Los agricultores se rebelan contra las comercializadoras: “No podemos pagar a nuestros proveedores porque el dinero no llega”

La feroz competencia entre las alhóndigas y las cooperativas por conseguir clientes hunde a los productores del campo. Resulta más rentable tirar el producto y acceder a la subvención de la UE que vender

Cabecera de la manifestación del pasado 4 de febrero en Almería

Javier Irigaray / 16·02·2016

Las organizaciones agrarias COAG y ASAJA han sacado a la calle el pasado jueves, 4 de febrero, a una representación de los agricultores de la provincia para visibilizar el malestar del sector ante la actitud que las cooperativas y alhóndigas que comercializan sus productos, que tiene su reflejo en precios por debajo de los costes de producción. 

Si bien la situación está alcanzando unos niveles extremos en esta campaña, es algo que viene arrastrándose desde hace ya algunos años, según afirman desde las organizaciones convocantes, y afecta, sobre todo, a ciertos productos como el tomate. “Los agricultores estamos atravesando serias dificultades, y no sólo de falta de renta, sino que no podemos pagar a nuestros proveedores porque el dinero no llega para eso. Eso es lo fundamental. Queremos que nuestro trabajo dé para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmaba Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería. 

“Apuntamos a las empresas de comercialización –señalaba el representante de los agricultores-, a las cooperativas y las alhóndigas, que han entrado en una dinámica de pugnas entre ellos por arrebatarse clientes mediante la oferta de productos a la baja, lo que está afectando y dañando a los agricultores para satisfacción de las grandes cadenas de supermercados que, ante la división que existe entre las comercializadoras de Almería, Murcia y la costa de Granada, un sector roto, pueden comprar barato y así lo están haciendo”. 

Con esta movilización, las organizaciones agrarias pretenden, en palabras de Góngora, “exigir al sector comercializador de la provincia que se siente, no a negociar precios, porque eso está terminantemente prohibido por la comisión de la competencia y podría estar sancionado, pero sí a articular las medidas de gestión de mercado que contempla la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas para organizar la oferta y poder hacer frente a las grandes cadenas de distribución”. 

“De hecho, la Consejería de Agricultura tiene ya puestas en marcha algunas de ellas con la autorización de Bruselas, pero el sector de la comercialización no quiere asumirlas por la lucha que mantienen entre ellos y cuyas víctimas son los productores del campo”, afirmaba el representante de COAG. 

La situación se está complicando en esta campaña. Según Andrés Góngora “debido a la ausencia de bajas temperaturas, que se traduce en un ritmo de producción mucho más alto que en cualquier otro invierno. Ante una situación como ésta, o retiramos parte de la producción del mercado de la manera en que lo contempla la OCM, es decir, destinándola al consumo animal o echándola a vertedero a cambio de una indemnización muy baja que financia la Unión Europea. Hay también otros mecanismos similares como los que se pusieron en marcha a consecuencia del veto ruso a los productos españoles. El fin es regular la producción”. 

Explicaba el portavoz de los agricultores que esa retirada de producto a la que hacía referencia “la tienen que hacer las empresas comercializadoras, que han de comprometerse a quitar del mercado la cantidad excedente que impide que frutas y hortalizas alcancen un precio razonable. Quitar oferta, que es la única manera de hacer reaccionar el mercado”. 

“No tiene sentido –abundaba-, como está ocurriendo con el tomate y el pepino, que la liquidación al agricultor por parte de alhóndigas y cooperativas esté por debajo de los precios de indemnización por retirada que ofrece la Unión Europea. ¿Por qué no se procede a la retirada? Pues porque las empresas prefieren suministrar a sus clientes a los precios que éstos les fijan. Prefieren machacar al agricultor antes de arriesgarse a que otra alhóndiga le quite el cliente”. 

Admitía Góngora que “la situación es difícil y las comercializadoras tienen que darse cuenta que para abastecer el cliente no vale todo. Si no recapacitan acabarán por destrozar la agricultura y su propio sector”. 

Como muestra de los precios que están soportando los agricultores almerienses, Góngora señaló que “ahora, en plena campaña, el tomate pera de 1ª calidad se está pagando al agricultor a 0,25 euros cuando el coste de producción está por encima de 0,50 euros. La mayor parte del tomate rama, una variedad muy delicada, se ha vendido esta mañana [3 de febrero] en la subasta en torno a 0,40 euros, mientras que producirlo sobrepasa los 0,60. En cuanto al pepino largo, el de tipo holandés, que va todo a exportación, se está pagando entre 0,40 euros y 0,50 euros cuando su coste ronda 1 euro”. 

“Estamos intentando –concluye- concienciar al agricultor de que todo depende de él mismo y de su capacidad de respuesta a los sectores que le están ahogando. Elegimos la fecha de movilización para hacerla coincidir con el día grande de Fruitlogística, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo, para que allí se visibilice que tenemos un problema que ha sacado a los agricultores a la calle. 

Aguas del Almanzora y las comunidades de regantes de la comarca apoyan esta lucha. También todas las empresas relacionadas, como semilleros y demás proveedores, cerraron el 4 de febrero pasado, día fijado para la protesta.