Anuario 2016: Enero

La desaladora de Palomares fue el origen de la trama de presunta corrupción en ACUAMED

Arcadio Mateo, director general de ACUAMED, en prisión preventiva por el caso Frontino. En la foto, tras someterse a un trasplante de pelo que pagó una de las concesionarias.

ACTUALIDAD ALMANZORA / 13·01·2017 

El testimonio de un técnico denunciando que la sociedad estatal y la constructora de la desaladora del Bajo Almanzora intentaron llegar a un “acuerdo ilegal” para reparar los desperfectos ocasionados por las riadas en 2012, desencadenó que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investigaran si directivos de Acuamed y altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente dieron trato de favor a varias empresas concesionarias. 

La Guardia Civil encontró en el domicilio del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, 120.000 euros en billetes de 500 ocultos entre libros. A Mateo también le ‘regaló’ una de las compañías beneficiadas “un implante de pelos” que se hizo durante un viaje a Turquía. 

El presunto fraude se cifraba entre 20 y 25 millones de euros y se habría cometido al amañar los contratos y manipular las certificaciones de obras, lo que contó con la supuesta connivencia de altos cargos del Ministerio de Agricultura, varios directivos de Acuamed y responsables de las adjudicatarias. Los implicados, al parecer, urdieron un plan para resarcir a la constructora FCC la reparación –que no se llegó a hacer- de los desperfectos ocasionados por la riada de 2012 en la desaladora de Palomares. 

La operación, bautizada como 'Frontino', se saldaba 13 detenidos, entre ellos el número dos de la vicepresidenta del Gobierno. Cinco fueron enviados a prisión provisional sin fianza. Uno de los principales implicados señaló a Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente en los tiempos en que se sitúan los hechos, como parte de la trama. 

María Ludeña, una joven residente en Vera, llevará al Hospital de Huércal Overa ante los juzgados por la presunta negligencia que ocasionó la pérdida del bebé que esperaba. Cuestión de mala suerte, le dijeron, pero ella sospecha que no fue el azar sino una sobredosis de oxitocina lo que le privó de acunar a Noah.

EL DR. MENGELE EN PALOMARES 

50 años después del accidente nuclear, el periodista José Herrera desvelaba que España y los EEUU optaron por dejar intactas “las condiciones para un laboratorio vivo en un medio rural donde coexistían cultivos agrícolas, flora silvestre, seres humanos y ganado. Por eso políticos y militares de ambos países asumieron riesgos para los vecinos que han condicionado el devenir de la zona y sus pobladores”. Es decir, acordaron que Palomares era ideal para reportar información científica sobre las consecuencias de la radioactividad en las personas y su entorno. Los palomareños pasaron a ser ‘cobayas’ por orden del Dr. Langham, “un Mengele” norteamericano, según Herrera. 

“Los americanos defendían sus intereses; el gobierno español dejó hacer y abandonó a la gente”, lamentaba el periodista. Por su parte, Gonzalo Leal Echevarría, ingeniero que participó en la limpieza que se llevó a cabo en el momento del accidente, afirmó que “hemos tenido 50 años de gobiernos convencidos de que era inútil exigir la limpieza de Palomares” 

CONSEJEROS A JUICIO 

La sala nº 3 de Vera admitió la querella del PP local contra cuatro ediles del actual equipo de gobierno y los dos consejeros de Key Lanzarote en Codeur “por haber tomado decisiones lesivas para los intereses de la empresa mixta”. El andalucista Francisco Vázquez acusaba a los populares de buscar “hacer ruido” y les hacía dos advertencias: la primera es que “no van a conseguir nada”, y la segunda “que se vayan preparando”. 

Los populares sospechaban que los investigados habrían podido incurrir en un delito de prevaricación a resultas del acuerdo plenario adoptado el día 24 de junio anterior, en el que se nombraron consejeros de Codeur, entre otros, a Félix López y Francisco Vázquez, contra los que ya habían interpuesto dos denuncias que, a su juicio, les imposibilitaría para ser consejeros en la empresa mixta. Pero uno de los primeros acuerdos adoptados por los nuevos administradores de Codeur fue, precisamente, retirar esas dos demandas. 

“NOS HEMOS COMIDO UN MARRÓN” 

Un camión de la compañía Valero Alonso salió de Antas en la madrugada del 21 de enero, con destino a Holanda, cargado de productos agrícolas y un palet con dos generadores de una empresa de Molina del Segura. 

En Hendaya, los perros de la gendarmería señalaron el compartimento en el que estaban los artefactos eléctricos. Al desmontarlos, aparecieron 1,8 toneladas de resina de hachís. Destapado el asunto, los propietarios de la carga, clientes de la empresa de transportes, desaparecieon de la localidad murciana. 

“Es imposible supervisar diariamente la carga de 30 ó 40 camiones con más de 900 palés, pero, además, sería ilegal. Estamos indefensos. Nos hemos comido un marrón, así de claro”, lamentaba el portavoz de Valero Alonso. 

El 30 de enero fueron detenidos en Antas 6 muchachos acusados por delitos de odio y racismo. Los jóvenes niegan los hechos. Uno de ellos, Diego, afirmaba que “todo fue una pelea de niños en la que la otra parte eran extranjeros. Una cosa es ser un poco gamberros y otra muy distinta odiar a toda una raza”. 

UNA FINCA PARA ANDRÉS 

El 28 de enero, la regidora María Antonia López dio cuenta del decreto de Alcaldía por el que el Ayuntamiento puso a disposición del juzgado la finca Vistalegre para hacer frente, como ‘garante subsidiario’, a la responsabilidad que pudiera recaerle, en caso de ser condenados varios miembros del anterior gobierno socialista por los delitos de “prevaricación, exacciones ilegales, coacciones continuadas y amenazas condicionales” en el caso de la UE-6. 

El juzgado exigía una fianza al Consistorio de 2,4 millones para cubrir subsidiariamente posibles responsabilidades en la causa que se instruía a instancias de la promotora Hermanos Muñoz Fernández contra el ex alcalde Andrés Segura, su concejal de Urbanismo Martín López Peña, el entonces abogado del Ayuntamiento Juan Manuel Llerena, el arquitecto municipal, el secretario y dos técnicos en Urbanismo de la Diputación Provincial. 

Una pésima delimitación de la finca propiedad de Hermanos Muñoz SL, que permitía construir 134 apartamentos, dio lugar a una de las mayores y más largas controversias conocidas en Garrucha. 26.692 m2 se convirtieron en 21.100, según la ficha urbanística, cuando la empresa tenía ultimada la obra. 

Las carencias derivadas de la gestión del Hospital de Huércal Overa hacen obligan a sus trabajadores a creer en el ángel de la guarda.

SANITARIOS CREYENTES A LA FUERZA 

Tras dos años de centralización en Almería de servicios básicos como el de lavandería o almacén, los profesionales de La Inmaculada denunciaban sus efectos negativos sobre los pacientes. Casos como la falta de sábanas limpias se sufren con demasiada frecuencia. La última vez durante el puente de Reyes. En Cardiología, algunos aparatos que monitorizan el corazón no admiten la conexión de un marcapasos externo. Las carencias técnicas son múltiples, tantas que hay trabajadores del hospital que creen en la existencia del ángel de la guarda. 

CON EL AGUA AL CUELLO 

El alcalde de Turre, Martín Morales, no convenció al presidente de la Diputación y de Galasa, Gabriel Amat, de la necesidad de acabar con la hemorragia económica que el actual acuerdo supone para el Ayuntamiento. Amat exige liquidar el millón de euros que adeuda el municipio antes de estudiar que el servicio de abastecimiento sea prestado en su totalidad por la empresa pública. 

El Ayuntamiento compraba el agua a Galasa a 0,95 euros/m3 y la vendía a sus vecinos a precios inferiores aunque idénticos a los del resto de la comarca. El resultado es que la recaudación estaba muy por debajo de los costes. 

Además, el Consistorio, en vez de liquidar con Galasa, se quedaba con el dinero recaudado para hacer frente a nóminas y gastos corrientes. 

No obstante, el regidor insistía en poner en manos de la empresa pública la gestión del agua. “Hacer de intermediarios nos está saliendo muy caro”. 

Demasiado pabellón para Carboneras cuyo censo no llega a las 8.000 almas. El gobierno local trataba de sacar rendimiento a más de 13 millones de euros gastados, modificando una cuarta parte del edificio y asumiendo un déficit anual de 170.000 euros. Todo un ejemplo de despilfarro según el alcalde Salvador Hernández.

“QUE SE ENTIENDA CON EL PSOE” 

Por su parte, el popular Arturo Grima no quería tratos con su sucesor. Recordaba que Turre era gobernada por el candidato menos votado de los elegidos y dibujaba al regidor Martín Morales como una persona “incapaz” de resolver los problemas y como un político que hacía lo contrario de lo que predicaba. Grima aprovechaba la ocasión para recordar lo que hizo en su pueblo cuando era alcalde, pese a la desproporcionada deuda municipal recibida del anterior gobierno socialista, y reprochar el interés de Morales por encomendar el servicio del agua a Galasa. 

AUTOVÍA DEL AGUA 

Los regantes de la provincia presentaron una batería de alegaciones al nuevo Plan Hidrológico Nacional, aprobado inicialmente el 8 de enero. Su principal demanda es que el PHN definitivo sea consensuado para que un cambio de gobierno no suponga su derogación. 

Asimismo, reclamaban la denominada ‘autovía del agua’ que conecte el pantano de Rules con el de Cuevas del Almanzora, para aprovechar los 80 Hm3 de excedentes de la presa granadina. 

También solicitaron permiso para doblar la tubería de impulsión del trasvase del Negratín y una dotación de 25 Hm3 más de esa procedencia.