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Anuario 2016: Agosto

“Están ahogando en orines a la gallina de los huevos de oro”




El vertido de aguas residuales mal depuradas al río Almanzora tiñe la desembocadura de tonos verdes que delatan insalubridad e invaden las playas de la propia Cuevas y Vera de “mierda, algas, espumas y malos olores”.
 ACTUALIDAD ALMANZORA / 26·01·2017

La gráfica expresión del Titular sirvió al portavoz popular en el Ayuntamiento de Vera, Juan de la Cruz Belmonte, para describir la inacción de la Junta de Andalucía en materia de depuración de aguas residuales en la comarca. La eliminación de los vertidos seguía siendo una de las más graves asignaturas pendientes en el Levante almeriense. Una red de depuradoras obsoletas o inexistentes, merma paulatinamente y cada vez más rápido la calidad de las aguas que bañan las playas, los ríos y barrancos que surcan este rincón del mundo poniendo en serio peligro al sector turístico, uno de los pilares de la economía comarcal. Mientras tanto, la administración competente, la autonómica, para solucionar el entuerto, se manejaba como un pollo sin cabeza, sin ponerse manos a la obra y, lo que es peor, sin tener fijado aún un plan definitivo de actuación. La última opción que estudiaba por entonces, conectar a seis pueblos con la depuradora de Vera, trascendió y levantó la oposición de la mayor parte de los responsables políticos locales. Esta alternativa había sido valorada y desechada por la propia Junta 10 años antes.
El regidor de Bédar, Ángel Collado (PSOE), aseguraba desconocer la posibilidad de esa conexión (“aquí únicamente conocemos el proyecto que firmamos para adherirnos a la EDAR que se construirá en Mojácar”) y el portavoz del gobierno de Vera, Francisco Vázquez (PA), se mostraba bastante escéptico (“tantas promesas de la Junta no han llegado a nada que no voy a perder el tiempo en pensar lo que no nos han dicho”). Sin embargo, para Domingo Fernández (PP), alcalde de Huércal Overa y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante, “la falta de inversiones en depuración está poniendo en serio peligro el sector turístico y el trabajo de miles de vecinos”.
Pero a la alcaldesa de Antas, Isabel Belmonte, le parecía “muy fuerte” que Medio Ambiente, casi cuatro años después de quedarse sin depuradora el pueblo, le viniera con la ‘novedosa’ proposición de depurar sus aguas residuales en la EDAR de Vera, y así se lo transmitió al actual delegado en Almería, Antonio Martínez, “como también le dije que si el entonces alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, no hubiera sido del PP cuando propuse esta misma solución a hace tres años a la Delegación, la conexión con la depuradora de Codeur estaría hecha ya. Quisiera ver la cara de José Manuel Ortiz, el delegado que nos dijo entonces que eso era imposible. Me hubiera gustado ver con qué cara me decía ahora, después de sacarle 230.000 euros a los ciudadanos de Antas, entre obras provisionales y expropiaciones, que conectar con ‘Codeur’ es lo mejor que se puede hacer”.

MIERDA, AGUAS VERDES Y MALOS OLORES
Por su parte, la Asociación de Vecinos Veraplayazul denunciaba que “con viento de Levante, los vecinos de Vera tienen que soportar la mierda y el color verde del agua, algas, espumas y malos olores. La desembocadura del río Almanzora es un grave punto negro del conjunto del Levante almeriense. Ni la Junta de Andalucía ni los nuevos ayuntamientos de Cuevas de Almanzora y Vera han movido un dedo para corregir el grave problema. Desde Sevilla se sigue deshojando la margarita sobre una nueva depuradora; mientras el cambio de color de los consistorios, que han pasado de estar gobernados por el PP al PSOE o PA, no ha repercutido sobre el tono y el olor del agua que vierte el Almanzora”.

El sábado 13 de agosto, 53.000 almas se reunieron en el Dreambeach para bailar al ritmo marcado por grandes nombres del rap y la música electrónica.  
DREAMBEACH
160.000 entradas y una ocupación del 100% en todos los establecimientos hoteleros existentes entre Mojácar y Águilas durante los cuatro días de conciertos, incluyendo las 30.000 plazas de la zona de acampada, confirman al Dreambeach como el festival de música electrónica más importante de España.
Las cifras hablan por sí solas: 6.000.000 de euros de impacto económico; 160.000 entradas vendidas para las cuatro jornadas; 53.000 asistentes en el día de más afluencia; 30.000 plazas de acampada totalmente ocupadas; 464.000 watios; 900 empleos directos; 200 periodistas acreditados y 100 artistas para cuatro días completos de diversión. Toda una lluvia de dinero y decibelios para una comarca que ha hecho suyo el evento.

El alcalde de Carboneras acusa en la Fiscalía a la oposición de denuncia falsa por la querella que recibió en los juzgados de Vera por presunta denegación de información.
DENUNCIANTE DENUNCIADO
La Sala de lo Penal nº 1 de Almería señalaba para el 28 de octubre la fecha en que debía celebrarse el procedimiento seguido contra el alcalde independiente de Carboneras, Salvador Hernández, acusado de impedir el acceso de la oposición a los expedientes municipales. Sin embargo Hernández pidió auxilio al Ministerio Público porque la versión de sus adversarios políticos “desprecia la verdad”, “simula delitos” y “atenta” contra su honor. Fundaba su alegato en la certificación del secretario. Según ésta, el portavoz socialista José Luis Amérigo rechazaba múltiples citaciones cursadas para que revisara o retirara los expedientes que decía no haber recibido. La Policía Local ratificaba los hechos en al menos 18 actas.

Pese a los reparos del interventor de Vera Guillermo Mañas -a la derecha-, el gobierno municipal asume el cobro de 3,5 millones que Codeur se ve incapaz de ingresar de algunos propietarios de la playa a los que se les están urbanizando sus terrenos.
UNA DEUDA “IMPROPIA”
El interventor municipal de Vera consideró impropia, y así lo objetó en el pleno celebrado el 9 de agosto, la fórmula usada por el equipo de gobierno para permitir a la mercantil semipública Codeur, fundada por el Consistorio y Key Mare para desarrollar y cobrar a los propietarios de suelo las obras de urbanización de la costa, que se desentendiera de la morosidad y la endosara a la contabilidad municipal. Añadía que si el Ayuntamiento consintió a Codeur quedarse con los intereses generados por los más de 60 millones recaudados desde 2005 por este proyecto, justo sería reclamárselos ahora que deriva la morosidad al Consistorio.
El fondo del asunto son 3.487.806,33 euros que sumaban las cuotas no pagadas por varios de los beneficiarios del Plan Especial de la Costa. El funcionario reconocía que sólo la administración local, y no su empresa mixta, era habilitada para iniciar el cobro a través de procedimientos ejecutivos de embargo, pero insistía en que esto no significaba que tuviera que asumir contablemente las deudas que los propietarios hubieran generado a su mandada Codeur. El equipo de gobierno asumió la deuda contable al amparo del informe no difundido del secretario municipal y de otros dos externos encargados por la empresa mixta.
El endose de la millonaria cifra a la Tesorería Municipal era, a juicio de la oposición, una imperdonable maniobra del gobierno veratense para satisfacer al socio privado en la mercantil Codeur, con la única finalidad de sanear las cuentas de la sociedad semipública y repartir beneficios.
Otra versión bien distinta contaba el portavoz andalucista, Francisco Vázquez: “El Ayuntamiento no hace más que asumir la responsabilidad de cobrar a quienes no han pagado sus aportaciones por la urbanización de los terrenos de la costa”. Y añadió: “Que nadie olvide que la deuda de los propietarios no es con Codeur, sino con el Ayuntamiento. Codeur sólo está contratada por el Ayuntamiento para hace el trabajo y cobrar en voluntaria”.
Un aspecto que no llegó a aclararse es dónde se acomodaban, dentro de la contabilidad municipal, los 3,5 millones de euros. Si era con cargo al presupuesto de 2015, la liquidación de ese año, aprobada inicialmente y enviada a Hacienda y al Tribunal de Cuentas, no respondería a la realidad, señaló el interventor. El portavoz Vázquez dejó abierta la posibilidad de hacerlo “donde se tenga que hacer, pero siempre respetando la legalidad”.


Este anuncio hizo saltar las alarmas. La oposición de Vera advierte al gobierno de Félix López que terrenos municipales ocupados por el parque de El Algarrobo, y que fueron cedidos por el grupo Key Mare –en proceso de liquidación-, han salido a subasta.

 
PARQUE DEL ALGARROBO
El 9 de agosto se debatía en el Pleno del Ayuntamiento de Vera una situación digna de Kafka. El asunto arrancó el 21 de febrero, cuando una página especializada en mostrar bienes procedentes de embargos o de concursos de acreedores, ‘Concursales online’, anunciaba en la red la subasta de unos terrenos en los que se asienta el parque periurbano de la rambla de El Algarrobo, pero cuya propiedad legal aparecía a nombre de la mercantil Key Mare.
Alguien vio la información y la puso en conocimiento de la oposición, el Grupo Popular, que al día siguiente se personó en la Casa Consistorial para registrar un escrito dirigido al alcalde con el fin de ponerle al tanto de la situación e instar al regidor Félix López (PA) a adoptar las medidas necesarias con el fin de esclarecer el asunto.
Los populares promovieron, sin éxito, que el Gobierno de la ciudad rindiera explicaciones en el Pleno ordinario celebrado en mayo, pero sólo consiguieron abrir el debate en otra sesión que hubieron de solicitar con carácter extraordinario en agosto.
Los 43.300 m2 de suelo en que se asienta el parque habían sido cedidos gratuitamente al Ayuntamiento por Key Mare que, posteriormente, dio en concurso de acreedores y a la postre en situación de liquidación, sin embargo la cesión no había sido inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que el administrador concursal incluyó su subasta en su plan de liquidación.
Para el portavoz de la oposición, el popular Juan de la Cruz Belmonte, se trataba de “un asunto muy peliagudo que es necesario aclarar”. Además, instó al alcalde “la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía provincial al objeto de la posible depuración de responsabilidades” por parte de los gestores de Key Mare, que habrían hipotecado, presuntamente, los terrenos en cuestión después de cederlos al Consistorio.
Desde el gobierno municipal restaban importancia al asunto, aunque reconocían que “todo fue un error nuestro, por no haber inscrito en su día la finca, y del tasador que la valoró desde un despacho sin acercarse a verla”. 

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