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“Si un ayuntamiento se sale de Galasa la repercusión sobre la población será terrible”

El portavoz de los trabajadores de Galasa, Juan López (CCOO), advierte sobre las consecuencias que se pueden avecinar sobre los ciudadanos de nuestra comarca que algunos municipios abandonen la empresa pública provincial


Trabajadores de Galasa durante una protesta ante el edificio de la Diputación provincial de Almería 
Javier Irigaray / 15·02·2017

El anuncio de algunos alcaldes de retirar a sus municipios del accionariado de la empresa –todo ello tras el reciente acuerdo suscrito por todos los consistorios- y buscar otras alternativas de abastecimiento, ha hecho mella en la plantilla de trabajadores. Su portavoz, el sindicalista Juan López, ha advertido sobre las consecuencias que puede tener para los ciudadanos una decisión de esta naturaleza. “Las repercusiones sobre cualquier presupuesto municipal serían extremadamente difíciles de afrontar”.

 - ¿Cómo entienden la falta de unanimidad para aprobar las nuevas tarifas y la modificación de los estatutos en la última Junta General de Accionistas después de que se hubiera exhibido en escena un acuerdo el pasado 1 de diciembre?
- La política cada vez está más ajena a las necesidades de los ciudadanos. No entendemos cómo un acuerdo firmado por todos derive, en poco más de un mes y por motivos de estrategia política de los partidos firmantes, a que se cuestione si se cumple o no. Eran quince puntos que costó mucho trabajo redactar con el consenso de todos y los alcaldes que ahora valoran abandonar Galasa deberían reflexionar y plantearse qué es lo que están haciendo, no por una empresa pública de la que son accionistas los ayuntamientos que representan, sino por su pueblo, porque no les va a salir gratis.
- ¿Qué les puede costar?
- En primer lugar, supone pagar la parte que les corresponda de una deuda que está por encima de los 40 millones de euros. Abandonar una sociedad significa liquidar las obligaciones con ella. Las repercusiones que eso tendría sobre cualquier presupuesto municipal serían terribles y extremadamente difíciles de gestionar y de afrontar por la población. La política enciende con demasiada frecuencia fuegos de artificio, pero los munícipes deben aportar serenidad, cordura y velar por el interés de sus ciudadanos, no por los de un partido. Sería preferible que se aplicaran en trabajar, ser eficientes y sacar a Galasa de la situación en la que la han metido.
- No olvidemos que esos ‘munícipes’ son los que ha elegido el ciudadano.
- La política la hacemos también los ciudadanos y los agentes sociales. Otra cosa es lo que hacen los partidos. No se trata sólo de votar cada cuatro años, sino de emplear, además, todo ese tiempo en exigir responsabilidades a quienes voluntariamente han dado un paso al frente para gestionar lo común. Entiendo que es necesario confrontar opiniones, pero eso debe tener un tiempo limitado y siempre con el objetivo de garantizar certidumbre a los ciudadanos en general.
- ¿Y en particular?
- A los trabajadores. No se puede concentrar nadie en condiciones cuando cada día se levanta con noticias de que ha dicho uno que un pueblo se va o de que otro dice que los empleados pagarán los platos rotos por los que decidan irse. PP y PSOE están usando a los trabajadores como hacen con los hijos las parejas cuando se divorcian, cuando el interés que llevó a los obreros a movilizarse fue únicamente reflotar y hacer que la empresa sea viable y eficaz.
- El Consejero delegado, Antonio Lázaro, asegura que la plantilla de Galasa disminuirá en proporción a los contratos que se den de baja con los municipio que la abandonen.
- El señor Lázaro tuvo la oportunidad de no pronunciar unas palabras que no suman nada. Ahora, por primera vez han salido a licitación servicios que se estaban contratando directamente, y rescindiendo los encomendados a empresas que prestaban actividades que son propias de Galasa y puede realizarlas ella misma, como cambiar contadores o arreglar averías. Me duele que cualquier persona pierda su puesto de trabajo, pero todo reajuste debe empezar por dejar de contratar servicios externos que pueden asumir los trabajadores de la propia compañía. No se sostiene ante ningún tribunal de justicia que una compañía despida a sus trabajadores mientras contrata fuera las labores que éstos desempeñan. Eso lo sabe el señor Lázaro.
- Pero una plantilla debe ajustarse a las necesidades de la empresa y Galasa tendría que acomodar su número de trabajadores al nuevo número de usuarios en el caso de algunos municipios decidan abandonar. Pero déjeme preguntarle por cuánto se abaratan los costes con licitaciones de servicios.
- Mucho. La empresa lo sabe y tiene ejemplo de ello. Cuando se licitó el parque móvil, se redujo su coste en un 50% y continuó prestándolo la misma empresa. Cuando sobraba el dinero, se gastaba sin mirarlo, pero ahora, cuando falta, hay que aguzar el ingenio y enmendar lo que no se estaba haciendo correctamente.
- Paralelamente, raro es el día en que faltan noticias sobre municipios que invierten en renovar sus redes de abastecimiento con cargo a los Planes Provinciales, lo que acabará con las pérdidas de agua.
- Así es, y hay otras dos cuestiones básicas. Una es la urgente revisión del acuerdo con Acuamed, que es absolutamente leonino. Los directivos de Galasa firmaron la compra de un canon fijo de hectómetros cúbicos que no son necesarios. Otro tema que no aparece en este debate es la participación de la Junta de Andalucía y de Acuamed en las obras de la conexión de la desaladora de Carboneras, un asunto sobre el que hay un contencioso abierto aún sin resolver y que será muy importante para el futuro de la empresa.
- Falta le hace a tenor de sus ruinosas cuentas.
- Sí, el balance es comatoso. A la deuda de 42 millones que arrastraba Galasa habrá que sumarle, previsiblemente, otros tres más resultantes de las pérdidas previsibles del ejercicio 2016. Si no se empieza a poner en marcha otra forma de actuar, en un año estaremos anclados en el mismo discurso que ahora y hablando de una empresa que no será sostenible. De nada habrán valido los esfuerzos de estos meses pasados y el compromiso de los partidos. Se trataba de mucho más que aprobar un papel, de trabajar seriamente y con rigor. Los trabajadores ya hicieron su esfuerzo rebajándose los salarios durante tres años, dejando de hacer horas extraordinarias y, las imprescindibles, haciéndolas a cambio de descanso y no de dinero. La conclusión a que llegaron los gestores de la empresa fue la de emplear más dinero en empresas subcontratadas. Son cuestiones que han empezado a corregirse.
- Eso es alentador.
- Sobretodo para los ciudadanos de los municipios donde la empresa presta el servicio. Han sufrido unos meses complicados, llenos de incertidumbre al escuchar cada día las disputas entre los dos principales partidos de la provincia, y viendo cómo el servicio de abastecimiento de agua vivía unos momentos de crisis importantes. En medio de todo, los trabajadores han sido un ejemplo de serenidad y ahora van a exigir el cumplimiento estricto y riguroso del acuerdo obtenido.

 “¿Por qué hay en la empresa trabajadores de primera y de segunda?”
  
- Ustedes denunciaron una serie de irregularidades que, en palabras suyas, eran “incompatibles con la honradez” ¿piensan acudir a los tribunales?
- Una de las cosas absurdas que hizo la empresa en el desvarío de los últimos años fue denunciar el convenio colectivo. A pesar de que la ley establece que cuando un convenio se denuncia hay que ponerse inmediatamente a negociar otro que le sustituya, ya han pasado tres meses y aún no se han sentado a hacerlo. Cuando lo hagamos pediremos explicaciones sobre esos contratos fuera de convenio que denunciamos en su día, y si la respuesta que nos ofrecen no es satisfactoria, estaremos en la obligación de acudir a los tribunales. De no hacerlo seríamos cómplices. No son sospechas. Nosotros tenemos certezas contenidas en documentos y tendrán que explicarnos por qué en la plantilla existen situaciones laborales distintas a las contempladas en el convenio. Dicho de otro modo, por qué hay en la empresa trabajadores de primera y de segunda a los que se les aplica el convenio estrictamente. Entendemos que eso es irregular, pero tenemos que escuchar una explicación antes de acudir a la justicia.




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