Concejales de la oposición consiguen pruebas de que el alcalde de Carboneras cumple la ley

Dos ediles socialistas llevaron a una notaria para que verificara sus quejas y acabaron con un acta en sus manos que daba fe de todo lo contrario

Ramón Soto, uno de los concejales del PSOE de Carboneras que acudieron al Ayuntamiento con la notaria que dio fe de lo contrario que pretendían. Trabaja como coordinador en Almería del Instituto Andaluz de la Juventud, un cargo de confianza de designación directa

Miguel Ángel Sánchez / 24·02·16 

Los intentos del PSOE para acreditar que el alcalde Salvador Hernández les niega información son continuos. Otra cosa son los resultados. Pese a que el primer edil aparece como imputado en la causa abierta por el juzgado número 2 de Vera, a raíz de que los socialistas denunciaran ante la Fiscalía que se conculcaban sus derechos cívicos, lo cierto que es que los informes al respecto del secretario municipal y el coordinador del Ayuntamiento lo desmienten. También discrepa del PSOE el sindicato CSIF, que advierte de maniobras de acoso por parte de la oposición a los funcionarios responsables de custodiar el archivo público.

La última nota de esta sinfonía tampoco favorece a los socialistas, que decidieron llevar a la notaria de Carboneras para que verificara sus quejas y acabaron con un acta en sus manos que daba fe de todo lo contrario.

La oposición de Carboneras, el PSOE, busca pruebas que apuntalen la acusación que sostiene el fiscal contra el alcalde Salvador Hernández. Atendiendo a la petición del fiscal de Huércal Overa, el regidor está imputado por la titular del juzgado número dos de Vera por un presunto delito contra los derechos cívicos. Se pide para él 3 años de inhabilitación por supuesta ocultación de información. Casi resulta innecesario reflejar que la actuación del Ministerio Público llega tras recibir una denuncia de manos de la oposición a principios del pasado 2015. No lo es tanto recordar que a Salvador Hernández se le ha querido juzgar sin la previa escucha de la versión de testigos necesarios para esclarecer la verdad, como sería la del secretario del Ayuntamiento o la del coordinador general del Consistorio, los cuales desmienten “rotundamente” que a los socialistas se les esté impidiendo el acceso a los documentos municipales. Y es en este contexto en el que se desarrollan los hechos que dan pie a la noticia.

Acta notarial

En una extraña maniobra que el sindicato CSIF califica como “soez”, dos ediles del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, Ramón Soto Carrillo y Mateo Javier Hernández Tristán, se personaron en el Consistorio el pasado martes, 2 de febrero, a las 12:50h, acompañados por la notario Patricia María Valverde Muñoz.

Con anterioridad, y según certifica la fedataria en su acta, ambos concejales se personaron en la notaría y le expresaron “que desde la toma de posesión de don Salvador Hernández Hernández como alcalde de Carboneras se vienen produciendo ilegalidades en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento”.

Las ilegalidades a que aludían los socialistas, siempre según el acta notarial a la que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA, son, por una parte que “cada vez que el Grupo Socialista de Carboneras registra documentos en el Ayuntamiento sólo se pone en la copia la fecha en que se inscribe, obviando el número de orden de registro”.

Ramón Soto y Mateo Hernández explicaron a la notario que habían denunciado esos hechos en varias ocasiones a los funcionarios del Registro Municipal, recibiendo por respuesta que ellos “recibían órdenes de la Alcaldía de no poner el número de registro”.

Afirmaron también haberse dirigido por escrito al alcalde para ponerle al conocimiento de los hechos, a lo que el regidor, según los socialistas, había hecho “caso omiso”.

Por otra parte, los concejales del PSOE de Carboneras afirmaron a la notario que habían solicitado en varias ocasiones tanto al secretario como al coordinador general, acceso a dos resoluciones de alcaldía completas, expedientes que les fueron proporcionados “sin los documentos adjuntos”. Para los dos ediles socialistas faltaban los informes emitidos por la Secretaría y la Intervención.

Tras todo esto, la notario se encaminó junto a los mencionados concejales al Ayuntamiento, aunque no sin antes advertirles de la “trascendencia jurídica de sus manifestaciones y de las responsabilidades” en que podían incurrir de no ser ciertas sus aseveraciones.

Una vez en el edificio, la comitiva se dirigió al Registro General, siendo atendidos por el empleado José Antonio Hidalgo Caparrós, a quienes Mateo Hernández y Ramón Soto entregaron dos documentos solicitando su entrada y número de registro.

La fedataria pública asistió a la escena e hizo constar en su acta que el trabajador municipal “accede reseñando tales documentos con los números 622 y 623”.

A continuación, marcharon hacia el despacho del coordinador general, Joaquín González Belmonte, por ser él en ese momento secretario accidental debido a que el titular estaba de baja “por razones de salud”.

Al secretario accidental se le piden las resoluciones y la señora Valverde Muñoz certifica en su diligencia “que en ningún caso se niega a entregarlos, que dichos informes se encuentran incorporados al expediente y que les serán facilitados al día siguiente por el secretario interventor”.

En resumen, el acta notarial acabó reflejando lo contrario de lo que pretendían los dos representantes de la oposición. No sólo eso, el secretario Francisco Javier Rodríguez y el coordinador general del Ayuntamiento Joaquín González, han expresado su malestar ante el intento de la oposición de hacerles partícipes de una supuesta operación para impedirles acceder a la información: “rechazo rotundamente estas manifestaciones tendenciosas de los Señores Concejales, cuando afirman que les negué el derecho a la consulta o a la obtención de copias de las Resoluciones y que no tuvieran derecho a conocerlas”, señala el coordinador.

El secretario, por su parte, refleja que es “rotundamente falso”, que no se haya “extendido” la documentación “solicitada” por la oposición.

Coincidencias

La realidad es que la política local no anda alejada de los juzgados. La oposición ha conseguido de momento la imputación del primer edil al contar con el apoyo de la Fiscalía del Huércal Overa. La notificación de los cargos –delito contra los derechos cívicos- y la pena pedida por el fiscal, 3 años de inhabilitación para el alcalde, fue conocida durante la última campaña de las elecciones municipales. 

También en esos días se supo de una denuncia anónima a la Fiscalía anticorrupción en la que se dejaban entrever graves sospechas sobre el convenio que el Ayuntamiento firmó con Holcim para permutar unos terrenos públicos. Igualmente en el periodo electoral la Fiscalía de nuevo intervenía, otra vez a instancias del PSOE, por la adjudicación del servicio de alumbrado público. En su denuncia al fiscal se quejaban los socialistas de que no habían tenido opción a conocer ningún detalle sobre la concesión. Hubo de ser el secretario del Consistorio quien por escrito dejó patente que tal desconocimiento sólo era achacable al comportamiento de la parte denunciante, pues siendo el portavoz socialista miembro de la mesa de contratación no asistió más que a la primera de las reuniones rehusando, incluso, recoger la información que sobre el particular se le enviaba desde la Secretaría municipal. Dado que de éste último asunto no han surgido nuevas notificaciones del juzgado, el gobierno local entiende que el fiscal archivó el expediente.

 “Rozan el acoso laboral”

El responsable provincial de Administración Pública del sindicato CSIF, José Gil Cazorla, ha declarado en una entrevista que podrán leer en nuestro próximo número que el “comportamiento de los ediles del PSOE de Carboneras roza el acoso laboral” a los funcionarios.

Gil mantiene un tono realmente crítico en sus declaraciones y reflexiona sobre si la estrategia de los socialistas “consiste en recopilar argumentos con vistas al juicio que instaron contra el actual alcalde”, y pide la mediación del secretario General de Almería, José Luis Sánchez Teruel, “porque lo último que queremos es recurrir a los tribunales”.