“Cuando en representación del pueblo pagas dos millones por los disparates de otros se te queda cara de tonto”

El alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández, ya no es un recién llegado a la política asino uno de los personajes más influyentes en el PP provincial, y eso a pesar de las dificultades que supusieron una escisión en los suyos y el estado de cuentas que encontró en el Ayuntamiento

Domingo Fernández

Miguel Ángel Sánchez / 27·09·2016

Dijo y sostuvo que ocho años y fuera. Hoy ya no responde con esa contundencia. Se limita a decir “cuando lleguemos al río cruzaremos el puente”. Hace tiempo que Domingo Fernández –alcalde desde 2011- dejó de ser un político imberbe para convertirse en uno de los valores más sólidos e influyentes en el PP de Almería. El también Presidente de la Mancomunidad le ha cogido el gusto a la política, algunos dirían que al sillón. No en vano, en su corta carrera cuenta sus batallas por triunfos; algunos realmente sonados, como el conseguido tras el cisma que vivió en 2015 su agrupación y acabó con dos concejales de Ciudadanos en el Consistorio que no consiguieron arrebatarle la mayoría absoluta.

Sabe que es prioritario conseguir liquidez y pagar a los proveedores, un empeño complicado teniendo en cuenta la cascada de sentencias que “por los disparates de otros” están llegando al Ayuntamiento y que, de momento, le han obligado a “soltar” casi tres millones de euros en indemnizaciones.

- A la vista de los retrasos que acumulan ustedes en el pago de facturas no parece que el Ayuntamiento de Huércal Overa cuente con mucha liquidez

- No haré un retrato de la situación económica que nos dejaron los socialistas en 2011 porque sería larga y tediosa. Pero de aquellos lodos… Más recientemente, en 2015, se nos originó un problema porque ingresamos 400.000 euros menos de IBI de lo previsto. El motivo tiene su origen en que cuando llegamos al gobierno municipal quisimos ayudar a nuestros vecinos que estaban sufriendo todo el peso de la crisis, y decidimos rebajar el tipo impositivo de este impuesto. Lo hicimos porque el valor catastral que se había fijado en plena expansión de la burbuja inmobiliaria estaba muy por encima del real. Bueno, esto supuso una merma en los ingresos. Y para complicar más las cosas la última revisión del catastro ha bajado el valor de tierras e inmuebles, lo que ha disminuido aún más lo que recibe el Ayuntamiento por el IBI. Ya ve.

- Debe ser que la ley de Murphy se ha cebado con ustedes: si algo puede salir mal, lo más seguro es que salga mal.

- Si hablamos de males le contaré, al hilo de lo anterior, que una sentencia ha dictaminado que el valor del suelo no urbanizable debe ser igual al del rústico, es decir, que los ingresos por el IBI se vuelven a ver afectados.

En definitiva, este conjunto de situaciones nos han traído problemas de tesorería que estamos solventando. Desde 2011, es decir, desde que gobernamos, pagamos religiosamente nóminas y gasto corriente, incluyendo deudas que se debían de la época socialista y que nos obliga, por ejemplo, a que en el caso del agua, cada bimestre tengamos que amortizar el recibo en curso más otro atrasado.

- Hasta los propios grupos de la oposición le reclaman las asignaciones por asistencia a plenos, etc.

- Tiene razón la oposición cuando critica que no estamos cumpliendo con el abono de la asignación a los grupos políticos, pero es una cuestión de prioridades y nosotros hemos preferido pagar antes a los trabajadores y a los proveedores. De todos modos, Huércal Overa ha podido mejorar sus pagos porque han aflorado construcciones. Muchos cortijos que se dividieron en su día y generaban sólo un recibo están actualizando su situación y cada propietario paga lo que le corresponde. Es un procedimiento complejo, porque en muchos casos ni siquiera existen escrituras, que hay que hacer y registrar. Son situaciones heredadas en su mayor parte, pero también las hay que se han generado durante nuestra gestión. Otra cuestión que dificulta nuestra gestión es la de las sentencias firmes que nos obligan a indemnizar a empresas y particulares que fueron perjudicados durante los mandatos socialistas. Sentencias que están llegando inexorablemente y a las que hay que sumar el problema de la piscina cubierta y su área deportiva, de la que tuvimos que hacernos cargo por una falta de acuerdo con la concesionaria. Ordenar este servicio ha sido complicado y costoso. Aún no se ha llegado al equilibrio entre los gastos y los ingresos, pero creo que lo conseguiremos. Estamos cerca. Dicho todo esto y sin detenerme en las dificultades que nos ha ocasionado la empresa que llevaba la residencia ancianos, que nos obligó a adelantar varios cientos de miles de euros para que los trabajadores pudieran cobrar, estoy convencido de que cuando pase este año volveremos a la normalidad económica.

- Indemnizaciones a “empresas y particulares que fueron perjudicados durante los mandatos socialistas”. Detengámonos en este asunto. ¿Cuánto han pagado y de dónde ha salido el dinero?

- Hemos soltado más de 2,8 millones por esos conceptos, pero no nos engañemos. Ese dinero se ha podido pagar porque el gobierno tiene habilitados unos fondos para emergencias denominados ‘Impulso’. Los Fondos Impulso son una alternativa válida cuando los tribunales nos obligan a pagar lo que otros hicieron mal, pero son un préstamo que hay que devolver.

Llevamos cuatro años soportando sentencias. La primera fue en julio de 2011, nada más empezar a gobernar. Fue una reclamación de Jarquil por el sobrecoste en las obras de la Oficina Comarcal Agraria. Entonces gobernaba el PSOE pero la sentencia llegó cuando el Ayuntamiento lo dirigíamos nosotros.

- Usted ha dicho que llevan pagados más de 2,8 millones de euros en indemnizaciones, sin embargo tienen reservados en los Fondos Impulso cinco millones.

- Así es. Están ahí por lo que pueda venir. Varios procedimientos siguen su curso y las sentencias pueden ser tremendas para las arcas municipales.

- Llegar a tener cargas económicas extraordinarias por valor de 5 millones de euros con un presupuesto de 14 tiene que generar fuertes tensiones de todo tipo.

- Son los vecinos quienes han de estar cabreados con el exalcalde Luis García Collado y su compañero Antonio López Olmo, al que, por cierto, no acabo de entender cómo pide ahora explicaciones sobre las sentencias que nos están lloviendo cuando ha estado siempre a la derecha del responsable de todos esos estropicios. Ahora trata de echar balones fuera, como si nada de esto tuviera que ver con él.

- ¿Por qué cree usted que se desentiende López Olmo?

- No lo sé. Tal vez haya problemas entre ellos, pero eso es cosa del PSOE. Nosotros tenemos que dedicarnos a resolver los problemas de los huercalenses, muchos de los cuales han sido generados por ellos dos y, sí, nosotros estamos tan cabreados como muchos de los vecinos, pero eso no nos impide buscar soluciones.

- ¿Le han pagado ya a Diego Ortega los dos millones de euros de indemnización a que ha sido condenado el Ayuntamiento por el contencioso del Edificio de las Monjas?

- Sí, 1.969.123,44 euros para ser exactos. Cuando en representación del pueblo pagas dos millones por los disparates de otros se te queda cara de tonto. Los vecinos saben que detrás de la disputa judicial por el Edificio de las Monjas hubo una mezcla de rencillas políticas y personales contra el exalcalde Ortega. Hasta la sentencia lo dice.

- ¿Y todo este batiburrillo de sentencias y pagos a dónde les conduce?

- Lo primero a pagar y lo segundo a escuchar lo que no están pidiendo los huercalenses.

- ¿Y eso qué es?

- Que paguen la indemnización quienes la han provocado con sus decisiones. Porque no se trata de errores. Los propios jueces hablan literalmente de “persecución” al empresario y exalcalde Diego Ortega. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos han recomendado poner en marcha, en primer lugar, una investigación interna para determinar cómo y por qué se paralizó varias veces la obra que construía Diego Ortega, el popularmente conocido como Edificio de las Monjas. Qué informes la amparaban, y en función de los resultados que obtengamos, si existe posibilidad de ganar en los juzgados, pondremos una demanda contra quienes sea preciso. Todos los grupos municipales tendrán puntual información sobre la investigación y participarán, si así lo desean, en la comisión que se creará para tal efecto. Repito que es lo que piden los huercalenses que ahora son los que tienen que pagar un despropósito que no han cometido.

- ¿También exigirán esa misma responsabilidad a los funcionarios que emitieron informes favorables a la paralización?

- Yo he hablado con ellos y los veo tranquilos. No creo que ningún trabajador del Ayuntamiento tenga que estar preocupado, aunque eso no depende de mí, serán los jueces quienes tendrán que decidir acerca de las posibles responsabilidades. También había informes jurídicos externos. Habrá que discernir en cuáles se basó el anterior equipo de gobierno para adoptar las medidas que emprendieron y que han acabado en este agujero descomunal para las arcas del municipio.

- Usted acaba de anunciar la creación de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas y particulares de quienes han generado el gordo problema de las indemnizaciones, e invita a la oposición a participar en ella, sin embargo los socialistas se quejan de un gobierno opaco que les priva de información.

- Alguna resolución emitida por los jueces a partir de denuncias del PSOE ya ha reconocido que no hemos ocultado ninguna información. Incluso niegan que haya existido dilación a la hora de entregar documentos y expedientes. Es más, señala casos en que los socialistas fueron citados para recoger aquello que solicitaban y nunca se presentaron.

- Tras muchos años de denuncias en los tribunales, la actividad pública de Huércal Overa había entrado en un periodo de calma. ¿Cree que se está volviendo a judicializar?

- Nosotros nunca habíamos pensado en ir a los juzgados. Hicimos una auditoría y sabíamos la vida que se pegaban los miembros del equipo de gobierno socialista, dónde comían y qué bebían. La auditoría puso de manifiesto algunas irregularidades, como contratos firmados en contra de lo acordado por la mesa de contratación. Eso ocurrió en el colegio de Santa María de Nieva, que felizmente no ha tenido ninguna repercusión porque la otra empresa concursante no llegó a reclamar. Podíamos haber llevado al juzgado a Luis García Collado y otros ediles del PSOE por muchas razones. Y mire lo que le digo, aún hay tiempo. Pero hasta hoy no lo hemos hecho porque no nos gusta enzarzarnos en ese tipo de guerras. Sin embargo, el caso de Diego Ortega y el Edificio de las Monjas es diferente y exigiremos una reclamación patrimonial por pura responsabilidad moral con nuestros vecinos.

- Volvamos al tema con el que iniciamos la entrevista. Dada la falta de liquidez y la necesidad de mejorar la recaudación, ¿se han planteado ustedes, como otros municipios de la comarca, rescatar la gestión de los tributos municipales?

- El nivel de recaudación en Huércal Overa es del 80%. Es bueno. No nos hemos planteado cambiar la gestión de algo que está funcionando bien. Eso no significa que, cuando creamos estar preparados, asumamos el cobro de los impuestos locales, pero de momento no nos lo hemos propuesto. Sí vimos necesario y hemos firmado un convenio con la oficina del catastro para agilizar la solución de todos los expedientes sobre propiedades e inmuebles que no están tributando.

- A Vera le va muy bien con su oficina de recaudación y Carboneras no cabe en su gozo.   

- Conozco el caso de Vera y me parece interesante, pero la situación de Huércal Overa no es la misma. Los informes del interventor nos dicen que la recaudación es alta, que la gente paga y no sé si el gasto que comportaría asumir ese servicio se compensaría con el posible aumento de la recaudación.

- Vera roza los 18.000 vecinos censados ¿Ve peligrar la ‘capitalidad’ comarcal de Huércal Overa?

- Me alegra que Vera esté creciendo. Es bueno para la comarca. El desarrollo de la costa le permite vivir un buen momento que está sabiendo aprovechar, pero eso no resta a Huércal Overa el protagonismo que tiene y merece. Que la comarca sea más grande es bueno para todos, así somos más fuertes y llegaremos más lejos, no obstante eso no significa que como alcalde me limite a mirarme el ombligo, no permitiré que nos quiten la sede de los servicios generales que damos a toda la zona.

- Supongo que a lo largo de los más de cinco años que lleva de alcalde y líder del Partido Popular ha recibido infinidad de visitas pidiendo o exigiendo que ejerza el favoritismo, ¿es difícil sustraerse al nepotismo, a ayudar a los allegados?

- Es complicado sustraerse a los favores pero yo no he caído en la tentación. Ahora salen muchos amigos. He puesto en cada área a las personas de confianza que he creído más convenientes que, además, son amigos y compañeros. Es una cuestión de confianza.

- ¿Sigue pensando en retirarse cuando cumpla los ocho años de mandato?

- Hay una frase que usa mucho el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, cuando no está en disposición de responder: “cuando lleguemos al río cruzaremos el puente”. Procuro aprender de la experiencia y, como él, no voy a poner fecha ahora a mi retirada.

  

Camino de los tres millones

De momento, según el alcalde Domingo Fernández, el Ayuntamiento de Huércal Overa ha tenido que liquidar 2.857.000 euros como consecuencia de sentencias firmes “heredadas de la gestión socialista”. A esa cantidad habría que añadir, llegado el caso, las que resulten de los procedimientos que aún pululan por diferentes juzgados. El regidor detalló a ACTUALIDAD ALMANZORA aquéllas que ya han sido abonadas por el Ayuntamiento que dirige.

Indemnización por paralización de la licencia de primera ocupación del Edificio de las Monjas: 1.969.123,44 euros.

JARQUIL (sobrecostes más intereses por las obras de la Oficina Comarcal Agraria): 173.000 euros.

FERROVIAL (sobrecostes más intereses por las obras del Centro de Servicios Sociales): 48.000 euros.

Indemnización a un particular por la deficiente calidad de una nave construida por el Ayuntamiento: 50.000 euros.

Rafael Salinas (honorarios más intereses por defender como abogado al Ayuntamiento): 44.000 euros.

Expropiación fallida del solar y el edificio de Las Cuatro Torres: 260.100 euros.

Empresa redactora del PGOU: 5.000 euros.

Sentencias favorables a Galasa: 8.718 euros.

Expropiación forzosa en El Saltador por calificación de terrenos como equipamiento público: 287.102 euros.

Pendiente de resolución judicial firme. Tisán Sureste reclama 250.000 euros que entregó a la firma de un convenio urbanístico cuyos terrenos han quedado fuera del Plan General. 500.000 euros exige Ballabona Golf con sentencia favorable en primera instancia y recurrida por el Consistorio. Y millón y medio pide Técnica Reunidas por incumplimiento de convenio en la gestión del área deportiva de la piscina municipal

  

“Si yo viviera en La Morena estaría compartiendo pancarta”

  

- ¿Tiene algo que decirles a los más de 600 vecinos que se han pronunciado contra la ampliación de un cebadero de cerdos en el paraje La Morena?

- El proyecto de granja en La Morena tiene un expediente administrativo que concluye en que no hay impedimentos para llevarlo a cabo. No ha prosperado ninguna de las alegaciones presentadas por los vecinos, que han de saber que, en materia de ganadería, las competencias las tiene la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento de Huércal Overa, que únicamente se limita a tramitar las licencias de obras y de primera ocupación en función de los requisitos que exige la administración autonómica. Los trámites, de hecho, se realizan en la Oficina Comarcal Agraria, que es el órgano encargado de realizar las inspecciones periódicas. Quiero que los vecinos entiendan que quien cumple con las leyes vigentes tiene unos derechos que ni yo ni nadie podemos negar, porque si se hiciera se cometería un delito que se llama prevaricación y, al final, por mucho que no nos gustara, tendríamos que permitir la ampliación de la granja y, además, indemnizar a sus propietarios. Dicho esto, afirmo que si yo viviera ahí estaría compartiendo pancarta y luchando con ellos hasta agotar el último cartucho.

“Algunos no saben qué hacen en la Mancomunidad y la mitad no paga su cuota”

  

- ¿Afirmaría usted que la Mancomunidad está viva o, por el contrario, es una institución de muertos vivientes?

- La Mancomunidad tiene mucha vida. En ella no hay zombies. Se alimentó de subvenciones en el periodo de vacas gordas, pero estos últimos años las administraciones carecen de recursos y resulta extremadamente difícil conseguir fondos. Hasta hoy, la Mancomunidad no ha podido generar recursos propios, lo que le hace depender de otras administraciones. En este sentido, tengo que felicitar al delegado de Fomento de la Junta, Joaquín Jiménez, que ha creído en la necesidad de conectar a los pueblos de la comarca y ha puesto en marcha una red de transporte interurbano, una vieja aspiración que ha empezado a moverse.

He de reconocer, sin embargo, que la Mancomunidad no es todo lo que tiene que ser. De los 14 municipios que la forman hay unos que creen más en ella y otros que creen menos. Algunos no saben qué hacen aquí y la mitad no paga su cuota, pero no por eso estamos parados. Trabajamos en varios proyectos y esperamos respuesta a otros.