Urbanizaciones de Vera prohíben el uso de sus piscinas a los presidentes de La Caixa y el Banco Popular

El vecino moroso es el principal enemigo de las comunidades de viviendas, que han empezado a defenderse con medidas tales como prohibir a los deudores el acceso y disfrute de las zonas comunes no esenciales, como piscinas, pistas de paddle y de tenis

El Mirador de Vera, urbanización en la que el Banco Popular debe 10.000 € en recibos a la comunidad

Javier Irigaray / 10·08·2015

Y los ‘campeones’ de la morosidad a las comunidades en nuestra comarca son los bancos y, por encima de todos, el Banco Popular y La Caixa, cuyos presidentes no podrían bañarse, entre otras, en las piscinas de Parque Vera III o del Mirador de Vera.

Tienen liquidez, pero no pagan y hacen todo lo posible por dilatar sus obligaciones. Recurren a todas las triquiñuelas posibles e inventan las que no existen. La relación entre los administradores de fincas y los bancos propietarios de viviendas en comunidades de vecinos no son mejores que las que existían entre Al Capone y el agente del tesoro Eliot Ness o entre el sheriff Pat Garrett y Billy ‘El niño’.

Afortunadamente, las ‘batallas’ se dirimen en los juzgados y registros de la propiedad. La más novedosa de las ‘bombas’ a disposición de los vecinos es que los morosos no se podrán tirar a la piscina, pues tendrán prohibida la entrada a ése y a otros espacios comunes no esenciales, como pistas de paddle, de tenis, gimnasios y jacuzzis, que de todo había en las urbanizaciones que se construyeron cuando éramos ‘ricos’.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis ha puesto en manos de los bancos buena parte de las viviendas que contribuyeron a construir vía créditos, y la gestión que están haciendo de esas propiedades que han tenido que asumir está generando a las comunidades de vecinos problemas.

El más evidente es el del impago de las cuotas de la comunidad. Según Félix Rodríguez París, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Almería, la morosidad de los bancos con las diferentes comunidades de propietarios de la comarca alcanza el 4% del total de los recibos, “casi en su totalidad son de segundas viviendas en urbanizaciones de la playa”.

Pero hay, según el representante de los administradores, otros problemas más graves en las relaciones entre bancos y comunidades. “Además del importante índice de morosidad de las entidades financieras propietarias de viviendas en el pago de los recibos, nos encontramos con que los bancos no mueven ni un dedo para desalojar a los ‘okupas consentidos’ de las viviendas de su propiedad, no emprenden ninguna acción legal para que abandonen sus propiedades, lo que genera y consiente evidentes problemas de convivencia. En Lomas del mar II hay dos viviendas de un banco que están ‘okupadas’”.

“Tampoco comunican -explica Rodríguez París- cuándo pasan a ser los propietarios, lo que implica un esfuerzo adicional de tiempo y dinero por parte de las respectivas comunidades. Somos nosotros los que tenemos que estar pidiendo constantemente notas simples para poder reclamarles el pago de sus cuotas, porque hasta que no se anota el banco como propietario en el registro, no paga. Aún así, hay entidades, como el Banco Popular y La Caixa, que tienen por norma no pagar hasta que los denuncias”.

“Ahora –añade-, los administradores nos personarnos en los procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que supone un coste, para saber en cada momento como está ese procedimiento, y en el momento en que tenemos el decreto de adjudicación nos dirigimos a la entidad para instarle el pago de la deuda. El banco, cuando se adjudica la vivienda, solamente tiene que pagar el año natural y tres años anteriores más, según la ley de 2013. No paga el 100% de la deuda contraída”.

“La ley estipula que las deudas con la comunidad son créditos preferentes. Sólo tienen mayor prioridad la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, pero en la práctica, para que ese crédito preferente de la comunidad tenga preferencia sobre la ejecución de la hipoteca por el banco, no basta con anotar el embargo en un procedimiento monitorio de la comunidad, a fin de cobrar las cuotas pendientes. Al final, el banco siempre ‘arrambla’ con todo y no deja nada para los demás acreedores”.

Relata el administrador que “el problema comienza cuando el propietario deja de pagar y el banco inicia la ejecución hipotecaria hasta que llega el decreto de adjudicación”.

La media del tiempo que tarda en adjudicarse una ejecución hipotecaria, según datos del Colegio de Administradores de Fincas de Almería, está entre 5 y 6 años y los bancos sólo pagan la anualidad corriente y tres anteriores según la ley.

Cuando las comunidades solicitan el abono de las mensualidades adeudadas, los bancos les piden “documentación para aburrir. Desde el CIF hasta una memoria y justificación del cálculo e importe de las cuotas, petición cuyo único fin es el de demorar el pago; puedo asegurar que no se molestan en comprobarla”, dice el vocal de los administradores almerienses.

“Ahora mismo –añade Rodríguez-, los que más problemas están causando son el Banco Popular, con su gestora de inmuebles Aliseda, y La Caixa, con Servihábitat”. 

El administrador nos puso algunos ejemplos del proceder de las entidades financieras con las comunidades de vecinos de la comarca. “El Banco Popular debe 4.486,79 euros en Parque Vera III, y en el Mirador de Vera 9.667,38 euros. Hemos calculado que el 4% de los recibos de las comunidades de nuestra comarca están impagados por los bancos, y el 15% pertenecen a inmuebles que se encuentran en periodo de ejecución hipotecaria, es decir, es dinero perdido porque el banco aún no es propietario y el deudor es insolvente”.

Importante es, también, la deuda que el Banco Popular mantiene en Jardines Nuevo Vera, donde los inmuebles de su propiedad, una veintena, acumulan más de 60.000 euros en cuotas impagadas, aunque Bankia alcanza los 7.119,52 euros con una sola vivienda en su haber en la misma urbanización.

“En un bloque de Vera, 4 de las 12 viviendas pertenecían a La Caixa, que no había pagado ni una cuota desde que se quedó con ellas y sólo lo hizo tras ser denunciada en el juzgado. Ese es el modo de operar que tienen”.

Pero, en algunas ocasiones, ese modo de operar desborda los límites de lo comprensible: “En uno de los bloques de los Pitufos, en Vera, cuando el Banco Popular fue condenado a pagar las cuotas que adeudaba, en vez de hacerlo a la comunidad, consignó el importe en el juzgado, lo que es buena muestra de la arrogancia y prepotencia con que se mueven, haciendo el máximo daño posible, porque mientras el juzgado notifica la consignación y se pone en marcha el proceso de pago, la comunidad tarda entre seis y siete meses más en recibir el dinero. Eso ya es crueldad y daño gratuito”, señala Rodríguez París.

Como incomprensible es la actitud que, según nos cuenta Cristóbal Parra, de Servicios de Administraciones Especializados, mantiene La Caixa con una vivienda situada en Huércal Overa que le entregó un ciudadano marroquí y que hoy, cuando han pasado ocho años, aún no ha registrado a su nombre, impidiendo que le puedan ser reclamadas las cuotas.

En Mojácar, la incidencia no alcanza las dimensiones que en otros lugares de la comarca, pero eso no es obstáculo para que La Caixa, en La Rumina, una urbanización de 46 propietarios, haya conseguido adeudar cerca de 6.000 euros a la comunidad con una única vivienda, según nos cuenta el administrador, Diego González. “El procedimiento de ejecución comenzó en 2007, se fijó la vista para 2012 pero aún no ha tenido lugar el juicio y 2015 va ya más que mediado”. 

Ahora, las comunidades de propietarios están aprobando la prohibición a los vecinos morosos del acceso y disfrute de los servicios comunes ‘no esenciales’. Entrar al recinto de piscinas, pistas de paddle y demás equipamientos estará vetado a quienes no estén al corriente de pago, como La Caixa o el Banco Popular. Para tal fin, están cambiando los sistemas de acceso a esas zonas e instalando llaves electrónicas o magnéticas, que están codificadas y se descodifican para inutilizarlas cuando un vecino deja de pagar las cuotas. La medida está amparada por una resolución de la Dirección General de Registro y Notariado que diferencia entre servicios comunitarios esenciales, como son la escalera, pasillos y distribuidores de acceso o el ascensor, y no esenciales.

“Hay un limbo –añade el representante de los administradores- desde que el propietario deja de pagar hasta que se materializa la ejecución hipotecaria, que es dinero perdido para la comunidad de vecinos. Los bancos lo saben y, cuando son conscientes de que no corren peligro de perder la vivienda, juegan de manera ladina con ese tiempo. Un caso paradigmático es el de Residencial Norias Blancas. Esa urbanización de Antas pertenecía a una sociedad filial del grupo DRV. Está compuesta por 58 viviendas. La filial es insolvente, desapareció en 2006 y DRV no pagó ni un solo recibo de comunidad, generando una deuda de alrededor de 12.000 euros pero, sorprendentemente, Cajamar no inició el expediente de ejecución hipotecaria del 40% de las viviendas hasta bien entrado 2013, de tal modo que la comunidad no puede aún ni reclamar la deuda. ¿Por qué no inició antes Cajamar ese procedimiento contra DRV? Yo no sé qué puede ganar con iniciar tan tarde el trámite. Sí sé que los vecinos de la comunidad saldrán perdiendo, pues cuanto más tiempo tarde en resolverse, más dinero de cuotas quedará sin poder reclamar”.

No es ésta la única comunidad en que Cajamar y DRV aparecen unidas en el débito. Así, en Huertos del Castillo, un edificio  a la entrada de Huércal Overa, a 17 de junio, fecha de la última reunión de vecinos antes del cierre de esta edición, Cimenta2, la gestora de Cajamar, debía 2.500 euros correspondientes a las cuotas impagadas de 8 viviendas, 3 de ellas aún a nombre de DRV, y varios garajes, mientras que Residencial Huertos del Castillo, S.L., la sociedad que estuvo participada por Dopucasa, mercantil cuyos socios son Bartolomé Viúdez, José Luis Heredia y Francisco Alonso, altos mandatarios de la Caja, adeuda 3.200 por dos pisos.

El arrendador del juzgado tampoco paga las cuotas

  

El Banco de Santander es el propietario de los locales en que se encuentra el Juzgado número 3 de Huércal Overa, unos bajos que tiene arrendados a la Junta de Andalucía. Pues, según Cristóbal Parra, administrador del edificio, la entidad financiera que preside Ana Patricia Botín debe a la comunidad de vecinos 4.000 euros correspondientes a los impagos acumulados durante tres años de morosidad.