos, aparejadores y técnicos, y el importe total, una vez finalizado, incluyendo mobiliario exterior e interior, era exactamente de 16.324.249,46 euros, así que no vengan ahora con otras cuentas”. 

Es decir, según el abogado de Greenpeace, la operación costaría a la Junta los 2,3 millones de euros que depositó al intentar ejercer el derecho de retracto, más los 16,3 en que la promotora había valorado el hotel. Incluso “algo menos, porque el hotel no está terminado ni amueblado y porque el Gobierno Central se encargaría del derribo y la Junta de restaurar el paisaje en función del acuerdo firmado por Arias Cañete”. Esa sería la solución más rápida. 

¿Recurrir al Constitucional? 

Contra el dictamen emitido por el Tribunal Supremo, Azata tendría sobre el papel la posibilidad de recurrir al Constitucional, lo que Domínguez no cree que ocurra porque “los abogados de la empresa saben que el Tribunal Constitucional (TC) sólo admite a trámite el 1,5% de los recursos que le llegan, lo que supone, de partida, tener un 98,5% de probabilidades de que no lo tengan en consideración, que es prácticamente el 100% si tenemos en cuenta que en este procedimiento no se ha vulnerado a la compañía ningún derecho constitucional, que es sobre lo que entiende el TC”. 

En cualquier caso, el objetivo que ahora se marcan las organizaciones ecologistas es otro. “Una vez que se ha reconocido el fuero –explicaba Domínguez-, es decir, la ilegalidad del hotel, ahora ya no hay prisa para demolerlo, algo a lo que ya está inexorablemente condenado el edificio, sino que hay que procurar salvar la mayor parte de dinero público posible”. 

“En todo este proceso llama mucho la atención que se concluya con que se ha cometido una ilegalidad pero, sin embargo, no haya ningún responsable, pero eso, ahora, podría cambiar”, subraya el abogado. 

José Ignacio Domínguez admitió que muchas de las acciones que han hecho posible tan rocambolesco procedimiento han prescrito, entre ellas “la burda manipulación de la planimetría de la Junta” para hacer posible que el hotel se construyera. 

Pero ahora, los ecologistas, que están ultimando la redacción del recurso ante el Tribunal Europeo contra la sentencia del TSJA que validó la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003, ven más claro cuál será el fallo del mismo. “La sentencia del TS es fundamental para que el Tribunal de Estrasburgo decida anular la validez de la licencia del hotel, y eso implica que Cristóbal Fernández y el resto de concejales que votaron a favor de ella tendrán que hacer frente a la responsabilidad patrimonial sobre todo lo que ha venido después”.