El “acojonamiento” de sus socios deja al alcalde solo en su iniciativa de urbanizar la sierra

Martín Morales retiró las competencias a la socialista María Isabel López Alías para dirigir personalmente la urbanización de Sierra Cabrera

Javier Irigaray / 27·04·2016

Los componentes de la coalición afean que haya retirado competencias a la Comisión de Gobierno para poder decretar el control de las juntas de compensación de Cortijo Grande y Cabrera 

El pasado 26 de febrero, Martín Morales, alcalde Turre, firmaba un decreto de Alcaldía por el que revocaba la delegación de ciertas competencias en su Junta o Comisión de Gobierno. Para ser concretos, se trataba de las referidas a la asignación de ayudas de emergencia pero, sobre todo, las relativas a la gestión de proyectos urbanísticos. 

La retirada de estas últimas tenían un significado especial, pues eran responsabilidad, hasta ese momento, de María Isabel López Alías, primera teniente y persona que encabezó la lista del PSOE, socio de gobierno de Somos Turre, la fuerza política que lidera Morales. La socialista expresó su malestar y pidió al secretario que hiciera constar que Morales dictó el decreto “sin previa consulta” y “en desacuerdo” con el resto de los miembros de la Comisión. 

El asunto, que hacía barruntar tiempos de crisis en la coalición turrera, lo difundía RADIO ACTUALIDAD el pasado 7 de abril, si bien desde la oposición le restaban importancia, pero no sin cierta ironía: “El pacto de perdedores goza de buena salud porque ambos se necesitan para seguir cobrando”, apostillaba el exregidor y portavoz del PP Arturo Grima. 

Coincidía Martín Morales con su antecesor en el cargo a la hora de diagnosticar como buena la salud del pacto, aunque por causas bien diferentes: “Los socialistas y nosotros estamos condenados a entendernos. Tenemos un interés mutuo más fuerte que lo que nos separa”. 

Fuentes del PSOE turrero ratificaban también ‘los roces’: “Se han vivido momentos muy tensos por la obstinación del alcalde en poner en marcha un procedimiento de incierto futuro”; aplicar el sistema de cooperación para acometer la urbanización de parcelas en la Sierra de Cabrera, sustituyendo las tradicionales juntas de compensación en las que los propietarios de suelo acuerdan ir avanzando en la dotación de infraestructuras y servicios urbanos –calles, pavimentación, aceras, sistemas de alumbrado y abastecimiento, etc.- para posteriormente edificar. 

“Han dejado de ser juntas de compensación para convertirse en entes de conservación”, señaló el alcalde. “Esto resta posibilidades de crecimiento y de creación de empleo en Turre, además de mantener en situación precaria las viviendas ya construidas. Algunas, unas 35, siguen con luz de obra porque los propietarios y promotores no invierten”. En total, según el alcalde, el problema afecta a unas 200 casas, “lo que nos obliga a intervenir tomando el control y marcando los tiempos de la urbanización de los terrenos”. 

Pero los socialistas opinan que no. “Turre no está en condiciones de erigirse en agente urbanizador y, en todo caso, de hacerlo, habría de ser a muy largo plazo y midiendo muy bien los riesgos”. No en vano se trata de una extensión de 6 millones de m2 lo que ocupan los suelos urbanizables pendientes de ser dotados de infraestructuras urbanísticas. 

Así mismo, recuerdan que existe un acuerdo de gobierno en el que estos asuntos han de ser consensuados, y aplauden que parte de la tensión en el gobierno haya desaparecido porque “Martín ha reconsiderado su posición”. 

Sin embargo, el alcalde, más que de reconsideración, habla de un “aplazamiento” de sus planes a la espera de conocer el contenido de un conjunto de informes requeridos a los departamentos de urbanismo municipal, provincial y regional. 

MIEDO EN EL PSOE 

Morales explicó que decidió retirar algunas competencias a la junta de gobierno por el “acojonamiento” de sus socios. “No quieren afrontar el problema de la Sierra por miedo o por incertidumbre”. Además, negó haber decidido sobre el particular sin contar con el resto de componentes de la Junta de Gobierno, aunque admitió que una vez consultados “no estaban de acuerdo porque dudaban si el sistema de cooperación es el más adecuado para Cabrera, por eso decidí seguir yo solo adelante y así evitarles responsabilidades a ellos”. 

Tales responsabilidades son las que pudieran derivarse de la urbanización de terrenos en los que existen viviendas “que se construyeron en los años 70 y que resultaría muy difícil encontrar hoy a quien las edificó”. En aquel momento, se queja, “el Ayuntamiento no obligó a los promotores a cumplir con la legislación, y ninguna corporación ha querido corregir esa situación. Quienes me han precedido hicieron dejación de funciones mirando para otro lado”, acusó Morales, nombrando expresamente a su más inmediato antecesor, el popular Arturo Grima. 

Tras detallar que “el Ayuntamiento lleva 12 años enviando requerimientos para que se dote de los sistemas generales a las urbanizaciones de Sierra Cabrera, el resultado es que no se avanza”. La primera autoridad del municipio lamentaba que no sea posible un consenso con los propietarios “a pesar de que la Diputación y la Junta de Andalucía respaldan que sea el Ayuntamiento el que tire del carro”. De hecho, los técnicos de Diputación “me han dicho que es muy loable que alguien tenga la valentía de hacerlo”. 

Ponía énfasis el regidor en que de lo que se trata es de poner fin a la situación de unos vecinos, especialmente los residentes en Cabrera, que “llevan muchos años viviendo sin los servicios adecuados y que, en una gran mayoría, comparten mi decisión. ¿Qué mejor respaldo que el de los afectados?” 

Respecto a la falta de acuerdo de los afectados, el primer edil señala la obstinación y el férreo control que dos o tres constructores ejercen haciendo valer su punto de vista, gracias a que poseen la mayor parte del terreno, en contra del parecer de centenares de propietarios de viviendas. Se cruza también en este complicado asunto el interés municipal, puesto que “las parcelas propiedad del Ayuntamiento en Cabrera y en Cortijo Grande tampoco están urbanizadas y podríamos perderlas”. 

Desde la oposición, el portavoz del PP Arturo Grima coincide con los socialistas -coaligados con Morales-: es totalmente contrario a intervenir en la sierra. “No puedo darle la razón. Ahora dice que sus socios están verdes, que no saben, que tienen miedo, pero él pudo elegir con quién gobernar y con nosotros ni siquiera habló. Se olvida que todos hemos nacido por el mismo sitio, aunque de distintas madres. Creo es un resentido y un incapaz”. 

Al igual que los socialistas, Grima sostiene que “el Ayuntamiento no se puede embarcar en este proyecto porque costaría cientos de millones” y razona que “hay que dejar que los promotores vayan urbanizando las parcelas a medida que vayan construyendo y vendiendo las casas”. 

PARA GANAR VOTOS 

El líder popular barrunta que al alcalde le empuja un interés político y la afinidad con algunos promotores: “Esto de la ‘cooperación’ es una promesa que hizo para ganar algunos votos, pero no va a poder cumplirla. El Ayuntamiento ha de ayudar a todos los promotores por igual, sin importar los problemas que pueda haber entre ellos, aunque, por supuesto, exigiendo los mínimos que marca la ley”. 

“Los políticos –concluía- estamos para solucionar problemas a los ciudadanos. Lo de rescatar las competencias de urbanismo genera conflictos y es una desfachatez; una contrariedad respecto a lo que ha venido predicando. Se erige como un defensor de la participación y luego se la quita a sus propios compañeros, tanto de partido como de coalición, porque no le respaldan. Y a los ciudadanos, a la hora de la verdad, les consulta para cambiar una papelera, pero no para lo importante”. 

Pero Martín Morales persiste. “Hay que actuar, me siento obligado porque no haciendo nada, como hasta ahora, seguiríamos sin arriesgar y en la cómoda posición de no asumir responsabilidades, pero sin solucionar un problema que afecta a vecinos del pueblo”. 

En este sentido dejaba en el aire dos preguntas con tintes de reflexión: “¿Debo dejar de hacer las cosas por no contar con el apoyo de la mayoría? ¿Debo dejar de solucionar las cuestiones colectivas de los turreros, aún pudiendo hacerlo?” 

Y una tercera que suena casi como respuesta: “Dentro de cuatro años igual no existe esa oportunidad”.