El alcalde de Serón afirma que "a muchos ayuntamientos le están mostrando la puerta de salida". Garrucha mira a Codeur y se cuestiona seguir en "entes supramunicipales donde los derechos e intereses de los ciudadanos están al margen de los intereses públicos"
La alcaldesa de Garrucha, María Antonia López, en el uso de la palabra junto a la responsable de Política Municipal del PSOE almeriense, Adela Segura |
Miguel Ángel Sánchez / 22·04·2016
Las modificaciones de los Estatutos de Galasa que se preparan para ser presentadas en la próxima Junta de General, convocada para el 16 de mayo, ha generado un importante movimiento político en los ayuntamientos de izquierdas, que podría desembocar en la ruptura y la búsqueda de fórmulas alternativas al actual sistema comarcal de abastecimiento y tratamiento de aguas.
Cuenta el alcalde Serón y portavoz del PSOE en la Diputación, José Antonio Lorenzo, que “el gobierno del PP” de la Institución Provincial, máxima accionista de Galasa, quiere imponer cambios que “obligarían a los ayuntamientos a adquirir participaciones de una empresa que debe más de 30 millones de euros”.
“Nos han presentado unas modificaciones estatutarias con las que nosotros no estamos de acuerdo y que se llevarán a la próxima Junta General, y una cosa es que no nos gusten y los discutamos para llegar a un acuerdo, y otra que se nos quiera imponer lo que no beneficia a nuestros pueblos”, añadió.
El portavoz socialista afirma que existe un gran malestar en los consistorios dirigidos por el PSOE, Izquierda Unida e independientes de izquierda, aunque sostiene que, si bien algunos consistorios estudian “alternativas” a Galasa y al Consorcio, “donde discrepamos” de la manera empleada para elegir al presidente –el alcalde de Olula (PP)-, “no se puede hablar de movimientos en bloque”. No obstante, advirtió Lorenzo, si no hay rectificaciones, “se nos está mostrando la puerta de salida”.
Con argumentos distintos, pero en un mismo tono crítico con Galasa, se manifestó en RADIO ACTUALIDAD el portavoz del gobierno de Vera Francisco Vázquez; municipio cuyo servicio de abastecimiento desempeña Codeur desde hace años: “Que se vayan preparando los vecinos de la comarca porque según tengo entendido vienen subidas del 30% en las tarifas”.
¿SEGUIMOS O NO?
Las declaraciones de Vázquez coincidían en el tiempo con la decisión que sacó adelante el gobierno socialista de Garrucha en el último pleno, con la negativa de la oposición, para la creación de sendas Comisiones de Estudio a fin de concretar si al municipio le interesa seguir en Galasa y el Consorcio de Basuras.
Los términos en los que aparece redactado el documento sometido a votación resulta notablemente crítico con el statu quo actual. Juzguen ustedes mismos.
En relación a Galasa, el gobierno local expone: “En los últimos años hemos sido testigos de la controversia producida con el abastecimiento y saneamiento del agua en nuestro municipio. Y cómo Galasa ha realizado algunos intentos de modificar tanto el acto jurídico fundacional, los estatutos y la tasa, vulnerando el procedimiento legalmente establecido y a espaldas de los propios ayuntamientos, para ‘sanear’ la empresa y así ajustar los precios no con relación a la propia prestación del servicio, sino con el único fin de cuadrar el debe y el haber, tanto en el Levante como en la comarca del Almanzora.
Algunos responsables municipales han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a la modificación de los estatutos porque queremos conservar nuestra competencias y decisiones en materia de agua, y también porque una modificación de las tarifas habría de realizarse previo estudio del coste real. Municipio a municipio.
Es por tanto necesario constituir una Comisión de Estudio para evaluar la conveniencia de asumir la competencia directa del servicio en pro de los vecinos”.
Y concluye: “Es voluntad de este equipo de gobierno que los vecinos perciban como propio un servicio eficiente y de calidad, y que tengan la plena certeza de que el servicio lo presta su Ayuntamiento y no un ente supramunicipal donde los derechos e intereses de los ciudadanos están al margen de los intereses públicos”.
CODEUR AL ACECHO
Fuentes bien informadas han confidenciado a ACTUALIDAD ALMANZORA que los consistorios de Garrucha y Vera han llegado a valorar la posibilidad de que en un futuro, si la Comisión de Estudio garruchera llega a determinar que el municipio ha de abandonar Galasa, Codeur sería la opción. “Y el asunto no quedaría ahí, porque podrían ser más los ayuntamientos que adoptaran esa misma decisión”. Si esta hipótesis tomara cuerpo, Codeur se presentaría como la gran alternativa a Galasa para pueblos de la zona en los que gobierna la izquierda. Sin embargo, la empresa pública comarcal no aceptaría la marcha de ninguno de sus municipios socios sin antes pasar por caja para abonar la parte que proporcionalmente les corresponde de la deuda. Según el portavoz del Partido Popular de Garrucha, Juan Francisco Fernández, “en nuestro caso sería 5,2 millones de euros”.
El gobierno de la villa pesquera también sacó adelante una segunda Comisión de Estudio, esta vez en relación a permanecer o salir de la disciplina del Consorcio de Basuras. La mala opinión que de éste tienen la alcaldesa socialista y sus concejales queda patente en la exposición de la moción:
“Debida a la plena gestión deficiente y de calidad mínima en el mantenimiento de contenedores, y en general en el servicio de la gestión integral de residuos sólidos urbanos por parte del Consorcio, y principalmente ante los últimos acontecimientos –la elección de presidente- cuyo objetivo es obtener un poder absoluto y al margen de cualquier control, sin perjuicio del pleno oscurantismo en la gestión administrativa, económica y el propio servicio, donde se disipa la línea del propio Consorcio como entidad pública de gestión municipal de servicios y el concesionario de la gestión indirecta del mismo, sin que se vislumbre dónde comienza y termina la función o competencia de uno y de otro. Y donde las competencias de los municipios se diluyen y convierten a las Entidades Locales en meros títeres de dichos intereses ‘creados’ o ‘consolidados’ sin oposición y sin control de las Administraciones Públicas.
Ciertamente la prestación del servicio por parte del Consorcio, y sobretodo por parte de la entidad empresarial adjudicataria, da la impresión y la plena certeza de alejamiento con relación al beneficiario del servicio universal y obligatorio, brillando por su ausencia la tutela de los principios de transparencia buena administración y publicidad”.
En este sentido, el portavoz socialista en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, reconoció que “es verdad que hay municipios que estudian llevar sus residuos a otra parte, a la vista de cómo se gestiona el Consorcio y por cómo se ha vulnerado la fórmula de votación de la Presidencia, que ha sido puesta en conocimiento de los tribunales, donde esperamos obtener una respuesta que sea favorable a lo que consideramos legal porque así nos lo ratifican varios informes jurídicos y una veintena de informes elaborados por secretarios municipales”.
Y aquí es necesario mirar de nuevo a Vera, que el pasado año ya decidió iniciar los procedimientos administrativos para desvincularse del Consorcio y rescatar el servicio, tal y como hizo con el agua a mediados de la pasada década. Cabe preguntarse si todo forma parte de una estrategia que reforzaría a Codeur no sólo como empresa semipública de Vera que abastece al municipio y lo convierte en el único caso comarcal donde Galasa no presta el servicio, sino que además asumiría en un futuro próximo las competencias de la recogida de basuras extendiendo su acción también a Garrucha y otros pueblos con gobiernos socialistas o de izquierdas.
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