Seis kilos a las costillas de Huércal Overa. |
ACTUALIDAD ALMANZORA / 17·01·2017
Según el alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández, sería el fruto de
“los despropósitos del anterior gobierno socialista”, y se trataría de la suma
del dinero que diferentes empresas reclaman al Consistorio por asuntos
pendientes desde antes de que el PP ganara las elecciones municipales de mayo
de 2011.
Inversiones y Gestiones Huércal Overa, 2,3 millones más intereses desde
2007 (la cifra se iría a 3,3 millones); Técnicas Reunidas, alrededor de 1,5
millones; Ballabona Golf, 511.549, euros; particulares residentes en San
Francisco, 300.000 euros; Tisán Sureste, 250.000 euros; Las Cuatro Torres,
230.000 euros; Jarquil, 106.485 euros; Ferrovial, 40.053 euros. Total, 6,2
millones de euros.
Se trata de una pesada lista de reclamaciones económicas que pendían sobre
el Ayuntamiento y cuyo pago –en
algunos casos ya se había hecho efectivo- sería inmediato, puesto que la orden
de abono provendría de los tribunales de justicia.
En agosto de 2015, el Pleno aprobó adherirse al programa ‘Fondo de Impulso
Económico’ que promueve el Gobierno de España y contempla créditos al 0% de
interés para obligaciones extraordinarias de los municipios. Huércal Overa se
adhirió solicitando 5 millones.
Sin embargo, según el edil socialista Antonio López Olmo,
esos problemas económicos “son consecuencia de la gestión errática del PP”. El
edil acusaba al equipo popular como responsable de ese agujero en las arcas
municipales y lo achacaba a una gestión que calificó de “nefasta”, “errática” y
de rozar “la ilegalidad”.
Afirmó que “si el PP hubiese hecho las gestiones
oportunas, ni Ballabona Golf ni Tisan reclamarían al Ayuntamiento las
cantidades que entregaron a cuenta cuando firmaron el convenio urbanístico”.
También aseguró que “no hubo persecución política al
exalcalde Diego Ortega, gerente de Inversiones
y Gestiones Huércal Overa”. El fallo que le da la razón, aclaró López
Olmo, “fue fruto de un error cometido por los abogados”, y concluyó que “es el
momento de dejar de llorar y empezar a trabajar por Huércal Overa. En el PP se
limitan a huir hacia adelante acusando a la oposición de matar a Manolete en
una maniobra de pura distracción”.
A José Luis Heredia, de Cajamar, le tocó el gordo de navidad. |
MONEY FOR NOTHING
O por 'casi nothing'. José Luis Heredia, director General de Cajamar, cobró
de una sociedad vinculada al empresario Miguel Rifá 1,2 millones de euros por
un secarral sin valor de poco más de media hectárea situado en Vera. Rifá es
uno de los principales deudores de Cajamar y Hacienda le acusa de
descapitalizar sus sociedades para defraudar más de 100 millones de euros en
impuestos.
Rifá disfrutó durante años de cuantiosos créditos de la entidad, pagó a
Heredia y a su número dos, Viúdez, 400 millones de pesetas por 14.000 m2 de
secano -1,2 millones para cada uno-.
Nadie en La Caja había precisado hasta el momento si existían sospechas
sobre una posible relación entre la aprobación de préstamos y las operaciones
especulativas que llenaban de dinero los bolsillos de sus directivos.
PLAN MARSHALL PARA PALOMARES
El diputado de Ciudadanos Diego
Clemente registró el 29 de marzo dos preguntas y una Proposición No de Ley en
el Congreso interesándose por la limpieza de la barriada cuevana. Interpelaba
al Gobierno sobre la actividad de la comisión bilateral que el acuerdo
hispanonorteamericano firmado en octubre de 2015 preveía para acometer y dirigir
los trabajos de descontaminación de los suelos afectados por el accidente
radiactivo de 1966, y por la ‘transparencia’ informativa sobre el desarrollo de
esas tareas.
Para Clemente, Palomares
necesita un ‘Plan Marshall’ “para resarcirla de 50 años de agravio” que elimine
el plutonio del terreno antes de que se convierta en americio “y corramos con
las consecuencias”.
CONTRA LA TASA DE ALBOX
El Partido Popular preparó una moción para debatir en
los ayuntamientos del norte
provincial, y también en la Diputación, para oponerse a la tasa que el gobierno
de Albox (PSOE) estableció unilateralmente en 2014 para compensar las
consecuencias que el vertedero supracomarcal del Consorcio tiene en su término
municipal.
La moción recordaba que la planta está ahí “porque el
Ayuntamiento de Albox lo solicitó en 1998, obteniendo así el beneficio que
supone la creación de puestos de trabajo, licencias, impuesto de vehículos,
impuesto de actividades económicas, etc… a modo de compensación”.
Sin embargo, el 27 de enero de 2014, el Consistorio
publicó la aprobación de la “ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización de depósitos o vertederos en el término municipal”, señalando que su finalidad “radica en el hecho de
gestionar, supervisar, inspeccionar y controlar los depósitos o vertederos
controlados”.
La tasa contempla una tarifa de 12 euros por tonelada de
basura. Como los vertidos suman 80.000 toneladas al año, el pago exigido al
Consorcio sería de 960.000 euros al año que, probablemente, de salir adelante,
se repercutirá en los recibos que el Consorcio gira a los vecinos.
TODO PARA ITESA
El PSOE de Mojácar destapaba que, en 2014,
las tres adjudicaciones para reformar la vía pública se encomendaron a la misma
empresa, ITESA. En total, 483.564,84 euros en sólo un año. Primaban en las
clausulas de la concesión el precio y el periodo de ejecución. Ninguno de los
dos preceptos se cumplieron, según el portavoz socialista, Manuel Zamora, pero
el Ayuntamiento, lejos de aplicar la penalización prevista, “premió” a la mercantil
admitiendo sus modificados presupuestarios al alza o le volvía a encomendar,
como obras complementarias, actuaciones que ya venían recogidas originalmente
en el proyecto. Lo denunciaba el edil del PSOE basándose “en las actas de las
juntas de gobierno”.
SUELDOS PER TUTTI
La oposición denunciaba la
liberación de tres concejales más en el pleno celebrado en Garrucha el 2 de
marzo, y recordó la promesa socialista de rebajar un 30% el importe de la
nómina de los políticos. Además, el portavoz popular, Juan Francisco Fernández
acusaba a la alcaldesa de haber perpetrado el incremento de sueldos políticos
“con nocturnidad y alevosía al no haber informado del mismo en la comisión
informativa y estar escondido
dentro de las bases de ejecución del presupuesto”.
Tras la aprobación, a María
Antonia López, que disfrutaba de un sueldo anual de 36.000 euros; José Antonio
Gallardo y María Luisa Campoy, que se beneficiaban de 26.000 euros al año y
Juan Pedro Molina, con una remuneración de 17.000 euros; se sumaban Diego
Morales y Ángel Capel con una dedicación parcial que les habría de importar
17.000 euros anuales a cada uno, y María del Rocío Galindo, que alcanzará los
26.000 euros.
DEMOLICIÓN, DEPURACIÓN, LAMINACIÓN
Tres palabras para resumir la entrevista que concedió el
delegado de Medio Ambiente, Antonio Martínez. Refiriéndose al polémico hotel,
el joven purchenero, prefería mirar al futuro y aseguró que quienes le
antecedieron en el cargo intentaron hacerlo “lo mejor posible”. Para el
responsable de la Consejería en Almería, llegó el momento de “dar solución a
los problemas”, y la de El Algarrobico se llama demolición. La de las
depuradoras en la comarca consistiría en “salvar los obstáculos
administrativos” y la de los desbordamientos del río Antas la puso en el tejado
del Gobierno Central. Su nombre es laminación, una obra “de interés general y,
por tanto, competencia del Estado”.
ADIÓS, AVENIDA, ADIÓS
El delegado provincial de Fomento, Joaquín Jiménez, hizo
balance de los ‘deberes’ de su departamento con la comarca. Puso fecha de
conclusión para el soterramiento del acceso al Puerto de Garrucha – Semana
Santa- y la segunda fase del desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha, pero
no quiso pronunciarse sobre el coste que tendrá la obra más emblemática de
Turre, aunque sí aseguró que “hemos de olvidar el plan de los 6 millones. Los
vecinos merecen una infraestructura realista, posible y digna a la vez”.
Además, desveló que “Susana Díaz está auspiciando un plan de reactivación
específico para toda la comarca del Levante y el Almanzora en el que ha
implicado a todos los departamentos de la Junta”.
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