“Cristóbal Fernández debe reparar el roto que ha causado en el bolsillo de los ciudadanos”

Los grupos que integran la plataforma ‘Algarrobico No’ han decidido exigir a Cristóbal Fernández responsabilidad patrimonial para cubrir los gastos de demolición y restauración del paraje de El Algarrobico por haber concedido la licencia de obras para su construcción

Una veintena de activistas de la plataforma 'Algarrobico No' exigieron la demolición del edificio sobre la arena de la playa

 Javier Irigaray / 07·03·2016

Greenpeace y los grupos ecologistas que integran la plataforma ‘Algarrobico No’ han decidido exigir a Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras en 2003, y al resto de su equipo, responsabilidad patrimonial para cubrir los gastos de demolición y restauración paisajística del paraje de El Algarrobico por haber concedido la licencia de obras para su construcción. Los colectivos verdes no tienen prisa en empezar a demoler. “Hay que hacer un estudio muy serio y planificarlo todo muy bien. El ejemplo de lo negativo que ha sido esa construcción, ahora hay que transformarlo en positivo” 

Representantes de los distintos grupos ecologistas que junto a Greenpeace forman la plataforma ‘Algarrobico No’ se reunieron a primera hora de la mañana del pasado 23 de febrero, coincidiendo con el décimo aniversario de la paralización de las obras, para dibujar con unos rastrillos la palabra ‘DEMOLICIÓN’ en la playa invadida por el famoso hotel, hasta ahora en construcción. 

La cita no era únicamente para realizar esta acción, sino que, además, sirvió para analizar la situación surgida a partir del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo que, cinco días antes, había dictaminado que el edificio se alzaba en terreno protegido y, por tanto, no urbanizable, así como validado el derecho de la Junta de Andalucía a adquirir la parcela mediante el ejercicio del derecho de retracto. Es decir, condenaba virtualmente al hotel a su derribo en una parcela propiedad de los andaluces. 

Pero la decisión más relevante adoptada en este encuentro de ecologistas nos la comunicaba Juan de Dios Fernández, portavoz de Greenpeace en Andalucía: “Vamos a exigir responsabilidad patrimonial al exalcalde Cristóbal Fernández y al resto de su equipo de gobierno por haber concedido la licencia que dio origen a tamaño despropósito”. El asunto no era nuevo, pues ya el día 18 de febrero, fecha en la que se conoció el fallo del Tribunal Supremo, el abogado de los grupos conservacionistas, José Ignacio Domínguez, la adelantaba a ACTUALIDAD ALMANZORA, tal y como queda acreditado en nuestro anterior número. 

Juan de Dios Fernández señaló también como corresponsables a otros cargos de la administración andaluza: “nos parece lamentable la actuación manifiestamente inadecuada por parte de diversos políticos a nivel municipal otorgando una licencia para construir en un lugar en el que nunca debería haberse concedido, pero también hubo negligencia por parte de la Junta de Andalucía, que era la que debía velar por el cumplimiento de las normas medioambientales y la conservación del Parque Natural de Cabo de Gata, cosa que no hizo. Por supuesto que vamos a exigir a los responsables políticos que por omisión o mala actuación en el ejercicio de su cargo sean culpables de que la construcción se llevara a cabo y de que durante tantos años se haya sucedido esta cantidad de litigios que, afortunadamente, han acabado con la victoria del sentido común y la legalidad vigente”. 

Para Fernández, el caso ‘Algarrobico’ aún no ha acabado: “Tanto Cristóbal Fernández como los demás causantes de todo esto deben reparar el roto que han causado en el bolsillo de los ciudadanos. Así debe ser y así lo vamos a exigir los colectivos ecologistas. Sería lamentable que los ciudadanos que hemos estado sufriendo por el Algarrobico y por no poder disfrutar del paraje, encima tengamos que pagar su desmantelamiento de nuestros bolsillos”. 

Derribo supervisado 

Sobre el acto que llevaron a cabo en la playa durante la mañana del pasado día 23, el portavoz andaluz de Greenpeace relató que “estuvimos valorando la sentencia, y es que el hotel se encuentra sobre suelo no urbanizable de especial protección y, por tanto, se tiene que proceder a su derribo. Pero esa demolición no debe hacerse de cualquier forma, no queremos ver un derribo al uso en el cual, bien por medio de una bola enorme o mediante el uso de dinamita, se tire el hotel y todos los materiales acaben depositados en una escombrera. Creemos que una retirada selectiva podría permitir, según un informe que ya presentamos, reutilizar hasta un 98% de los materiales. Pero, además, hacerlo de este modo generaría alrededor de 400 puestos de trabajo. La petición de la plataforma ‘Algarrobico No’ es que se haga generando puestos de trabajo en Carboneras y en las zonas más próximas del Levante almeriense, una comarca muy necesitada de empleo. La demolición del hotel y la posterior restauración de la zona puede ser una oportunidad para generar empleo y riqueza durante muchos años y esa mole de hormigón a escasos metros de la costa deje de ser un espantaturistas”. 

El lunes, 29 de febrero, celebramos una primera reunión entre el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la ministra del ramo para empezar a poner en marcha el acuerdo de 2011 por el que el Ministerio se hacía cargo del coste de la demolición del hotel y la Junta de Andalucía de la recuperación de la zona para devolver al ecosistema su aspecto original. 

“Nos consta –admitía Fernández-, porque así lo hemos escuchado a la presidenta Susana Díaz y otros cargos de la Junta y del Ministerio, que tienen interés en hacerlo lo antes posible. Desde Greenpeace nos hemos puesto en contacto con las dos administraciones para insistir en el documento que ya les hicimos llegar en su día. Además, su coste es similar al de una demolición convencional, alrededor de unos 7 millones de euros. La gran diferencia es que se haría con mucha mano de obra para poder seleccionar y reutilizar gran parte de los materiales. Por eso creemos que debería ser importante que lo que ha sido ejemplo de un mal uso de la costa y un deterioro del medio ambiente, pueda convertirse en un ejemplo del que toda la provincia de Almería pueda enorgullecerse a nivel nacional e, incluso, a nivel europeo: cómo desmantelar un hotel, recuperar sus materiales, recuperar una playa y un ecosistema único”. 

Según el ecologista, “la sentencia deja muy claro que no ha lugar a que Azata pida una indemnización, puesto que desde el momento en que empezaron las obras ése era un terreno no urbanizable y el arquitecto lo sabía, y aún así llevaron a cabo la construcción”. 

En este sentido dijo “que la promotora quiera agotar las últimas oportunidades judiciales es un derecho que le asiste. En cualquier caso no vamos a ver el inicio de la demolición en las próximas semanas ni en los próximos meses. Es más, desde Greenpeace creemos que no es el momento de las prisas, pensamos que hay que hacer un estudio muy serio, planificarlo muy bien y ha de ser un ejemplo en lo positivo. Ya ha sido ejemplo de lo negativo, ahora hay que transformarlo en positivo y que los carboneros se puedan sentir orgullosos del trabajo que allí se haga, y que lo que estaba espantando a los turistas se convierta en un reclamo que los atraiga a la zona”.