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La Abogacía del Estado, la promotora y el Ayuntamiento de Carboneras ya han manifestado su oposición
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| Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada |
ACTUALIDAD ALMANZORA/ 06·06·2014
La Junta de Andalucía se ha adherido a la causa de recusación planteada por los ecologistas contra los magistrados que deben dirimir la conformidad o no a derecho de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico y solicita, por tanto, que sean apartados de la causa.
En un escrito elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Administración regional sostiene que concurre uno de los supuestos de recusación que contempla la ley, al haberse presentado una querella por presunta prevaricación contra los jueces de la Sección Tercera ante el Tribunal Supremo (TS).
Entre los magistrados cuya recusación ha pedido el colectivo conservacionista Salvemos Mojácar figura el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, Rafael Toledano, así como el ponente del fallo dictado el 21 de marzo en el que se declaró urbanizable el suelo sobre el que se levanta el hotel y una de las jueces del tribunal.
La Junta entiende, en respuesta al traslado dado por la Sección Tercera del escrito de recusación para alegaciones, que existe “causa legal” para sustentar la recusación dado que la querella por presunto delito de prevaricación contra los tres magistrados “pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad” al estar presentada por una de las partes personadas en el litigio.
Consideran, así, que la causa de recusación “se infiere directamente, sin necesidad de indagar sobre la posible parcialidad en el ánimo del juez ni de realizar mayor esfuerzo argumentativo”.
En contra de la recusación han presentado alegaciones la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora del hotel.
La Abogacía del Estado interpreta, por su parte, que la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, es “clara” y “exige” que se haya admitido a trámite la denuncia para que pueda existir la causa de recusación. Y apunta, en esta línea, que la querella por presunta prevaricación se formuló después de haberse celebrado la vista sobre la validez o no de la licencia, por lo que “concurre otra causa para la inadmisión del incidente de recusación promovido”.
La promotora del hotel, Azata del Sol, estima que se está haciendo uso de esta figura “como maniobra procesal totalmente ajena y desviada de la verdadera finalidad de la recusación” y señala que se plantea por una “supuesta pérdida de imparcialidad sobre la base de una resolución judicial dictada por la sala conformada por dos de los magistrados cuya recusación proponen y de cuyo fallo los recusantes discrepan”.
La empresa asegura que se ha realizado una “invocación arbitraria” de una causa legal de recusación para pedir la de los magistrados Rafael Toledano, María R. Torres Donaire y Jorge Muñoz Cortés, y traslada que “no puede quedar convertido en un medio alternativo al de los recursos para controlar la legalidad de las resoluciones dictadas en un proceso”.
Por último, el Consistorio carbonero habla de “momento procesal intempestivo” y de “carencia de elementos objetivos” de recusación, al tiempo que indica que la tutela judicial prevista para preservar el derecho a un juez imparcial “tiene configuración legal y está sometida a la observancia de los requisitos para su ejercicio, entre ellos la temporalidad para que no se lleven a cabo en términos de mera oportunidad o conveniencia”.
En un escrito elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Administración regional sostiene que concurre uno de los supuestos de recusación que contempla la ley, al haberse presentado una querella por presunta prevaricación contra los jueces de la Sección Tercera ante el Tribunal Supremo (TS).
Entre los magistrados cuya recusación ha pedido el colectivo conservacionista Salvemos Mojácar figura el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, Rafael Toledano, así como el ponente del fallo dictado el 21 de marzo en el que se declaró urbanizable el suelo sobre el que se levanta el hotel y una de las jueces del tribunal.
La Junta entiende, en respuesta al traslado dado por la Sección Tercera del escrito de recusación para alegaciones, que existe “causa legal” para sustentar la recusación dado que la querella por presunto delito de prevaricación contra los tres magistrados “pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad” al estar presentada por una de las partes personadas en el litigio.
Consideran, así, que la causa de recusación “se infiere directamente, sin necesidad de indagar sobre la posible parcialidad en el ánimo del juez ni de realizar mayor esfuerzo argumentativo”.
En contra de la recusación han presentado alegaciones la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora del hotel.
La Abogacía del Estado interpreta, por su parte, que la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, es “clara” y “exige” que se haya admitido a trámite la denuncia para que pueda existir la causa de recusación. Y apunta, en esta línea, que la querella por presunta prevaricación se formuló después de haberse celebrado la vista sobre la validez o no de la licencia, por lo que “concurre otra causa para la inadmisión del incidente de recusación promovido”.
La promotora del hotel, Azata del Sol, estima que se está haciendo uso de esta figura “como maniobra procesal totalmente ajena y desviada de la verdadera finalidad de la recusación” y señala que se plantea por una “supuesta pérdida de imparcialidad sobre la base de una resolución judicial dictada por la sala conformada por dos de los magistrados cuya recusación proponen y de cuyo fallo los recusantes discrepan”.
La empresa asegura que se ha realizado una “invocación arbitraria” de una causa legal de recusación para pedir la de los magistrados Rafael Toledano, María R. Torres Donaire y Jorge Muñoz Cortés, y traslada que “no puede quedar convertido en un medio alternativo al de los recursos para controlar la legalidad de las resoluciones dictadas en un proceso”.
Por último, el Consistorio carbonero habla de “momento procesal intempestivo” y de “carencia de elementos objetivos” de recusación, al tiempo que indica que la tutela judicial prevista para preservar el derecho a un juez imparcial “tiene configuración legal y está sometida a la observancia de los requisitos para su ejercicio, entre ellos la temporalidad para que no se lleven a cabo en términos de mera oportunidad o conveniencia”.
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