El portavoz de los trabajadores de Galasa, Juan López (CCOO), advierte sobre las consecuencias que se pueden avecinar sobre los ciudadanos de nuestra comarca que algunos municipios abandonen la empresa pública provincial
Trabajadores de Galasa durante una protesta ante el edificio de la Diputación provincial de Almería |
El anuncio de algunos alcaldes de retirar a sus
municipios del accionariado de la empresa –todo ello tras el reciente acuerdo
suscrito por todos los consistorios- y buscar otras alternativas de
abastecimiento, ha hecho mella en la plantilla de trabajadores. Su portavoz, el
sindicalista Juan López, ha advertido sobre las consecuencias que puede tener
para los ciudadanos una decisión de esta naturaleza. “Las repercusiones sobre
cualquier presupuesto municipal serían extremadamente difíciles de afrontar”.
- ¿Cómo entienden la falta de unanimidad para aprobar las
nuevas tarifas y la modificación de los estatutos en la última Junta General de
Accionistas después de que se hubiera exhibido en escena un acuerdo el pasado 1
de diciembre?
- La política cada vez está más ajena a las necesidades de
los ciudadanos. No entendemos cómo un acuerdo firmado por todos derive, en poco
más de un mes y por motivos de estrategia política de los partidos firmantes, a
que se cuestione si se cumple o no. Eran quince puntos que costó mucho trabajo
redactar con el consenso de todos y los alcaldes que ahora valoran abandonar
Galasa deberían reflexionar y plantearse qué es lo que están haciendo, no por
una empresa pública de la que son accionistas los ayuntamientos que representan,
sino por su pueblo, porque no les va a salir gratis.
- ¿Qué les puede costar?
- En primer lugar, supone pagar la parte que les corresponda
de una deuda que está por encima de los 40 millones de euros. Abandonar una
sociedad significa liquidar las obligaciones con ella. Las repercusiones que
eso tendría sobre cualquier presupuesto municipal serían terribles y
extremadamente difíciles de gestionar y de afrontar por la población. La
política enciende con demasiada frecuencia fuegos de artificio, pero los
munícipes deben aportar serenidad, cordura y velar por el interés de sus
ciudadanos, no por los de un partido. Sería preferible que se aplicaran en
trabajar, ser eficientes y sacar a Galasa de la situación en la que la han
metido.
- No olvidemos que esos ‘munícipes’ son los que ha
elegido el ciudadano.
- La política la hacemos también los ciudadanos y los
agentes sociales. Otra cosa es lo que hacen los partidos. No se trata sólo de
votar cada cuatro años, sino de emplear, además, todo ese tiempo en exigir
responsabilidades a quienes voluntariamente han dado un paso al frente para
gestionar lo común. Entiendo que es necesario confrontar opiniones, pero eso
debe tener un tiempo limitado y siempre con el objetivo de garantizar
certidumbre a los ciudadanos en general.
- ¿Y en particular?
- A los trabajadores. No se puede concentrar nadie en
condiciones cuando cada día se levanta con noticias de que ha dicho uno que un
pueblo se va o de que otro dice que los empleados pagarán los platos rotos por
los que decidan irse. PP y PSOE están usando a los trabajadores como hacen con
los hijos las parejas cuando se divorcian, cuando el interés que llevó a los
obreros a movilizarse fue únicamente reflotar y hacer que la empresa sea viable
y eficaz.
- El Consejero delegado, Antonio Lázaro, asegura que la
plantilla de Galasa disminuirá en proporción a los contratos que se den de baja
con los municipio que la abandonen.
- El señor Lázaro tuvo la oportunidad de no pronunciar unas
palabras que no suman nada. Ahora, por primera vez han salido a licitación
servicios que se estaban contratando directamente, y rescindiendo los
encomendados a empresas que prestaban actividades que son propias de Galasa y
puede realizarlas ella misma, como cambiar contadores o arreglar averías. Me
duele que cualquier persona pierda su puesto de trabajo, pero todo reajuste
debe empezar por dejar de contratar servicios externos que pueden asumir los
trabajadores de la propia compañía. No se sostiene ante ningún tribunal de
justicia que una compañía despida a sus trabajadores mientras contrata fuera
las labores que éstos desempeñan. Eso lo sabe el señor Lázaro.
- Pero una plantilla debe ajustarse a las necesidades de
la empresa y Galasa tendría que acomodar su número de trabajadores al nuevo
número de usuarios en el caso de algunos municipios decidan abandonar. Pero
déjeme preguntarle por cuánto se abaratan los costes con licitaciones de
servicios.
- Mucho. La empresa lo sabe y tiene ejemplo de ello. Cuando
se licitó el parque móvil, se redujo su coste en un 50% y continuó prestándolo
la misma empresa. Cuando sobraba el dinero, se gastaba sin mirarlo, pero ahora,
cuando falta, hay que aguzar el ingenio y enmendar lo que no se estaba haciendo
correctamente.
- Paralelamente, raro es el día en que faltan noticias
sobre municipios que invierten en renovar sus redes de abastecimiento con cargo
a los Planes Provinciales, lo que acabará con las pérdidas de agua.
- Así es, y hay otras dos cuestiones básicas. Una es la
urgente revisión del acuerdo con Acuamed, que es absolutamente leonino. Los
directivos de Galasa firmaron la compra de un canon fijo de hectómetros cúbicos
que no son necesarios. Otro tema que no aparece en este debate es la
participación de la Junta de Andalucía y de Acuamed en las obras de la conexión
de la desaladora de Carboneras, un asunto sobre el que hay un contencioso
abierto aún sin resolver y que será muy importante para el futuro de la
empresa.
- Falta le hace a tenor de sus ruinosas cuentas.
- Sí, el balance es comatoso. A la deuda de 42 millones que
arrastraba Galasa habrá que sumarle, previsiblemente, otros tres más
resultantes de las pérdidas previsibles del ejercicio 2016. Si no se empieza a
poner en marcha otra forma de actuar, en un año estaremos anclados en el mismo
discurso que ahora y hablando de una empresa que no será sostenible. De nada
habrán valido los esfuerzos de estos meses pasados y el compromiso de los
partidos. Se trataba de mucho más que aprobar un papel, de trabajar seriamente
y con rigor. Los trabajadores ya hicieron su esfuerzo rebajándose los salarios
durante tres años, dejando de hacer horas extraordinarias y, las
imprescindibles, haciéndolas a cambio de descanso y no de dinero. La conclusión
a que llegaron los gestores de la empresa fue la de emplear más dinero en
empresas subcontratadas. Son cuestiones que han empezado a corregirse.
- Eso es alentador.
- Sobretodo para los ciudadanos de los municipios donde la
empresa presta el servicio. Han sufrido unos meses complicados, llenos de
incertidumbre al escuchar cada día las disputas entre los dos principales
partidos de la provincia, y viendo cómo el servicio de abastecimiento de agua
vivía unos momentos de crisis importantes. En medio de todo, los trabajadores
han sido un ejemplo de serenidad y ahora van a exigir el cumplimiento estricto
y riguroso del acuerdo obtenido.
“¿Por qué hay en la empresa trabajadores de primera y de
segunda?”
- Ustedes denunciaron una serie de irregularidades que,
en palabras suyas, eran “incompatibles con la honradez” ¿piensan acudir a los
tribunales?
- Una de las cosas absurdas que hizo la empresa en el
desvarío de los últimos años fue denunciar el convenio colectivo. A pesar de
que la ley establece que cuando un convenio se denuncia hay que ponerse
inmediatamente a negociar otro que le sustituya, ya han pasado tres meses y aún
no se han sentado a hacerlo. Cuando lo hagamos pediremos explicaciones sobre
esos contratos fuera de convenio que denunciamos en su día, y si la respuesta
que nos ofrecen no es satisfactoria, estaremos en la obligación de acudir a los
tribunales. De no hacerlo seríamos cómplices. No son sospechas. Nosotros
tenemos certezas contenidas en documentos y tendrán que explicarnos por qué en
la plantilla existen situaciones laborales distintas a las contempladas en el
convenio. Dicho de otro modo, por qué hay en la empresa trabajadores de primera
y de segunda a los que se les aplica el convenio estrictamente. Entendemos que
eso es irregular, pero tenemos que escuchar una explicación antes de acudir a
la justicia.
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