![Imagen izquierda](<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://3.bp.blogspot.com/-ML166rvgyzM/VgAZrR0SeII/AAAAAAAAEKU/Et8_Nx1VOc8/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-ML166rvgyzM/VgAZrR0SeII/AAAAAAAAEKU/Et8_Nx1VOc8/s320/01.jpg" width="230" /></a></div> <h4> <br /></h4>)
El subdirector de Cajamar se ‘forró’ con la venta de 7.000 m2 de secano
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Bartolomé Viúdez
junto a tres de los 19 pagarés que recibió de un empresa vinvulada al
empresario Miguel Rifá. El primero de ellos fue de 300.000 euros.
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José Luis Heredia, director
general de la Caja, su número dos, Bartolomé Viúdez, y el jefe de zona,
Francisco Alonso, daban el visto bueno a créditos millonarios para empresas de
Rodríguez Valero y Miguel Rifá que, finalmente, quedaban pegados como activos
tóxicos a las costillas de la entidad financiera. Al mismo tiempo, los tres
directivos hacían negocios o formaban sociedades con los empresarios citados.
Como muestra, en febrero veían la luz copias de los pagarés mediante los que
Viúdez cobró 1.232.070 euros por un erial de apenas 7.000 m2.
Si bien estas conductas son
incompatibles con lo estipulado en los estatutos de Cajamar y en el código
ético que el Banco de España impone a ese tipo de entidades, lejos de adoptar
medidas disciplinarias, la Caja los propuso por esos días como miembros del
futuro Consejo Rector.
Después de 8 meses y una docena
de artículos que ACTUALIDAD reeditó en un dossier, la Caja seguía sin dar la
cara. Ni una aclaración, ni una nota de prensa, desmentido o acción judicial
ante unas informaciones veraces respaldadas con amplia documentación.
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EL SUPREMO ‘SENTENCIA’ A EL
ALGARROBICO
El Alto Tribunal daba la razón el 18 de febrero a los
recursos presentados por Greenpeace y la Junta de Andalucía. El fallo
consideraba no urbanizables los terrenos sobre los que se asienta el edificio y
validaba el derecho de adquisición que ejerció la administración autonómica
sobre la parcela.
Según el abogado de Greenpeace, tras la previsible
declaración de nulidad de la licencia de obras por parte del Tribunal de
Estrasburgo, la sombra de la responsabilidad patrimonial se cierne sobre
quienes la concedieron, Cristóbal Fernández y los ediles que votaron a su
favor. Han sido Greenpeace y los grupos ecologistas que integran la plataforma
‘Algarrobico No’ quienes decidieron exigir esa responsabilidad al exalcalde y
su equipo para cubrir los gastos de demolición y restauración paisajística del
paraje.
El Gobierno Central se encargaría del derribo y la Junta
de restaurar el lugar en función del acuerdo firmado por ambas
administraciones.
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| El 25 de febrero fallecía Julio Rull, que fuera durante largo tiempo concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y Diputado provincial. Un infarto le fulminó con las primeras luces del alba. |
VERA VS GOBIERNO DE ESPAÑA
El 17 de febrero, el alcalde Félix López anunciaba que la
Audiencia Nacional había admitido a trámite la denuncia interpuesta por el
Ayuntamiento contra el Ejecutivo Central “por no llevar a cabo las obras de
laminación del río Antas contempladas en el anexo 2º de la Ley 10/2001 de 5 de
julio de 2001”.
López se refería a la ley que publicaba el derogado Plan
Hidrológico Nacional, que en palabras del regidor, “recogía la obligación del
Estado de realizar la actuación en el cauce para seguridad y prevención de
riesgos” tras haber sido declarada obra “de interés general”.
Por su parte, Juan de la Cruz
Belmonte, portavoz de los populares veratenses, explicó su oposición a la
demanda en el Pleno de 22 de septiembre de 2015 “porque no entendíamos que no
se denunciara también a la Junta por no acometer el dragado y la limpieza del
cauce”.
“ACTO CRIMINAL”
Días más tarde, Francisco Vázquez, portavoz del equipo de
gobierno de Vera, volvió a elevar el tono de la política municipal veratense.
Acusó al PP de haber cometido un “acto criminal”. Lo dijo durante un pleno
celebrado el 25 de febrero. Los ediles populares abandonaron el pleno tras
advertir sobre la posible ilegalidad de aprobar las tarifas del agua
reutilizada sin haber pasado por comisión informativa, pero el andalucista
aseguró que los populares abandonaron la sala para no tener que responder por
la venta de agua depurada sin los “imprescindibles” permisos sanitarios de la
Junta y la aprobación de tarifas.
“Si alguien contrajera una salmonelosis en donde vendían
el agua reutilizada, la justicia habría caído sobre Codeur y el Ayuntamiento”,
afirmó Vázquez.
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Villaricos pudo contar con
un templo como éste firmado por el propio Antoni Gaudí de haber prosperado un
proyecto de 1882 auspiciado por monjes benedictinos. Historias como ésa se pueden leer en 'Historias para una historia: Cuevas del Almanzora y su provincia', de Enrique Fernández Bolea.
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ESQUILADOS ANTE NOTARIA
El PSOE de Carboneras intenta probar que
el alcalde Salvador Hernández (GICAR) les niega información. El primer edil
aparece como imputado por ese motivo en la causa abierta por el juzgado número
2 de Vera, pero los informes del secretario municipal y el coordinador del
Ayuntamiento lo desmienten. También discrepa del PSOE el sindicato CSIF, que
advierte de maniobras de acoso por parte de los socialistas a los funcionarios
responsables de custodiar el archivo público.
La última actuación la llevaron a cabo los
ediles Ramón Soto y Mateo J. Hernández. Se presentaron en el Ayuntamiento con
una notaria para que verificara sus quejas y acabaron con un acta en las manos
que daba fe de “que [el secretario accidental] en ningún caso se niega a
entregar los informes”.
El portavoz del sindicato CSIF, Gil
Cazorla, acusaba a concejales del Grupo Socialista de presionar a los trabajadores
del Ayuntamiento en lo que le parece “una estrategia que pretende recopilar
argumentos para el juicio que instaron contra el actual alcalde” por negarles
supuestamente información, y exigía que dejaran “a los trabajadores tranquilos
y no los mezclen en maniobras políticas”. El sindicalista solicitó la mediación
del secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, para que aporte
“la cordura y sensatez que falta a sus compañeros de Carboneras”.
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| El Tribunal de Cuentas condenó por el caso 'Cheques' al exdelegado de Medio Ambiente, Clemente García Varela, y un funcionario. Les consideró responsables de la 'desaparición' de 182.470,21 euros en los fondos públicos. El que fuera cabeza de la Consejería en Almería sería el causante del pago a un diario provincial de 41.760 euros que estaban destinados al Fondo de Mejora Forestal. |
MALOS AIRES EN BÉDAR
El que se repira en la localidad –y el resto de la
comarca- es el 2º peor de Andalucía. Así lo indicaban los datos aportados por
la estación de control que existe en Bédar, cuyos niveles de ozono
troposférico, el malo, son de los más altos de España, sólo superados en Andalucía
por los registrados en un polígono industrial de Córdoba. Ecologistas en Acción
advertía que la Junta de Andalucía incumple la legalidad al no contar con un
plan vigente de reducción de ozono, como establece la Ley estatal de calidad
del aire. El 31 de diciembre de 2015 había caducado el anterior plan sin haber
sido actualizado ni sustituido por otro. La contaminación en la comarca se
generaría, según los ecologistas, “en las centrales de Endesa y Holcim, en
Carboneras, y en la de Abengoa, en Villaricos”. El tráfico de la autovía
también contribuiría a esta situación.
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