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| El vertido de aguas residuales mal depuradas al río Almanzora tiñe la desembocadura de tonos verdes que delatan insalubridad e invaden las playas de la propia Cuevas y Vera de “mierda, algas, espumas y malos olores”. |
ACTUALIDAD ALMANZORA / 26·01·2017
La gráfica expresión del Titular sirvió al portavoz popular
en el Ayuntamiento de Vera, Juan de la Cruz Belmonte, para describir la
inacción de la Junta de Andalucía en materia de depuración de aguas residuales
en la comarca. La eliminación de los vertidos seguía siendo una de las más
graves asignaturas pendientes en el Levante almeriense. Una red de depuradoras
obsoletas o inexistentes, merma paulatinamente y cada vez más rápido la calidad
de las aguas que bañan las playas, los ríos y barrancos que surcan este rincón
del mundo poniendo en serio peligro al sector turístico, uno de los pilares de
la economía comarcal. Mientras tanto, la administración competente, la
autonómica, para solucionar el entuerto, se manejaba como un pollo sin cabeza,
sin ponerse manos a la obra y, lo que es peor, sin tener fijado aún un plan
definitivo de actuación. La última opción que estudiaba por entonces, conectar
a seis pueblos con la depuradora de Vera, trascendió y levantó la oposición de
la mayor parte de los responsables políticos locales. Esta alternativa había
sido valorada y desechada por la propia Junta 10 años antes.
El regidor de Bédar, Ángel Collado (PSOE), aseguraba
desconocer la posibilidad de esa conexión (“aquí únicamente conocemos el proyecto
que firmamos para adherirnos a la EDAR que se construirá en Mojácar”) y el
portavoz del gobierno de Vera, Francisco Vázquez (PA), se mostraba bastante
escéptico (“tantas promesas de la Junta no han llegado a nada que no voy a
perder el tiempo en pensar lo que no nos han dicho”). Sin embargo, para Domingo
Fernández (PP), alcalde de Huércal Overa y presidente de la Mancomunidad de
Municipios del Levante, “la falta de inversiones en depuración está poniendo en
serio peligro el sector turístico y el trabajo de miles de vecinos”.
Pero a la alcaldesa de Antas, Isabel Belmonte, le parecía
“muy fuerte” que Medio Ambiente, casi cuatro años después de quedarse sin
depuradora el pueblo, le viniera con la ‘novedosa’ proposición de depurar sus
aguas residuales en la EDAR de Vera, y así se lo transmitió al actual delegado
en Almería, Antonio Martínez, “como también le dije que si el entonces alcalde
de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, no hubiera sido del PP cuando propuse esta misma
solución a hace tres años a la Delegación, la conexión con la depuradora de
Codeur estaría hecha ya. Quisiera ver la cara de José Manuel Ortiz, el delegado
que nos dijo entonces que eso era imposible. Me hubiera gustado ver con qué
cara me decía ahora, después de sacarle 230.000 euros a los ciudadanos de Antas,
entre obras provisionales y expropiaciones, que conectar con ‘Codeur’ es lo
mejor que se puede hacer”.
MIERDA, AGUAS VERDES Y MALOS OLORES
Por su parte, la Asociación de Vecinos
Veraplayazul denunciaba que “con viento de Levante, los vecinos de Vera tienen
que soportar la mierda y el color verde del agua, algas, espumas y malos
olores. La desembocadura del río Almanzora es un grave punto negro del conjunto
del Levante almeriense. Ni la Junta de Andalucía ni los nuevos ayuntamientos de
Cuevas de Almanzora y Vera han movido un dedo para corregir el grave problema.
Desde Sevilla se sigue deshojando la margarita sobre una nueva depuradora;
mientras el cambio de color de los consistorios, que han pasado de estar
gobernados por el PP al PSOE o PA, no ha repercutido sobre el tono y el olor
del agua que vierte el Almanzora”.
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| El sábado 13 de agosto, 53.000 almas se reunieron en el Dreambeach para bailar al ritmo marcado por grandes nombres del rap y la música electrónica. |
DREAMBEACH
160.000 entradas y una ocupación del 100% en todos los
establecimientos hoteleros existentes entre Mojácar y Águilas durante los
cuatro días de conciertos, incluyendo las 30.000 plazas de la zona de acampada,
confirman al Dreambeach como el festival de música electrónica más importante
de España.
Las cifras hablan por sí solas: 6.000.000 de euros de
impacto económico; 160.000 entradas vendidas para las cuatro jornadas; 53.000
asistentes en el día de más afluencia; 30.000 plazas de acampada totalmente
ocupadas; 464.000 watios; 900 empleos directos; 200 periodistas acreditados y
100 artistas para cuatro días completos de diversión. Toda una lluvia de dinero
y decibelios para una comarca que ha hecho suyo el evento.
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| El alcalde de Carboneras acusa en la Fiscalía a la oposición de denuncia falsa por la querella que recibió en los juzgados de Vera por presunta denegación de información. |
DENUNCIANTE DENUNCIADO
La
Sala de lo Penal nº 1 de Almería señalaba para el 28 de octubre la fecha en que
debía celebrarse el procedimiento seguido contra el alcalde independiente de
Carboneras, Salvador Hernández, acusado de impedir el acceso de la oposición a
los expedientes municipales. Sin embargo Hernández pidió auxilio al Ministerio
Público porque la versión de sus adversarios políticos “desprecia la verdad”,
“simula delitos” y “atenta” contra su honor. Fundaba su alegato en la
certificación del secretario. Según ésta, el portavoz socialista José Luis
Amérigo rechazaba múltiples citaciones cursadas para que revisara o retirara
los expedientes que decía no haber recibido. La Policía Local ratificaba los
hechos en al menos 18 actas.
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| Pese a los reparos del interventor de Vera Guillermo Mañas -a la derecha-, el gobierno municipal asume el cobro de 3,5 millones que Codeur se ve incapaz de ingresar de algunos propietarios de la playa a los que se les están urbanizando sus terrenos. |
UNA
DEUDA “IMPROPIA”
El
interventor municipal de Vera consideró impropia, y así lo objetó en el pleno
celebrado el 9 de agosto, la fórmula usada por el equipo de gobierno para
permitir a la mercantil semipública Codeur, fundada por el Consistorio y Key
Mare para desarrollar y cobrar a los propietarios de suelo las obras de
urbanización de la costa, que se desentendiera de la morosidad y la endosara a
la contabilidad municipal. Añadía que si el Ayuntamiento consintió a Codeur
quedarse con los intereses generados por los más de 60 millones recaudados
desde 2005 por este proyecto, justo sería reclamárselos ahora que deriva la
morosidad al Consistorio.
El
fondo del asunto son 3.487.806,33 euros que sumaban las cuotas no pagadas por varios
de los beneficiarios del Plan Especial de la Costa. El funcionario reconocía
que sólo la administración local, y no su empresa mixta, era habilitada para
iniciar el cobro a través de procedimientos ejecutivos de embargo, pero
insistía en que esto no significaba que tuviera que asumir contablemente las
deudas que los propietarios hubieran generado a su mandada Codeur. El equipo de
gobierno asumió la deuda contable al amparo del informe no difundido del
secretario municipal y de otros dos externos encargados por la empresa mixta.
El endose de la millonaria cifra a la Tesorería Municipal
era, a juicio de la oposición, una imperdonable maniobra del gobierno veratense
para satisfacer al socio privado en la mercantil Codeur, con la única finalidad
de sanear las cuentas de la sociedad semipública y repartir beneficios.
Otra versión bien distinta contaba el portavoz andalucista,
Francisco Vázquez: “El Ayuntamiento no hace más que asumir la responsabilidad
de cobrar a quienes no han pagado sus aportaciones por la urbanización de los
terrenos de la costa”. Y añadió: “Que nadie olvide que la deuda de los
propietarios no es con Codeur, sino con el Ayuntamiento. Codeur sólo está
contratada por el Ayuntamiento para hace el trabajo y cobrar en voluntaria”.
Un aspecto que no llegó a aclararse es dónde se acomodaban,
dentro de la contabilidad municipal, los 3,5 millones de euros. Si era con
cargo al presupuesto de 2015, la liquidación de ese año, aprobada inicialmente
y enviada a Hacienda y al Tribunal de Cuentas, no respondería a la realidad,
señaló el interventor. El portavoz Vázquez dejó abierta la posibilidad de
hacerlo “donde se tenga que hacer, pero siempre respetando la legalidad”.
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Este anuncio hizo saltar las alarmas. La oposición de Vera advierte al gobierno de Félix López que terrenos municipales ocupados por el parque de El Algarrobo, y que fueron cedidos por el grupo Key Mare –en proceso de liquidación-, han salido a subasta.
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PARQUE DEL ALGARROBO
El 9 de agosto se debatía en el Pleno del Ayuntamiento de
Vera una situación digna de Kafka. El asunto arrancó el 21 de febrero, cuando
una página especializada en mostrar bienes procedentes de embargos o de
concursos de acreedores, ‘Concursales online’, anunciaba en la red la subasta
de unos terrenos en los que se asienta el parque periurbano de la rambla de El
Algarrobo, pero cuya propiedad legal aparecía a nombre de la mercantil Key
Mare.
Alguien vio la información y la puso en conocimiento de la oposición,
el Grupo Popular, que al día siguiente se personó en la Casa Consistorial para
registrar un escrito dirigido al alcalde con el fin de ponerle al tanto de la
situación e instar al regidor Félix López (PA) a adoptar las medidas necesarias
con el fin de esclarecer el asunto.
Los populares promovieron, sin éxito, que el Gobierno de la
ciudad rindiera explicaciones en el Pleno ordinario celebrado en mayo, pero
sólo consiguieron abrir el debate en otra sesión que hubieron de solicitar con
carácter extraordinario en agosto.
Los 43.300 m2 de suelo en que se asienta el parque habían
sido cedidos gratuitamente al Ayuntamiento por Key Mare que, posteriormente,
dio en concurso de acreedores y a la postre en situación de liquidación, sin
embargo la cesión no había sido inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo
que el administrador concursal incluyó su subasta en su plan de liquidación.
Para
el portavoz de la oposición, el popular Juan de la Cruz Belmonte, se trataba de
“un asunto muy peliagudo que es necesario aclarar”. Además, instó al alcalde
“la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía provincial al objeto de
la posible depuración de responsabilidades” por parte de los gestores de Key
Mare, que habrían hipotecado, presuntamente, los terrenos en cuestión después
de cederlos al Consistorio.
Desde
el gobierno municipal restaban importancia al asunto, aunque reconocían que
“todo fue un error nuestro, por no haber inscrito en su día la finca, y del
tasador que la valoró desde un despacho sin acercarse a verla”.
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