“La responsabilidad de que el Ayuntamiento tenga que pagar dos millones tiene nombre y apellidos”

El TSJA ha condenado al Consistorio huercalense a indemnizar a Diego Ortega con 2,1 millones de euros por la paralización de las obras de un edificio por el gobierno del socialista Luis García Collado justificada por un exceso en altura de 12 cms en una de las tres calles a que daba

Diego Ortega

Javier Irigaray / 25·04·2016

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha refrendado el dictamen del Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Almería de 8 de septiembre de 2011, que daba la razón a una empresa dirigida por el exalcalde de Huércal Overa Diego Ortega en el litigio que mantenía con el Consistorio por la paralización de las obras del Edificio de las Monjas. El resultado es que el expolítico deberá ser indemnizado con 2,1 millones de euros. 

Relata Ortega que la causa de este “estropicio” para las arcas municipales es la “persecución política que sufrí de manos de los gobiernos que dirigió Luis García Collado” (PSOE). 

El Alto Tribunal relata que en sucesivas sentencias y autos dictadas desde 2008 se instó al Ayuntamiento a levantar la orden de paralización decretada en 2005, pero el entonces gobierno de Huércal Overa la sostuvo abriendo nuevos expedientes disciplinarios urbanísticos. Se observa, recoge el fallo, “la inequívoca voluntad del Consistorio de mantener la suspensión de las obras […] en una “actuación improcedente”. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está fechada el pasado 11 de abril. Cuando RADIO ACTUALIDAD la dio a conocer el 13 de abril era tan reciente que ni siquiera Diego Ortega la tenía en su poder, aunque sí sabía que dictaba su derecho a una indemnización de 1.636.805,07 euros, que junto a los intereses contados desde la paralización de las obras en 2005, ascendía a 2,1 millones. 

El que fuera alcalde de Huércal Overa la asume como “una victoria agridulce”, pues a pesar de que le da la razón, el camino hasta llegar a este punto supuso primero “soportar una persecución política” por parte del Partido Socialista que lideraba Luis García Collado; y una enorme decepción después, cuando el que considera su heredero político, el actual alcalde Domingo Fernández, optó en 2011 por recurrir el fallo en primera instancia que obligaba al Ayuntamiento a indemnizarle con 2,3 millones de euros más intereses. 

“Lo fácil fue apelar al Tribunal Superior de Justicia –lamentaba Ortega- y así fue. Yo confié en Domingo y le propuse un acuerdo por el que me conformaba con recibir 1,2 millones a cobrar en cuatro plazos durante un periodo de otros tantos años, más otros 400.000 que debían entregar a cuatro asociaciones como Cáritas y las Hermanitas de la Caridad, entre otras; todas ellas castigadas largos años por los socialistas sin ayudas públicas”. 

“Domingo aceptó el acuerdo con un apretón de manos, pero a las 24 horas se vino abajo. Recibí la llamada del alcalde y me dijo que Maribel Sánchez, que era concejal de Hacienda, y Manolo Buitrago, el de Urbanismo, no estaban dispuestos a cumplirlo”. 

Diego Ortega, también arquitecto técnico y promotor, argumentó que había ofrecido esa quita “para no condicionar en exceso el equilibrio presupuestario de Huércal Overa, pues yo sabía la situación en la que se había encontrado las arcas municipales el Partido Popular, pero después de lo visto haré mía la frase que se atribuye a Pío Cabanillas: ‘cuerpo a tierra que vienen los nuestros’”. 

Ortega se muestra dolido con la actitud de Domingo Fernández, de quien dijo que “recibió de mí la herencia que acumulé durante 24 años y me echó fuera asesorado por algunos palmeros y aduladores”. 

“Para hacer política –añadió- hay que tener agallas y, en septiembre de 2011, cuando se dictó la sentencia que en primera instancia obligaba al Ayuntamiento a indemnizarme, lo más fácil fue darle una patada a Diego Ortega, porque así se lo aconsejaban al alcalde muchas voces. A Domingo le faltó valentía para actuar de acuerdo a la sentencia y a exigir responsabilidades a los causantes de todo esto, que tienen nombre y apellidos”. 

TIEMPO DE PERSECUCION 

Pero volvamos al principio de todo, al tiempo de la “persecución”. El propio Diego Ortega relacionaba el tortuoso camino que ahora está finalizando con su paso por la política. 

“Tengo que recordar –explicaba- que tuve que abandonar la Alcaldía en 1997 por una moción de censura tras haber ganado las elecciones en 1995. Y tengo que recordar que logré algo insólito, como fue que en Huércal Overa hubiera dos mandatos consecutivos con un extravagante gobierno de coalición entre el PP y el PSOE; cualquier cosa para que yo no gobernara. El Partido Andalucista que dirigía fue el gran perjudicado, porque no pudimos gobernar a pesar de haber ganado las elecciones en dos ocasiones”. 

“Mi forma de hacer oposición incomodaba. Puse en conocimiento público todo lo que sucedía en la vida política de Huércal Overa y llevé en 2007 una denuncia a la fiscalía anticorrupción que acabó con todo el gobierno socialista imputado, y junto a ellos otros tantos funcionarios y empresarios; en total más de 20 personas. Estos son los antecedentes que dieron lugar a que se afanaran en buscar la aguja en el pajar de Diego Ortega”. 

“En política he hecho amigos y enemigos tremendos -admitía consciente de que jugó fuerte-. Querían doblegarme para evitar una oposición incómoda y yo opté por no dejarme humillar. Precisamente por eso, no podía salir de la política”. 

A pesar de que ahora el TSJA ha fijado una indemnización en su favor de 1.632.000 euros, “mucho dinero” en palabras del promotor, resulta “insuficiente para paliar el daño económico infligido a mi empresa y a mi familia. Lo justo hubiera sido, en función de la tasación pericial de daños objetivos, 2.325.000 euros más intereses, que fue lo que estimó el juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo de Almería el 8 de septiembre de 2011”. La cifra resultante, computando los intereses, alcanzaba los 2,7 millones. “Tenían que compensarme por los daños profesionales que me ocasionaron por mi vinculación pública; los daños que hicieron a mis socios y a las personas más próximas a mí”. 

Para Ortega, lo que sí hace esta última sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que rebaja la indemnización casi un 30% respecto a la concretada en 2011, “es cerrar el debate sobre si llevaba o no razón, pero el daño moral y profesional que he sufrido es irreparable e insufrible, y lo verdaderamente justo sería que pagaran el perjuicio quienes lo han causado”. 

Recordaba el exalcalde que la obra que promovía en el antiguo edificio de Las Monjas se paralizó “porque en una de sus tres fachadas se detectó un exceso en altura de 12 cms, aunque se haya llegado a decir que eran hasta 1,20 metros”. 

En todo el proceso, diferenciaba dos etapas. Una primera, hasta 2008, en la que los tribunales valoraban “si la obra era legal o debía derribarse, y concluyó con una sentencia judicial que dictaminó que el edificio era legal y el Ayuntamiento no acató”. Después empezó la segunda parte: la batalla por la reparación del daño causado. 

“Algunos –explica Ortega- me perjudicaron gratuitamente jugando con el dinero de los vecinos. Decían que actuaban por el interés público, cuando lo único que han conseguido es lesionar gravemente ese interés por el que decían velar. Después hemos visto otras batallas en las que han seguido haciendo más daño y otra vez usando el dinero y los medios de todos los huercalenses”. 

“Hasta 2011, el juez Rivera sentenció en Almería varias veces a mi favor, y decía literalmente que yo estaba siendo objeto de ‘una persecución política por parte de un equipo de gobierno, aunque ellos, los del gobierno municipal, sostenían y repetían como un mantra que la culpa era mía por no solicitar la legalización de la obra”. 

Pese a todo, el expolítico niega albergar resentimiento contra nadie: “Yo no guardo rencor. Mantengo con esas personas una posición cercana y, si tengo que tomarme una cerveza con alguno de ellos, me la tomo”. 

“Alimentar 10 años de rencor –afirmaba- te lleva necesariamente a morir o a matar, pero el paso del tiempo hace que todo se diluya. Nunca he practicado la venganza, aunque alguien pueda tener esa impresión, pero buscar la justicia conlleva ser duro en tus planteamientos. Y yo lo he sido”. 

QUE PAGUEN LOS CULPABLES 

Y ahora, prosigue a modo de conclusión el que fue una vez alcalde y mil veces opositor entre 1991 y 2007, ha llegado el momento de que “cada actor, tras hacer su papel, se someta al juicio del público”, por eso insiste en que el actual gobierno de Huércal Overa, “en representación de los ciudadanos”, exija responsabilidades “a los causantes de este estropicio a las arcas huercalenses por su injustificable ‘empestillamiento. Es la única manera de exonerar a los ciudadanos de esta millonaria y merecida indemnización a mi empresa”. 

Pero Ortega no se refiere únicamente a los políticos que dieron las órdenes de paralizarle la obra en 2005 generándole graves daños económicos y personales que le acompañan desde hace 11 años. Apunta también a los técnicos que con sus informes “respaldaron la injusticia”. “Plantearon tirar una planta entera, algo del todo inaceptable porque, como dictaminan las sentencias, los apartamentos que salían con esos 12 cms de altura de más en una de las tres fachadas eran exactamente los mismos. No salía ni uno más. No había más lucro. En todo caso, reconozco que podría ser merecedor de una sanción menor, sin más consecuencias, porque no existía aprovechamiento, pero el objetivo de todos los que participaron era el mismo, dañar a Diego Ortega. Y lo consiguieron, porque nadie se acercaba por mi estudio, dejé de recibir encargos profesionales, y cuando lograba hacer algún proyecto, los tiempos de tramitación de los que yo hacía y firmaba se eternizaban en los despachos municipales”. 

La “agresión” fue “permanente” y se extendía a otros escenarios. Así, el edificio Residencial las 4 Torres sufrió tres expedientes de expropiación urgentes que concluyeron con sentencias judiciales que los declararon nulos en última instancia y condenaron al Ayuntamiento a pagar los daños. “Pero a ellos no les importaba, sólo buscaban la foto cortando cadenas para ocupar el edificio, un símbolo, como si fuera la toma de Galerías Preciados”. 

De igual manera, “los 5.000 m2 de los terrenos donde se ubica la piscina climatizada fueron ocupados indebidamente para construirla. El caso llegó a los tribunales porque no sólo ocuparon mi propiedad, sino que me reclamaron 492.000 euros aduciendo que yo no había cumplido un convenio. La justicia falló a mi favor pero, mientras tanto, el Ayuntamiento había embargado propiedades mías para garantizarse el cobro de esa cantidad”. 

“En otro edificio donde tengo mis oficinas –añadía- me encontré una mañana con la Policía Judicial, la Policía Local y dos técnicos provinciales de urbanismo para comprobar que dos buhardillas eran conformes a la legalidad ¡y eso dos años después de tener la licencia de primera ocupación! La discusión era si las normas admitían ese altillo, y finalizó con el informe de los técnicos que aseguraban que sí, que era legal. Pero el revuelo que se armó en el pueblo fue de escándalo. Y no sigo…”. 

HORA DE COBRAR 

Después del precedente de un acuerdo frustrado en 2011 con sus compañeros de partido en el gobierno de Huércal Overa, en virtud del cual Ortega aceptaba rebajar la indemnización de 2,3 millones a tan sólo 1,2, así como el cobro de los mismos durante un periodo de cuatro años, el empresario cree que “ahora no es tiempo para rebajas. Tengo la obligación de cobrar lo dictaminado por el TSJA íntegramente pues, de no hacerlo, el propio tribunal me correría a gorrazos, no entendería que perdonara un céntimo después de 10 años de lucha”. 

En cualquier caso dejó caer que no se cierra a un segundo ‘ajuste’ de las cuentas: “Siempre he sido generoso. Sólo hay que saber encontrarme, y después de tantas sentencias a mi favor, habrán de reconocer que algo de razón tendré”.