Máxima tensión en el gobierno de Turre

El alcalde, insultado por sus propios concejales, no tiene ni un solo apoyo para forzar que Cabrera sea ordenada urbanísticamente 

El alcalde Martín Morales durante un acto público

Miguel Ángel Sánchez / 24·10·2016

La fórmula a emplear para obligar a los propietarios de grandes extensiones de terreno urbanizable en la sierra de Turre a que los desarrollen y abran una vía económica al municipio, divide profundamente al equipo de gobierno, formado por los dos concejales de Somos Turre y los cuatro componentes del grupo socialista. 

El pleno previsto para la tarde del día 18 a las 21,15 horas, fue desconvocado por la mañana, a la vista de la fuerte tensión que coloca, de una parte, al alcalde, y a la otra al resto de la Corporación. Es decir, 1 contra 10. Morales ni siquiera cuenta con el apoyo de su compañera de formación. 

Toma ilegal de corriente en Cabrera

El regidor está decidido a que el Ayuntamiento intervenga directamente en Cabrera para que los terratenientes no impongan su ley. “Llevan desde 2007 sin urbanizar nuevo suelo, sin construir nada y obligando a que el mantenimiento de la urbanización Cabrera, unos 200.000 euros de coste, sea pagada desproporcionadamente por los pequeños propietarios de viviendas. Es lo que tiene ostentar la mayoría en la Junta de Compensación”, explica Morales. 

El problema se intensifica cuando ni siquiera los residentes están de acuerdo sobre la manera de hacer las cosas, extremo que favorece a los terratenientes. 

Para salvar la situación, el primer edil pretende dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Compensación adoptado en el año 1993, que obligaba a los residentes a cubrir los gastos de mantenimiento de Cabrera, mientras que los grandes propietarios de terrenos se ocuparían de los costes de urbanización en el resto del ámbito del plan parcial. 

“Ese acuerdo es nulo de pleno derecho, va contra la ley y contra los intereses de Turre. También contra los pequeños propietarios, y eso no debemos de consentirlo”, explica el presidente de la Corporación, que cuenta en su haber con un informe de los servicios jurídicos de la Diputación que le respaldan. No obstante, el trámite para despejar el terreno al Ayuntamiento de cara a su hipotética intervención, pasa irremediablemente por el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía. Y para que esto ocurra debe solicitarlo el pleno. Ahí está el problema para Martín Morales. 

El alcalde pretendía el refrendo de los concejales, pero no ha conseguido ni un apoyo en su propio equipo de gobierno, de ahí que suspendiera la sesión prevista para la tarde noche del día 18 en la que no se descartaba la presencia de gran número de afectados, algunos en estado agitado debido a los nervios que provoca la situación. 

Otra conexión fraudulenta

A primera hora de esa jornada se reunía el equipo de gobierno para tratar de acercar posturas, pero fue imposible. Nunca hasta ese momento los concejales se habían citado en el Ayuntamiento a las 7,30 de la mañana. “Aquello fue tenso”, describe un trabajador. “Se oían voces seguidas de silencios y conversaciones ininteligibles”. No en vano al alcalde, asegura esta fuente, “algunos le llegaron a llamar sinvergüenza y dictador”. Dentro de la sala, Martín Morales defendía ante sus compañeros de gobierno el decreto que acababa de firmar, que llegaba acompañado de la opinión de la secretaria. 

El documento, de facto, arrebata el poder a los terratenientes en la Junta de Compensación y facilitaba la aplicación de un Sistema de Cooperación, o lo que es lo mismo, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, el Ayuntamiento marcaría los plazos y las inversiones en los terrenos urbanizables. 

Pero a pesar de tener el respaldo de los servicios jurídicos de la Diputación y del técnico municipal, Martín Morales precisa el apoyo de la mayoría del pleno para poder solicitar dictamen al Consejo Consultivo. Y no lo tiene. 

“Sabía que esto sería muy difícil, pero tengo un compromiso con los vecinos de Cabrera, con los turreros y sobretodo con la legalidad”, subraya el regidor, consciente de que su tiempo de agota puesto que en febrero tendrá que ceder la Alcaldía a los socialistas y él pasar a ser primer teniente y concejal de Urbanismo. 

No será el único obstáculo. A resultas de la oposición dentro de su gobierno, Morales decidió hace unos meses, no sin gran revuelo y tensar la cuerda con sus socios, retirar las competencias urbanísticas en el ámbito de Cabrera a su número dos, la socialista y futura alcaldesa, María Isabel López, que dentro de unos meses asumirá el cargo con esas mismas competencias dejando a Morales en el área de Urbanismo sin demasiadas opciones para proseguir con su proyecto en solitario. 

“ACUDIRÉ AL FISCAL” 

Demasiado habituales estas tomas ilegales en Cabrera

“No importa -replica el primer edil-, si es necesario acudiré al fiscal y la justicia tendrá que pronunciarse. Se refiere a una serie de “irregularidades importantes” detectadas en Cabrera. “Hay, al menos, 35 viviendas conectadas a luz de obra, también está conectado el alumbrado público y existen un buen número de hogares a los que jamás se les dio la licencia de primera ocupación. Todo esto y algunas cosas más a mí me parecen muy graves y tenemos que actuar. Nos obliga la Ley y el interés general, le guste o no al resto de concejales”. 

La palabra moción de censura ni siquiera se nombra en este conflicto. Al otro lado del gobierno está el PP, que tiene poco que hablar con el PSOE. Lo mismo piensan los socialistas. Se impone, por tanto, una difícil cohabitación. La soledad del alcalde se ve en parte compensada por el apoyo de la asamblea de izquierdas Somos Turre, que, a diferencia de la otra edil del grupo, no sólo cierra fila con su líder, sino que le anima a seguir adelante hasta las últimas consecuencias.