“El juzgado investiga si el desastre delictivo del PP en Codeur nos ha costado 3 millones”

El portavoz del Equipo de Gobierno y consejero de Codeur, Francisco Vázquez, habla sobre  la demanda por la que el juzgado ha llamado a declarar como investigados al exalcalde José Carmelo Jorge Blanco, los concejales Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, y el que fuera gerente de la empresa mixta Juan Martín

Francisco Vázquez

Miguel Ángel Sánchez / 21·12·2016

La titular del juzgado nº 3 de Vera ha llamado a declarar como investigados al exalcalde José Carmelo Jorge Blanco, los concejales Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, y Juan Martín por las responsabilidades que tuvieron como presidente, consejeros y gerente respectivamente en la empresa mixta Codeur. La vista es consecuencia de la querella formulada a instancias de la sociedad, dirigida ahora por la coalición PA-PSOE, que les acusa de un “presunto delito de administración desleal”. El portavoz del Equipo de Gobierno y consejero de la sociedad, Francisco Vázquez, habla sobre los fundamentos que sostienen la demanda. 

- ¿Qué han encontrado en Codeur para acudir al juzgado? 

- Cuando llegamos a la administración de la sociedad que ofrece servicios básicos como el abastecimiento de agua y la gestión del desarrollo del Plan Especial de la Costa, observamos una serie de irregularidades cometidas por el entonces alcalde y presidente de la empresa, José Carmelo Jorge Blanco, los concejales y consejeros Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, y por el gerente que nombraron a dedo, Juan Martín... 

- ¿Ustedes no eligen de igual manera a los gerentes de Codeur cuando les toca? 

- Ni hablar de eso. Nosotros lo hacemos mediante concurso y jamás les hemos dado ninguna instrucción sobre cómo desempeñar su cargo. Ellos despidieron al profesional que había y eso costó a la empresa 250.000 euros de finiquito, más otros cincuenta mil que cobró el gabinete jurídico que contrataron para tramitar su cese. Es una de las medidas que adoptaron y que, presuntamente han podido suponer un quebranto importante en la sociedad, que no hubiera durado ni un año si el Partido Popular hubiera seguido al mando de la empresa. 

- Ya ha puesto un ejemplo pero, ¿qué más indicios fundamentan su demanda? 

- Antes de responder a su pregunta, quiero recordarle que no ha sido este Equipo de Gobierno el que ha iniciado la judicialización de la política veratense, sino que fue el de José Carmelo Jorge Blanco (PP). Dicho esto, hemos encontrado asuntos muy sospechosos, como la contratación de abogados a los que han pagado trabajos que nunca entregaron, gastos superfluos, compras realizadas sin observar los procedimientos que marca la ley, obras que se han contratado de forma fragmentada para poder adjudicarlas a dedo... una forma de actuar que puede haber constituido un delito de administración desleal. 

- ¿A cuánto puede ascender el quebranto del que hablan? 

- Ese auténtico desastre delictivo que el PP, y más concretamente José Carmelo Jorge Blanco, Juan de la Cruz Belmonte Mena, Mariano Estecha y Juan Martín, cometió en Codeur puede haber costado a la empresa unos 3 millones de euros. No lo digo yo, lo dice la auditoría. Lo hicieron en su propio beneficio. 

- ¿Se beneficiaron personalmente? 

- Yo no digo que lo hicieran por su interés personal, sino político. Mire usted, cuando nosotros dejamos el gobierno municipal y el consejo de administración de Codeur en 2011, había 300.000 euros en recibos de agua sin cobrar. En los cuatro años que ellos gobernaron la cifra subió hasta 780.000 porque querían tener a mucha gente debiéndoles favores. 

- ¿Y por qué deciden llegar a los tribunales?, ¿no hay otra forma de dirimir estos asuntos en política? 

- Es que después de saber todo lo que hicieron, si no actuamos, la repercusión de sus actos caería sobre nosotros. 

- Ese es el mismo argumento que esgrimieron ellos cuando gobernaban para hacer lo mismo. 

- Juan de la Cruz era consciente de todo lo que pasaba en Codeur. No puedo asegurar lo mismo de José Carmelo porque delegó sus poderes en él. Sabía lo que se le venía y el riesgo que corría con su actuación, que consiste en denostar sistemáticamente a Codeur y sus consejeros para liar la maraña. 

- ¿Y qué es lo que le venía? 

- Lo que le ha venido, un auto del juzgado nº 3 de Vera que le declara como imputado, investigado que se dice ahora, a él y a los otros tres por un delito de administración desleal, lo que viene a ser tanto como decirles que se han aprovechado de su cargo en la empresa para sus intereses personales. ¿Recuerda que iban diciendo que nosotros nos habíamos enriquecido? Pues ahora hay una jueza que ve indicios de que la mano en el bolsillo de Codeur la han metido ellos. 

- De momento son sólo personas investigadas. 

- Y yo hablo de un presunto delito, pero el quebranto a la empresa se ha producido. La querella la hemos presentado por un posible delito de administración desleal. Podría acabar siendo otra cosa, pero, de momento, la jueza ha visto indicios y el 19 de enero tendrán que declarar como investigados. 

- ¿Podría ampliar los hechos que sostienen la querella de Codeur? 

- Hay ejemplos gravísimos, como la venta de agua depurada sin permiso administrativo y a un precio inferior al de su coste; los 300.000 euros en obras que Juan de la Cruz encargó a la empresa mixta que no podrá cobrar porque las contrató sin seguir los procedimientos de concurso y publicidad que marca la ley, y que el interventor del Ayuntamiento de Vera ha adjuntado sus oportunos reparos; fragmentar en más de cuatro trozos el presupuesto una obra valorada en 400.000 euros para poder adjudicarla a dedo. Es pasarse la ley por el forro para beneficiar a sus amigos. Otro ejemplo sería no repartir beneficios y gastarse ese importe en obras que no corresponde hacer a Codeur, sino al Ayuntamiento, como es el caso de un depósito. 

- Precisamente les acusa la oposición de repartir ustedes beneficios en Codeur para beneficiar al socio privado. 

- Se reparten porque lo exige la ley y las cosas se tiene que hacer con arreglo a la legalidad. Más aún un representante municipal. Además, es una señal de que la empresa está funcionando aunque, como ya le he dicho, habría desaparecido si el PP hubiera estado gobernándola un año más. Yo les pido a Juan de la Cruz Belmonte y José Carmelo Jorge que dimitan porque se les investiga por delitos muy serios. 

- No han sido condenados aún. 

- Su partido ha firmado un acuerdo con Ciudadanos por el que se comprometen a que ningún imputado pueda ejercer un cargo público. 

- ¿Lo que usted ha descrito pasaba sólo en Codeur o también en el Ayuntamiento? 

- Exactamente lo mismo. Se han pagado informes que no están en el Ayuntamiento con el propósito de tejer una red clientelar pagada con dinero público. Cuando dicen que tienen esos informes en sus casas y en el Ayuntamiento no aparecen será porque se referían a asuntos particulares de ellos ¿o usted cómo lo entiende? 

- Yo me limito a escucharle y preguntar. 

- Digo esto para que la opinión pública sepa qué administración tenía con el Partido Popular y, como concejal, mi responsabilidad es ponerlo en conocimiento del juez y exigir los tres millones a los responsables del quebranto. 

- ¿Terminará con esta querella el camino que han emprendido a los juzgados? 

- Ya le anuncio otra que tendrá por objeto la misma conducta, pero llevada a cabo desde el Ayuntamiento. No le quepa duda que pondremos las que haga falta. Le recuerdo que fue el PP quien empezó este camino y ahora andamos todos por él. 

- Entonces ¿de no haber interpuesto el Partido Popular ninguna demanda ustedes no habrían puesto en conocimiento del juez los presuntos delitos que han observado? 

- Si ellos no hubieran desplegado esas malas artes buscando abogados que no han pagado para embarrar todo el campo, no estaríamos jugando ahí. Nosotros nos dedicamos a gestionar para que Codeur no desaparezca.