Anuario 2016: Julio

La guerra de las Galasas

ACTUALIDAD ALMANZORA / 25·01·2017 

Julio fue el mes en que las escaramuzas políticas en Galasa se convirtieron en claras hostilidades y alcanzaron su cénit. La ‘declaración de guerra’ se produjo el día 5, una vez se supo que si antes del 1 de diciembre Galasa no contaba con un plan de reflotación económica creíble para el Ministerio de Hacienda, entraría el proceso de liquidación, meced a la ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a las administraciones y empresas públicas tener pérdidas.

Para el citado 5 de julio se habían convocado el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas y ambos órganos aprobaron una subida de las tarifas que, según su vicepresidente, Javier Aureliano García, buscaba el “equilibrio” entre lo que se cobraba y lo que costaba prestar el servicio. El incremento contó con el respaldo de PP e IU, y la oposición del PSOE.

El vicepresidente de Galasa Javier Aureliano García señaló que “el Levante estaba soportando hasta ahora el déficit de los pueblos del Almanzora y eso es injusto”, al tiempo que aseveraba rotundo que “los clientes de Galasa seguirán pagando, tras la subida, el agua más barata de toda la provincia”.

De forma genérica, la mala gestión que durante años sufrió la empresa era la causante de una Galasa al borde la bancarrota, con casi 40 millones de euros de deuda.

Al detalle se podrían enumerar una larga lista de despropósitos. A saber: la actitud compartida por PP y PSOE de posponer durante años la subida del agua para no indisponer a la opinión pública, a sabiendas de que el servicio no se costeaba con las tarifas vigentes; los acuerdos leoninos impuestos por Acuamed por la compra de agua de la desaladora de Carboneras; los compromisos de financiación adquiridos por Galasa con la tubería entre la desaladora de Carboneras y el resto de la comarca, sin que los dineros de Junta, que había prometido grandes ayudas, llegaran; las injustificables pérdidas de agua en la red, que superaban el 50%; la falta de pago de los ayuntamientos por el agua consumida; el mangoneo general al que se había visto sometida la empresa, donde se colocaban innecesarios asesores políticos con importantes sueldos; la adjudicación de obras sin concurso público; la subcontratación de servicios que la propia Galasa podía realizar con su personal, y la salida de Vera, que suponía el 30% de la facturación, sin que tras ello se tomaran medidas de choque, sumaban un conjunto de males difíciles de conjurar, a no ser que se recurriera al bolsillo de los vecinos vía subida de tarifas. Para colmo, los distintos dirigentes de Galasa habían ido incorporando a nuevos pueblos en términos y condiciones que generaban más déficit a la empresa.

El PSOE se oponía a la medidas propuestas por el PP y respaldadas por IU porque no se atajaban los males de raíz, puesto que se limitaban a hacer recaer sobre los usuarios las consecuencias de una larga y mala gestión. También reclamaban voz para los municipios, entendiendo que cualquier decisión que afectara al servicio debía ser tomada por la Junta de Accionistas -en la que están los alcaldes- y refrendada por los respectivos plenos municipales.

La alcaldesa de Garrucha echó al oficial Pedro Antonio Núñez Quiles, exjefe de la Policía Local, contra la voluntad de todos los agentes –excepto uno-, que suscribieron un documento solicitando la renovación de su contrato. El único que no firmó fue el flamante nuevo jefe, José Antonio Oller.

Núñez Quiles tenía su plaza en la vecina Mojácar, pero desempeñaba sus funciones en comisión de servicio en Garrucha desde 2007, donde fue promovido a la jefatura a instancias del entonces alcalde Juan Francisco Fernández.

“ACTITUD PERSECUTORIA”

El Ayuntamiento de Huércal Overa abonó la indemnización impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por mantener una “actitud persecutoria” contra un vecino, el empresario Diego Ortega, que anteriormente había sido alcalde de la Villa. Los hechos ocurrieron en la época en que los socialistas dirigían el Consistorio y Ortega era el jefe de la oposición.

No se trataba del único ‘agujero’ ocasionado por un PSOE “cuyo líder era Luis García Collado”. Los actuales gobernantes (PP) sostenían que “los daños económicos ocasionados por los políticos los deben pagar esos políticos. La responsabilidad va incluida en el sueldo”. El conjunto de indemnizaciones y devoluciones por convenios incumplidos podría superar los 5 millones de euros.

CRISIS A LA CARBONERA

Pascual Díaz, responsable de Turismo y Tecnologías y representante del PP, generó en Facebook sospechas sobre la fórmula de contratación de los voluntarios de Protección Civil, el destino de 30 teléfonos móviles y la recaudación del parking de la Playa de los Muertos. Por la misma vía recibió respuesta de sus compañeros de coalición, los ediles del GICAR, que calificaron los comentarios de “graves, infundados e indocumentados”.

“Si persisten las graves acusaciones, no tendremos otra opción que replantearnos el actual pacto con el Partido Popular de Carboneras”, añadían los independientes del alcalde Salvador Hernández.

Los pescadores jubilados de Carboneras mantenían su particular pugna con la empresa de puertos por las tasas que por servicios no prestados sigue incrementándoles año a año. El responsable de Zona, Alfonso Rodríguez, les dedicó una airada respuesta: “Si no podéis tener barco, quemadlo”. 

ASUSTA VIEJOS

“¡Os voy a denunciar por orinar en el puerto!”, amenazó el representante de la Autoridad Portuaria, Alfonso Rodríguez, a los pescadores jubilados de Carboneras, tras ver la foto de portada ACTUALIDAD ALMANZORA de la anterior quincena. Y es que los mayores, aceptaron posar orinando en las instalaciones portuarias para protestar por la falta de servicios, incluidos aseos, y las altas tasas que se les cobraban anualmente. Rodríguez, en un encuentro fortuito con lo afectados, les recriminó agriamente sus declaraciones a pesar de que se había negado a recibirlos durante cinco años para hablar del problema.

El encuentro fue tenso. En un momento determinado, el responsable de la APPA llegó a decirles “si no podéis tener barco, quemadlo”.

El 2016, el incremento de la tasa fue del 34% por el sólo hecho de dejarles resguardar sus pequeños barcos en la dársena.

Carboneras fue Ákaba en Lawrence de Arabia por obra y gracia del director David Lean. Nuestra localidad reunió del 22 al 24 de julio a un centenar de escritores en la tercera edición de las jornadas literarias organizadas por el multigalardonado escritor Lorenzo Silva a través de su editorial Playa de Ákaba. En la imagen, a la derecha entrevistado por Javier Irigaray en los estudios de RADIO ACTUALIDAD. 

RENTA PER CÁPITA

Hacienda publicó los datos de renta per cápita de los 2.964 municipios españoles mayores de 1.000 habitantes, exceptuando País Vasco y Navarra, que son gestionados por sus entes forales. En nuestra comarca, los ciudadanos más ‘ricos’ son los de Carboneras, con 20.552 euros anuales, ocupando el número 1.067 del listado. Le siguen Vera, con 20.056 euros (Nº 1.151); Mojácar, con 18.536 euros (Nº 1.477); Huércal Overa, con 18.178 (Nº 1.565); Garrucha, con 17.445 (Nº 1.739); Pulpí, con 17.029 euros (Nº 1.840); Los Gallardos, con 16.377 euros (Nº 2.002) y Cuevas del Almanzora, con 16.268 euros (Nº 2.036). Cierran la relación, Antas, con 15.814 euros (2.172), y Turre, con 15.075 euros (2.327) de renta media bruta anual.

“UN TOPO EN EL PRÓDER”

Durante la última asamblea del Próder-Levante, María Antonia López, alcaldesa de Garrucha y vicepresidenta de la asociación, fue cuestionada por varios de los asistentes, entre ellos el primer edil de Carboneras, por estar en una reunión en la que se abordaba la estrategia que se seguirá en adelante para acceder a los fondos europeos de desarrollo pesquero. El hecho de que la regidora hubiera formado una agrupación alternativa para el mismo fin no gustó. Aparte de considerarla un “topo”, la acusaron de “desleal” e “incoherente”.

El retorno de la pérgola. La familia de la exministra Carmen Chacón volvió a su residencia veraniega de Terreros y, con ella, el conflicto que desde 2011 mantiene con la comunidad de propietarios del complejo residencial por la instalación de una estructura de madera en contra de lo reglamentado en sus estatutos. Previo al inicio de un procedimiento legal, fue advertida por medio de un burofax. Según el representante legal de los vecinos, era el quinto verano que la familia desobedecía el mandato de la comunidad contrario al parasol. 

20.000 HABITANTES SIN URGENCIAS DE NOCHE

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, dependiente de la Consejería de Salud, rechazó la petición remitida por el Ayuntamiento de Pulpí solicitando la ampliación de los servicios médicos y de enfermería en la barriada de San Juan de los Terreros, donde la población aumenta considerablemente durante la época estival hasta alcanzar los 20.000 habitantes.

Así, el servicio de urgencias nocturno sólo se brindaría viernes y sábados, no prestándose de domingo a jueves, siendo necesario desplazarse, ante cualquier eventualidad, al ambulatorio de Pulpí pueblo, que en esos meses cuenta con la tercera parte de habitantes que la pedanía costera.

De esa forma, el de Terreros se convertía en el único núcleo costero de la comarca donde no existía un servicio de 24h.